Uno de los mayores problemas expresados en el sistema universitario peruano que ha originado el desgobierno en varias universidades de provincias y de la capital (UNA-Puno, UNJBG-Tacna, UNEEGV, UNI, UNMSM y otros) llamada y tipificada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) como un “conflicto de legitimidad” estaba relacionada al acceso democrático del ejercicio del voto universal. Esto, por cuanto el ejercicio democrático del voto representativo para la elección de autoridades para el gobierno universitario ya no constituía un derecho legítimo que reivindique social y democráticamente a los miembros de la comunidad universitaria; así, surge la exigencia y la necesidad de participar en el gobierno universitario mediante el ejercicio pleno, democrático y legítimo del voto universal. Este problema como hecho social expresaba el verdadero rostro de la Universidad peruana como problema estructural y no coyuntural.
Esta severa crisis estructural y de valores ha traído como consecuencia dificultades de gobernabilidad, dado el conjunto de actuados con serios visos de conductas democráticas representativas que han caído en corrupción, ya sea incurriendo las normas sociales, que tienen que ver con la conducta ético y moral, o incurriendo las normas legales, que constituyen delitos punibles, los mismos que no han satisfecho las exigencias de legitimidad en el seno de la Universidad peruana, sobre todo pública.
Así también, por otro lado, la desigualdad y las formas extremas de injusticia social siguen agudizándose. La legitimidad, más que la legalidad y la lucha por una justicia social, más que el orden social como una condición justa e igualitaria, así como por una sociedad con más posibilidades de desarrollo humano, cultural, educativa y del conocimiento, sigue siendo una asignatura pendiente. Por lo tanto, la Universidad pública resulta ser la única garantía social que podría hacer una contribución de primer orden para alcanzar y lograr estas reivindicaciones sociales que largamente se le viene postergando a la humanidad.
Asimismo, en el gobierno universitario otro de los problemas que se arrastra como lastre, y que se refleja también en la sociedad, es el comportamiento apático de la mayoría silenciosa que deja los espacios de representación y gobierno a las minorías organizadas. Así, las minorías radicalizadas copan los espacios de poder entrando luego en contubernio con las autoridades de turno, pervirtiendo el sentido de representación, obtenido en elecciones laxas, con gran nivel de ausentismo y bajísima participación política activa. Así, el voto universal es un buen primer paso para romper el monopolio de la actuación política de estos pequeños grupos. Pero no basta ni es suficiente; por cuanto el cambio de fondo es lograr que el proceso de elección de la autoridad universitaria se transforme en un ejemplo de comportamiento y conducta democráticos, en el que se genere un espacio de participación activa de los mejores docentes, estudiantes y graduados, con presentación de propuestas y debates académicos alturados de las mismas. Algo que podríamos llamar el ejercicio pleno del ‘Homo civitas’. De ahí, la importancia de la meritocracia, con énfasis y en relación a logros como éxitos académicos en la función de la enseñanza, investigación y proyección social.
Por esto, la Universidad no sólo se constituye en una comunidad académica, sino también política; entonces la acción política no tiene por qué estar reñida con el desempeño académico. Por el contrario, los mejores estudiantes y profesores debieran ser los primeros en participar en los órganos de gobierno institucional. No hacerlo es dejar el espacio a la mediocridad, al tinterillaje, y a la componenda; que es lo que ha venido sucediendo. Pero, ojo, cuando nos referimos a la política nos estamos refiriendo a la participación como actores sociales con iniciativas de propuestas, como el bien común; búsqueda y finalidad como principio fundamental en la gobernanza universitaria. Es decir, la politiquería no tendría ninguna excusa de participación para ser considerada en el gobierno universitario.
Fuente: http://www.losandes.com.pe/Politica/20150308/86698.html
