Las autoridades del nivel central y organismos de gobierno tendrán un período de gestión de cuatro años.

Apartir de hoy y hasta el próximo 1.º de septiembre estará vigente el período de inscripción de las personas interesadas en asumir la conducción de la Universidad de El Salvador (UES) en el nivel central, organismos colegiados y de facultades, para los próximos cuatro años.

El proceso electoral de la institución de educación superior inició su primera etapa en julio pasado con la convocatoria a la elección de los 36 comités electorales de las 12 facultades que tiene la universidad, correspondientes a los sectores estudiantil, docente y profesionales no docentes; así como los tres consejos preelectorales, uno por cada sector.

Hoy inicia la etapa de inscripciones para rectoría, vicerrectorías académica y administrativa, defensoría de los derechos universitarios, decanos y vicedecanos de las 12 facultades. También los delegados de los tres sectores ante el Consejo Superior Universitario (CSU) y juntas directivas por facultad.

Los requisitos para la rectoría y vicerrectoría son, según la Ley Orgánica, ser salvadoreño por nacimiento y mayor de 30 años; gozar de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; acreditar experiencia administrativa y académica, o haber laborado cuatro años en la universidad, o haber formado parte de los órganos de gobierno universitario durante el mismo tiempo; y ser graduado o incorporado por la universidad y tener no menos de ocho años de poseer el título académico.

La documentación requerida incluye un finiquito de la Corte de Cuentas de la República (CCR) o constancia de haberlo tramitado y solvencia de antecedentes penales. “Tenemos que saber qué tipo de funcionarios vamos a poner a administrar los recursos de la universidad pública del país”, dijo Nelson Bernabé Granados, presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo organismo normativo y elector de la universidad.

El 2 de septiembre esperan suscribir un pacto de compromiso a una campaña de respeto y no agresión con todos los precandidatos y el 10 de septiembre tienen programado un debate con los aspirantes a rectoría.

“Que el electorado sepa a quién le va a dar su respaldo. Porque si yo voy a proponer a una persona para la rectoría, por ejemplo, pero se olfatea que no está haciendo bien su trabajo aún en el cargo en que está, entonces ahí vamos a ver qué habilidades, cómo se defienden y qué propuesta tienen, cuál es la visión de desarrollo de la institución”, sostuvo.

Los que resulten electos en los sectores pasarán a la etapa de voto de calidad en la AGU, que tendrá que analizar las propuestas y verificar que cumplen los requisitos. La juramentación y toma de posesión serán el 28 de octubre.

La UES tiene unos 52,000 estudiantes y un presupuesto que ronda los $84 millones. Con más recursos podrían admitir a más estudiantes, según Granados.

Fuente: laprensagrafica.com
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El 24 de septiembre de este año comenzará oficialmente la carrera por la Rectoría de la UNAM, cuando la Junta de Gobierno universitaria lance la convocatoria.

Ciudad de México (elsemanario.com).- Será este 24 de septiembre cuando laUNAM lance la convocatoria para la sucesión de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Esto se dio a conocer a través de un comunicado de la Junta de Gobiernode la institución educativa.

Según el segundo inciso de este comunicado, la convocatoria próxima a publicarse es la que marcará las distintas etapas de este proceso, las formas en las que se buscará la opinión de la comunidad, además de registrar la participación de los universitarios; por lo que, en su momento, la Junta de Gobierno es la que se encargará de informar de cada una de las etapas, así como de sus resultados.

Es así como, con la publicación de la convocatoria, iniciará oficialmente el proceso institucional para designar al sustituto de José Ramón Narro Robles. Asimismo, la Junta informa que a partir de esta fecha “tomará en cuenta las diversas expresiones y manifestaciones de la comunidad“.

Aquí es donde suele haber más ruido. Recordemos que cuando el actual Rector fue electo por primera vez, en 2007, parte de la comunidad universitaria alzó la voz remarcando que académicos y estudiantes no son tomados en cuenta para una decisión de tal magnitud; además de insinuar que Narro Robles tenía el apoyo del Ejecutivo Federal y de algunos agentes políticos, sociales y económicos del momento que lo respaldarían hasta convertirse en el nuevo rector.

“La elección debería contar con la participación de toda la comunidad universitaria; hoy en día está a cargo exclusivamente de los 15 notables que integran la Junta de Gobierno, aunque su decisión la toman después de hacer una fina y detallada auscultación”.

