La Junta asumió la gobernanza de la institución en ausencia de un Presidente o Presidenta y de una Junta de Gobierno operante

Los colectivos docentes PROTESTAmos, del Recinto Universitario de Mayagüez, y DeMoS, del Recinto Universitario de Cayey, así como la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), rechazaron hoy las expresiones de la actual portavoz de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Gladys Escalona, quien niega la autoridad de la Junta Universitaria (JU) para asumir la gobernanza de la institución mientras la Presidencia permanezca vacante.

En expresiones vertidas a la prensa la semana pasada, Escalona indicó que la JU no tiene autoridad para presidir reuniones y, por tanto, las decisiones que tome mientras el puesto de presidente o presidenta de la UPR esté desocupado carecen de validez. Según expresó a Diálogo, “no es bueno empezar a inventar”, por lo cual instó a la JU a atenerse al reglamento.

Al amparo de una opinión legal, que no ha sido divulgada públicamente, Escalona arremetió contra la decisión tomada por los rectores de la UPR el pasado 31 de mayo a fin de proteger la gobernanza de la institución (un requisito para la acreditación de los recintos) y conducir los asuntos urgentes de la misma mientras se constituye una Junta de Gobierno (JG), que quedó sin quórum el 23 de mayo, tras la renuncia de tres de sus miembros.

En su misiva, los rectores endosaron la continuidad de labores de la JU como el cuerpo representativo para la toma de decisiones, pues está constituido por los rectores de los 11 recintos de la UPR y por representantes claustrales y estudiantiles electos por cada recinto, expresaron los colectivos docentes.

“En estos momentos cruciales para la institución y el país que tanto la necesita” PROTESTAmos, DeMoS y APRUM apoyaron la autoconvocatoria de la JU, que describieron como un gesto inédito para la transformación de “la gobernanza universitaria que urge encaminar”.Los docentes, quienes se autoconvocaron para defender la UPR como servicio esencial al país, afirman que es el momento para “inventar participativamente la universidad que mejor sirva a Puerto Rico, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Además, señalaron que las obligacionesde la JU incluyen mantener integrado el sistema universitario, tomar las iniciativas de desarrollo y coordinación que las circunstancias aconsejen (sin menoscabar la reconocida autonomía de los recintos), considerar el proyecto de presupuesto para todo el sistema de la UPR y formular las recomendaciones pertinentes antes de que la JG lo considere.

“En el organigrama de gobernanza instituido por la ley de la Universidad, la JU es el cuerpo académico de más alto rango”, expresó el doctor Christopher Powers, de PROTESTAmos.

Por su parte, el doctor Errol Montes, de DeMoS, añadió: “Personas desempeñando fugazmente altos cargos administrativos carecen de autoridad para impedir que la JU cumpla con su deber de velar por la integridad del sistema universitarioapelando a un reglamento que no contempla una ausencia prolongada del Presidente ni una Junta de Gobierno (JG) inoperante por falta de quorum”.

El cargo de vicepresidenta interina que ocupa Escalona es una posición de relevo y de confianza que no remite directamente a la comunidad universitaria, señaló el doctor Héctor Huyke, de PROTESTAmos. En cambio, “los rectores que componen la JU llegan a sus puestos tras una consulta a los constituyentes, y los estudiantes y profesores en dicho cuerpo son electos por sus pares”.

Los docentes manifestaron en un comunicado que ante la “vacante en Presidencia y la inexcusable demora del gobierno de turno en reconstituir la Junta de Gobierno de la UPR, y mientras sigue su curso la transformación de la UPR que los universitarios están encaminando al presente, el cuerpo regente de rectores tiene el deber ministerial de asumir la gobernanza”.

Los colectivos docentes reconocieron la gestión de la JU en asumir el grado de autonomía universitaria que le corresponde. “No asumirla ahora significará haberla renunciado para siempre”, dijo Anayra Santory, de PROTESTAmos.

PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción) es un colectivo autoconvocado de docentes establecido en el RUM en abril pasado. Mientras que DeMoS (Docentes en Movimiento Solidario) es un colectivo autoconvocado de docentes establecido en la UPR de Cayey en febrero pasado.

Fuente: elnuevodia.com

El rector de la Universidad de Chile criticó duramente la iniciativa del Gobierno también porque presenta fragilidad en materia de financiamiento y aumento de la matrícula. Del mismo modo, el Senado de la institución, los funcionarios y los estudiantes rechazaron la propuesta, manifestando que atenta contra la democracia interna y las condiciones laborales.

Este martes, los distintos estamentos de la Universidad de Chile comunicaron su postura respecto del proyecto de ley sobre Universidades del Estado, desarrollado por el Gobierno.

Ennio Vivaldi, rector del plantel, manifestó que este es un momento histórico porque el Estado tiene la oportunidad de volver a encontrarse con sus instituciones y asumir su responsabilidad en el desarrollo de la investigación y la cultura. Sin embargo, criticó duramente la actual propuesta, agregando que es imprescindible que se revierta, ya que constituye “un golpe mortal a la autonomía universitaria”.

“En democracia fuimos una universidad que generó un estatuto y una forma de gobierno, por eso nos parece impensable que todo ese proceso sea tan drásticamente cambiado. Es necesario que se vuelva a enfatizar en dos conceptos claves: participación y autonomía”, sostuvo.

Otro de los aspectos que criticó la autoridad fue la fragilidad de la legislación en materia de financiamiento y aumento de la matrícula en los planteles estatales, ya que se mantiene el 15 por ciento de estas instituciones dentro del sistema universitario. Del mismo modo, indicó que la modificación del régimen contractual que se propone en el proyecto perjudica a los funcionarios.

Por su parte, Juan Carlos Letelier, vicepresidente del Senado Universitario, se sumó a las palabras de Vivaldi, rechazando el articulado actual. Desde su perspectiva, esta propuesta daña profundamente a las comunidades universitarias.

“Esto es un atentado a la autonomía de las instituciones y a sus trabajadores, además, su mecanismo de financiamiento es completamente irrelevante. Por eso, lucharemos para que este articulado cambie en forma sustancial. Si esto se llega a implementar, tendremos un estatuto que nos hará tener directivas como las empresas que se transan en la bolsa”, afirmó.

En tanto, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad (Fech), enfatizaron en la necesidad de una legislación que fortalezca a las instituciones del Estado, pero rechazaron el proyecto tal como está.

Los estudiantes detallaron que la propuesta atenta contra la autonomía, la democracia interna y las condiciones laborales de los trabajadores, además no se hace cargo de la educación pública y tampoco de ampliar la matrícula.

Mientras que las distintas agrupaciones de trabajadores también criticaron la iniciativa del Gobierno. De este modo, Miryam Barahona, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), hizo un llamado al Ministerio de Educación (Mineduc) para que reciba sus propuestas antes que el proyecto ingrese al Congreso. “Vamos a defender la autonomía, la democracia, la estabilidad laboral y las universidades estatales, Federici no puede volver. Nosotros tenemos una propuesta, por eso solicitamos al Mineduc que nos juntemos lo antes posible”.

La Universidad de Chile no es la única que se ha pronunciado sobre este tema, el pasado viernes el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi, valoró que este proyecto potencie al Consejo de Rectores (Cruch) y abra la posibilidad de incluir nuevas instituciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos desde el punto de vista de la autorregulación y el funcionamiento institucional. No obstante, advirtió que el incremento de la matrícula es un problema que aún no está resuelto.

Fuente: radio.uchile.cl

Texto señala que las instituciones que se quieran integrar deben tener 15 años de antigüedad, estar en el sistema de admisión vía PSU, deben contar con cinco años de acreditación, tener participación interna y adscribir a la gratuidad.

