Entre los temas de discusión universitaria uno de los argumentos de la derecha que ofenden la inteligencia de los chilenos es aquél que pretende demostrar que la verdadera multiplicidad y diferencia se encuentra en las universidades privadas y no en las públicas. Estas últimas se presentarían falsamente como lugares de diversidad, cuando en realidad no existe en ellas lo que muestran las privadas: diversidad de intenciones educativas, planes de estudio diferentes, propósitos formadores y definiciones de misión que las caracterizan, etc.

Así, las universidades públicas serían una oferta educativa entre otras y no deberían presentarse como lugares exclusivos de la multiplicidad de ideas y propósitos.

La falacia que hay en esta argumentación es tan obvia que da vergüenza explicarla, pero como este tipo de tonterías circulan en los medios y son esgrimidas públicamente como argumentos se hace necesario abordarla.

Digamos en primer lugar que la diversidad y la multiplicidad que caracteriza a las universidades públicas está dentro de ellas, corresponde a su intención laica de no difundir una sola creencia o una sola respuesta a las preguntas de la ciencia y la filosofía, sino de permanecer abiertas a todas ellas, en la medida en que representen tendencias de reflexión que puedan ser consideradas  seriamente por la academia.

Por el contrario, la multiplicidad existente entre las universidades privadas existe fuera de ellas, no dentro, pues si bien son muchas y de muchas tendencias, en cada una de ellas hay una sola que rige su organización. Todas las universidades católicas, por ejemplo, tienen una vocación proselitista que explica su misión y no  difunden ideas o creencias que sean contrarias a su credo. Por lo tanto, en la mayoría de las universidades privadas, en particular en todas las que no se declaran laicas, hay una determinada tendencia que rige su propósito educativo.

Y esta multiplicidad externa de las universidades privadas no es positiva, pues contiene elementos que pueden llegar a ser hasta peligrosos, en la medida en que solo pocas de ellas tienen en cuenta lo que nos une como sociedad,  y no lo que nos divide.

En efecto, todas las creencias tienen un límite en la creencia de los que no la comparten. Las creencias separan a los hombres, no los unen. Por eso se inventó una forma de consolidar lo común a todos a través de la educación pública, por medio de una educación que solo el Estado puede asegurar en la medida en que por definición su misión es representar a todos los ciudadanos y no a una parte de ellos, por numerosos que estos sean. Esta dirección de pensamiento es precisamente lo que definimos como “laicidad”.

Las universidades públicas son laicas, esto es, son propiedad de todos, pero además, están organizadas con el propósito de que en su enseñanza están representados todos, son el espacio abierto para que todos los ciudadanos se encuentren a sí mismos, superando las vallas políticas, ideológicas, o religiosas que en otras instancias podrían separarlos.

Lo público es el lugar de lo común, de la unidad, de lo que representa a todos porque es de interés de todos. Por eso son lugares de diversidad. Lo privado, en cambio,  es lo que cada cual piensa para sí mismo y para los que tienen afinidad con él. Aunque existan muchos de estos lugares, cada uno de ellos es un lugar de exclusión.                              

La laicidad no es una postura que se ubique frente a otras en el mismo plano que ellas. La laicidad surge precisamente para solucionar el problema de la diversidad excluyente de las diferentes tendencias religiosas o políticas. Por eso es un posicionamiento que se ubica por encima de estas oposiciones para demostrar que existe una vía en la que todos pueden alcanzar legitimidad sin renunciar a lo propio.

No se puede oponer una creencia religiosa o una definición política a un pensamiento laico, porque este último los incluye dentro de sí. Cuando me ubico en una postura laica, no niego ninguna definición de otro, sino que le abro paso a que exista con legitimidad. Por eso, las universidades estatales son laicas y por eso son las únicas que aseguran verdaderamente la libertad de creencia, de investigación y de creación.

Lamentablemente, en Chile hace tiempo que venimos siendo testigos del desmantelamiento del Estado, transformado ahora en un mero instrumento de administración del poder, y en el cual todo pensamiento ha sido descartado.

Una máquina sin ideas propias, la que ya no asegura la unidad de la nación, la preservación de lo común, la protección de todas las ideas y de todas las creencias.Ahora todo está entregado a la competencia, a la oposición de unos contra otros y eso es lo que en definitiva representa la multiplicación de las universidades privadas, el medio en que cada cual por su lado pretende preservar lo suyo.

Y lo que clama al cielo es que en este propósito se le exija a este Estado, que ha dejado durante años a sus universidades en el abandono, que está ahora desprovisto de todas las ideas que sustentan su origen, que no solo les permita existir, sino que además, las financie.

Fuente: cooperativa.cl
Imagen: americaeconomia.com

El proyecto de ley de educación superior es un documento mal preparado y redactado sin suficiente estudio de las materias que aborda. Es débil en su fondo y confuso en la forma.

Mientras aún permanece abierta la discusión sobre el financiamiento de la gratuidad introducida por el Gobierno mediante una improvisada y mal diseñada glosa presupuestaria, los medios de comunicación y los miembros de la comunidad académica hemos conocido un borrador del proyecto de ley que reforma las bases del sistema de educación superior (ES).