Es así como se expresaría Enrique Galván Ochoa en su columna, Dinero, del diario La Jornada, después de hacer una encuesta sobre la pregunta ¿Es democrático el procedimiento para designar rector de la UNAM?, en octubre del 2007.

Según David Cienfuegos Salgado, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, el proceso previo a la elección de Narro “había incluido ocho horas de discusión, tres rondas de análisis a documentos, evaluación de las presentaciones de propuestas de trabajo y la valoración a la trayectoria de los ocho aspirantes”. Después, la Junta de Gobierno haría lo propio.

La Junta de Gobierno de la universidad nacional, es integrada por “quince distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos por el Consejo Universitario”. Esta junta tiene la facultad de nombrar al Rector, a los directores de las facultades y a los miembros del Patronato Universitario, entre otras cosas. Fue conformada desde 1945.

La Junta toma sus decisiones “por mayoría absoluta de votos de los concurrentes, salvo casos especiales como la elección de Rector, en la cual se requerirá una mayoría calificada de diez votos”. Es decir, aunque la comunidad académica y estudiantil decida pronunciarse a favor o en contra de alguno de los “candidatos”, o de la manera en que el Rector se elige, no será tomada en cuenta.

Son vastas las críticas sobre el sistema de selección del rector. Imanol Ordorika, académico universitario, en aquel periodo de elección, expresaría que son nulas las posibilidades de la comunidad universitaria para incidir en la decisión, “la Junta de Gobierno (…) es como un consejo cardenalicio encargado que nombra al jefe de la Iglesia católica”. A la fecha, ocho años después, el panorama no parece haber cambiado mucho.

Al momento son dos los que se han destapado para ocupar este puesto en la UNAM; una de ellas es Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien es Doctora en Ciencias. El otro es Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil egresado de la UNAM.

Fuente: elsemanario.com

El documento del Mineduc que esboza la propuesta del gobierno sobre reforma al sistema nacional de educación superior, presentado el 14 de julio recién pasado, busca hacerse cargo de diversos aspectos necesarios para que el sistema terciario de educación de nuestro país, en su totalidad, alcance los estándares necesarios de calidad e integración social, que hoy la sociedad demanda.

Si bien valoramos como representante estudiantil las medidas que apuntan a fortalecer la calidad, los sistemas de acreditación y la creación de un sistema único de acceso, nos preocupa seriamente una las condiciones propuestas para garantizar el acceso a la gratuidad universal en las universidades.

La condición específica que nos preocupa es la imposición de formas de gobierno universitario, que el texto en cuestión define como democráticas y triestamentales, siendo que el documento parte de la base de respetar la autonomía universitaria, garantía absoluta en el desarrollo de cualquier proyecto educativo y expresión de la pluralidad social. La imposición viene de la mano del financiamiento, las instituciones que no accedan a cambiar sus formas de gobierno no tendrán acceso a los recursos del Estado.

Consideramos que esta es una imposición arbitraria, que no toma en cuenta que la forma de gobierno de cada casa de estudio es expresión y garante de su proyecto educativo. Si bien somos partidarios de aumentar la participación de todos los miembros de nuestra comunidad en las decisiones de nuestra casa de estudio, nos parece fundamental que esta tenga autonomía para ver el mejor medio a implementar.

Hoy nuestra universidad se encuentra en medio de un proceso de reflexión que apunta a ampliar los espacios de participación, para estudiantes y trabajadores, en la organización y toma de decisiones de la universidad, porque ciertamente todos los miembros de la institución son responsables del bien de la misma. En este sentido la triestamentalidad no asegura de por sí la participación y, por tanto, el foco de la reforma debiese estar en garantizar espacios de deliberación, diálogo e intercambio de perspectivas, evitando la generación de un campo de lucha por el poder donde primen los intereses particulares de cada sector.

El fin de la reforma en lo referido al gobierno de cada institución debe apuntar a fomentar y garantizar la participación, de los diversos actores, en cada universidad, pero respetando las formas de gobierno que de acuerdo al proyecto educativo en cuestión se presenten como más adecuadas para alcanzar el fin que cada institución se ha propuesto. En este ámbito no existe una receta única y la imposición estatal de formas de gobierno puede terminar desfigurando los proyectos educativos y atentando gravemente contra la pluralidad de visiones que en educación deben existir para contribuir al carácter diverso de la sociedad.

Por esperamos que el gobierno reflexione seriamente sobre las consecuencias que este de imposiciones traería sobre el sistema educativo.