Continúa avanzando la tramitación de la reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados y hoy la Comisión de Educación aprobó una indicación que permite ampliar el Cruch, que hoy esta compuesto por 27 universidades creadas antes de 1980.

Así, el texto señala que las instituciones que se quieran integrar deben tener 15 años de antigüedad, estar en el sistema de admisión vía PSU, deben contar con cinco años de acreditación, tener participación interna y adscribir a la gratuidad.

Según el diputado José Manuel Edwards (Independiente) esto “es un gran cambio. Nosotros queríamos que fuera por el solo ministerio de la ley. Probablemente hay dos o tres universidades que cumplen con estos requisitos. Pero en el futuro podrían participar más”.

Para ingresar al Cruch, deberán enviar una solicitud y el consejo deberá responder en 90 días. Para aceptar la postulación se requerirá del voto favorable del presidente del organismo (el ministro de Educación de turno) y del 70% de los miembros.

El consejo, que existe por ley, recibe aportes monetarios a los que el resto de las universidades no pueden optar.

Los requisitos fueron propuestos por los rectores de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, y U. Diego Portales, Carlos Peña. Estos fueron acogidos en una modificación presentada formalmente por el diputado Alberto Robles (PR) y apoyada por otros parlamentarios.

Fuente: latercera.com

En esta oportunidad, el tema tratado fue: Medición del desempeño de unidades académicas: Caso Universidad de Los Lagos- Chile; siendo invitado el Dr©. Juan Abello Romero, quien es Director del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la Universidad de Los Lagos.

El Profesor Juan Abello, ha sido Director de Carrera, Director de Departamento, Vicerrector Académico, Vicerrector de Administración y Finanzas y Consejero Superior en la Universidad de Los Lagos. Actualmente es investigador del Programa de Investigación Sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional.

Ha sido miembro de comité científico de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable. Ha publicado diversos artículos de su especialidad en los últimos años. Académico en el área de Costos y finanzas por más de 30 años.

En este Coloquio, el Profesor Abello abordó la medición del desempeño de las unidades educativas. Hizo énfasis que las universidades tienen responsabilidades ante los diversos grupos de interés, principalmente ante la sociedad que los acoge, por ello es un imperativo ético el actuar eficiente y transparente de estas organizaciones. La cultura evaluativa debe formar parte de su quehacer y la medición de los desempeños de las unidades académicas son fundamentales para fortalecer esa cultura evaluativa. El académico explica que está formada la cultura evaluativa del desempeño de un departamento académico, resaltando las consideraciones y lineamientos para establecer una estrategia que permita generar una cultura evaluativa en la institución. Además se ilustraron las propiedades de una métrica que permita la medición del desempeño. Se utilizó una matriz de desempeño departamental para sistematizar los datos y presentar los resultados de la medición multidimensional del desempeño de un departamento académico. Los resultados finales fueron presentados utilizando una matriz de desempeño expresada en un gráfico de cuadrante que permitía clasificar los departamentos de acuerdo a su desempeño.

Fuente: santiago.ulagos.cl

Tal como lo había adelantado en su Cuenta Pública ante el Congreso, este viernes la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley de fortalecimiento de las universidades públicas.

La iniciativa aborda la organización y funcionamiento de las universidades estatales desde una visión sistemática, estructurada y de largo plazo, según aseguró la mandataria en la actividad desarrollada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Se trata de un proyecto que establece un marco jurídico e institucional que aumenta los estándares de calidad y gestión de las instituciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo social, cultural, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país.

“Chile ha puesto en marcha una transformación de su sistema educativo con un horizonte nítido: que entre todos garanticemos, con educación de calidad, el que ésta sea un derecho efectivo para todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país”, señaló la mandataria.

Asimismo, existirá un piso económico las universidades estatales en base a la discusión del presupuesto y no que el 100% de estas instituciones sea debatido todos los años.