Lo sorprendente del caso es que ese proyecto, próximo a ser enviado al Congreso Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Presidenta Bachelet, es un documento igualmente mal preparado y redactado sin suficiente estudio y conocimiento de las materias que aborda. Es débil en su fondo, confuso en la forma, engorroso y mal ensamblado.

Por lo pronto, reúne esbozos desigualmente elaborados de varias leyes en un solo texto, sin mayor lógica ni coherencia interna. Aún así, alcanza a más de 170 artículos permanentes y 40 transitorios, redactados desordenadamente en 80 páginas, faltando todavía el mensaje con los fundamentos conceptuales de esta iniciativa legal.

En tiempos normales y en condiciones de mayor seriedad y rigor, las materias cubiertas por esta iniciativa sin duda darían lugar a varios proyectos separados. Ello contribuiría a una efectiva deliberación pública y a una racionalización legislativa más adecuada de los diversos asuntos. No se entiende por qué el Gobierno optó por este otro camino. Como sea, no contribuye a fortalecer el debate intelectual.

Por ahora la iniciativa legal incluye asuntos tan diversos como: (i) la creación de una Subsecretaría de Educación Superior (ES), órgano encargado de dirigir, coordinar y controlar este sistema; (ii) el establecimiento de un sistema de financiamiento público de la ES referido a la gratuidad, la docencia de pregrado, los aranceles regulados, los aportes basales para instituciones estatales y privadas y el régimen de créditos estudiantiles; (iii) la formación de una red de instituciones de ES estatales receptora preferente de recursos fiscales; (iv) la propuesta de un marco nacional de cualificaciones; (v) el control de las vacantes ofrecidas por el sistema; (vi) la organización de una agencia de calidad (servicio público no independiente) y de los procedimientos para evaluar instituciones y programas, junto con producir una clasificación ( ranking oficial) de las instituciones en cuatro niveles jerárquicos de solidez y calidad; (vii) la institución de una Superintendencia de ES que vele por el correcto uso de los recursos y disponga sanciones para las entidades infractoras; (viii) obligaciones de transparencia e información.

Dado el exceso de materias tratadas, varias aparecen apenas insinuadas, entregándose el desarrollo de la legislación a unos reglamentos que en número de veinte (¡qué tal!) debería dictar el Mineduc. Esta técnica político-legislativa es justificadamente criticada pues inhibe una discusión acabada de los asuntos, al tiempo que impone una agenda de negociaciones que el propio Gobierno luego no es capaz de conducir.

En cuanto a la filosofía inspiradora del proyecto, ella se aparta de las tradiciones de autonomía, pluralismo de proyectos institucionales, coordinación abierta y provisión y financiamiento mixtos que caracterizan el desenvolvimiento de nuestra ES. Por el contrario, el proyecto revela intensa desconfianza en las instituciones y busca limitar de diversas maneras su autonomía de dirección estratégica, académica, de gestión y financiamiento.

Particular sospecha exterioriza frente a las instituciones privadas de ES, cuyo ámbito de acción autónoma y sentido de misión o identidad se verían limitados por todos lados de aprobarse esta legislación. Similar desconfianza exhibe el texto frente a la libertad de elección de los estudiantes ajenos a las instituciones del CRUCh, lo cual conlleva el riesgo de discriminaciones arbitrarias como aquellas que el Tribunal Constitucional acaba de objetar.

En el mediano plazo parece apuntar hacia la completa supresión de las becas y créditos estudiantiles, desechando la experiencia acumulada por la ES chilena en este ámbito y contrariando la tendencia internacional que se orienta precisamente hacia allá.

En fin, predomina en el proyecto gubernamental un espíritu de control burocrático-político de la ES, el deseo de poner en una jaula de hierro al régimen mixto de provisión, de disciplinar minuciosamente a las instituciones de ES, de hacerlas depender de la sola voluntad del poder financiador del Gobierno y de sujetarlas a una malla de reglas e inspecciones que buscan estandarizar sus actividades y crear un orden funcionario en torno de ellas. ¡Nada más a contramano de lo que deberíamos hacer!

Poco realmente efectivo hay, en cambio, a favor de la calidad, la innovación, el fortalecimiento de las ciencias y la tecnología y la educación técnico-profesional.

Bien sabido es que la ES funciona creativamente y contribuye al desarrollo económico social y a la cultura de las naciones solamente si acaso se desenvuelve en un orden de libertades. Un orden, por tanto, que reconoce a las instituciones su autonomía y la pluralidad de sus proyectos, confía en sus capacidades de autogobernarse y gestionar sus asuntos, y les proporciona un medio ambiente de políticas y regulaciones estables y consecuentes con esos valores y aspiraciones.

Particularmente un régimen mixto como el chileno -de provisión y financiamiento público-privado- necesita una relación entre la ES y el Estado alineada con el bien público, las libertades del espíritu y la autonomía de las organizaciones culturales.

Es frustrante tener que concluir, una vez más, que el Gobierno y su tecnocracia parecen no reconocer esa necesidad.