Entre los puntos del proyecto, por su parte, están la creación de un Consejo Superior encargado de las definiciones estratégicas. Asimismo, que exista un Consejo Universitario que represente a los distintos estamentos de la institución. Un objetivo central de este proyecto es fortalecer los estándares de calidad y de gestión universitarias.

Además, se establecerá un órgano contralor universitario que se encargará de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la universidad, de auditar los recursos de la institución y, en general, de desempeñar las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Fuente: biobiochile.cl

Por Redacción. La BUAP y el Banco Mundial realizan una serie de paneles en torno a las tendencias en la educación superior.

El camino hacia la superación de las crisis y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe pasa por el fortalecimiento de sus sistemas de educación superior y por su necesaria transformación conceptual y operativa, afirmó Ethel Marie Ríos Orlandi, exrectora de la Universidad de Puerto Rico, durante su participación en el Seminario “Tendencias en la educación superior en el contexto global y sus implicaciones para América Latina y el Caribe”, organizado por la BUAP y el Banco Mundial.

En el panel moderado por Francisco Marmolejo Cervantes, coordinador de Educación Superior del Banco Mundial, participó además Ana García Fanelli, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de Argentina.

Ambas investigadoras se inclinaron por contratos plurianuales para el financiamiento de las universidades e institutos y la interpenetración entre la educación superior y la investigación con agenda propia, como respuesta a lo que debe incorporar la gestión de las instituciones de educación superior para lograr el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Durante el citado seminario realizado en el teatro del Complejo Cultural Universitario, expusieron algunos logros y desafíos, así como estrategias y políticas públicas emprendidas por gobiernos y autoridades universitarias, para actualizar el papel de las instituciones de educación superior en el desarrollo global y de sus regiones.

García Fanelli sostuvo que la regulación de la calidad y el financiamiento son políticas que cambian la gobernanza universitaria, ya que condicionan la gestión de las instituciones. Hoy predominan mecanismos de financiamiento basados en ciertas fórmulas que determinan el presupuesto en función del pasado, aunque existen casos en países de Europa que se orientan en promesas de cumplimiento –ven al futuro-, como los contratos programa o los contratos plurianuales de desempeño.

Estos últimos, continuó, al ser acuerdos voluntarios de tres a cinco años de duración entre los gobiernos y las instituciones de educación superior, al basarse en planes de mejoramiento y contar con un periodo de negociación, fomentan el planeamiento estratégico y la diferenciación de misiones institucionales, facilitan el diálogo entre ambas partes y promueven la mejora en el funcionamiento universitario.

“Son una herramienta apropiada para la mejora de la gobernanza universitaria, ya que facilita la convergencia de objetivos, fortalece la figura del rector y su liderazgo, apalanca otros recursos y capacidades disponibles y, además, robustece el análisis institucional. Es decir, la producción de información sobre el funcionamiento institucional”, afirmó.

A su vez, Ríos Orlandi destacó que a nivel global ha aumentado la investigación y la aceptación de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) como fuerza motriz del desarrollo y con ello la visión mercantilista en las políticas nacionales. Sin embargo, dijo, aún existen dilemas: asentar la buena gobernanza y la ausencia de corrupción, mejorar en educación superior e investigación básica, elegir entre investigación endógena o en función de agendas externas y distribuir equilibradamente los recursos entre ciencia básica y aplicada.

Además, señaló, existen otros retos como obtener un financiamiento adecuado, lograr la colaboración saludable entre los protagonistas de la investigación y el desarrollo, el equilibro entre lo local y lo internacional, y responder qué tipo de conocimientos se deben generar: en función del bien común o para potenciar el comercio.

“El camino hacia la superación de las crisis y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe pasa por el fortalecimiento de sus sistemas de educación superior y por su necesaria transformación conceptual y operativa. Cada sistema y cada una de sus instituciones tendrán que encontrar la mejor manera de contribuir. Para hacerlo, deberán construir, estratégicamente, una agenda propia”, concluyó.