Fuente: elmostrador.cl
Imagen: emol.com

Hicieron una advertencia y la cumplieron. El 29 de julio un grupo de encapuchados entró a tres campus de la U. Católica de Temuco y destruyó sillas, mesas y equipos, según denunció el rector de la institución, Aliro Bórquez.

Días antes, mediante un video difundido en redes sociales, seis personas encapuchadas, quienes sólo se identificaron como “los estudiantes movilizados de las distintas carreras pertenecientes a los campus doctor Luis Díaz del Canto y Juan Pablo Segundo”, amenazaron a la rectoría de ese plantel. Afirmaron que si no había una respuesta positiva a su petitorio “radicalizaremos nuestra movilización y  paralizaremos completamente la universidad hasta recibir una respuesta seria y responsable. Esto no es una amenaza, es una realidad”.

Y así lo hicieron.

El rector lamentó el hecho y señaló que el video correspondería “a un grupo anárquico llamado ‘MAL’; ellos, el día 29, ingresaron a la universidad. Nosotros pedimos el desalojo e informamos al Ministerio del Interior porque no podemos aceptar estas situaciones”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica de Temuco, Alvaro Bustamante, aseguró que “nosotros no hemos alentado este tipo de declaraciones y tampoco ha sido resuelto en las asambleas generales, es un grupo de estudiantes el que decidió grabar el video”. Y subrayó que “estamos buscando mesas de negociación y esperamos mantener distintas actividades, pero sin tensionar más el ambiente”.

Durante la semana se produjo un incidente en una marcha convocada por los alumnos de la U. de La Frontera, donde resultó lesionado el presidente de la federación, Ricardo Lüer. Estos son dos ejemplos que  muestran cómo en algunas ues  se ha incrementado la ocurrencia de situaciones tensas y en ciertos casos violentas.

En la Confech, sin embargo, han señalado en varias ocasiones que se intenta criminalizar el movimiento estudiantil. “Si estamos recibiendo golpes de fuerzas especiales es porque los rectores nos han empujado a llevar al límite las movilizaciones con su intransigencia y negativa al diálogo”, planteó el presidente de la federación de la U. de Concepción, Sebastián Reyes.

Una de las demandas que se ha repetido en varios planteles es la exigencia de triestamentalidad en el gobierno universitario, lo que implica voz y voto de estudiantes, funcionarios y académicos en los cuerpos colegiados de cada plantel. Según Bórquez en el caso de la U. Católica de Temuco la federación está pidiendo “participación con voto en el Consejo Superior de los siete integrantes de la federación de estudiantes, llegamos a un acuerdo firmado con la federación, donde se establecía que abordaríamos la participación en una mesa de trabajo lo que después fue desconocido por una asamblea donde había 60 de 8.600 estudiantes”.

Además, la autoridad universitaria indicó que “ya tenemos presentada una denuncia en el Ministerio Público por “usurpación de las instalaciones, las tomas y destrozos”.

Confech

Para hoy -en la U. Diego Portales- está planificada una nueva asamblea plenaria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el tema principal será la discusión para definir si aceptan participar con el Ministerio de Educación con miras a los proyectos de reforma. Y según explicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Valentina Saavedra, “mañana (hoy) se debe dar la discusión en una mesa de diálogo, con el gobierno, de cuáles serían las temáticas centrales y qué garantías tendríamos”.

La dirigenta dijo que si no se logra tomar una decisión en esta jornada se dejará la votación para el 15 de agosto, cuando la Confech se reuna en Arica. Esto, porque hay federaciones que aún no votan internamente para una postura. Es el caso de la U. de Concepción, donde, según dijo el presidente, se van a abstener.

Y el presidente de la U. Arturo Prat, Cristian Romero, sostuvo que “es dificil decidir un diálogo con un gobierno que cada dos semanas cambia los criterios de la gratuidad”. El presidente de la U. de Talca, Ervin Castillo, señaló que “no dialogar sería anularse políticamente y anular cualquier tipo de influencia en la reforma”. Y añadió que “no tenemos que cometer los mismos errores del gobierno, que ha pecado de soberbia politica imponiendo sus proyectos. Los estudiantes tenemos que mostrar otra cara”.

En la plenaria de hoy además se espera fijar una próxima fecha de movilización.

Fuente: latercera.cl

Abrir la autonomía implica: que el gobierno universitario incorpore a representantes sociales y estatales con el 40% del voto en el Consejo Universitario; y que la investigación universitaria produzca conocimiento nuevo y, a la vez, trabaje como Observatorio de Políticas Públicas, haciendo informes y evaluaciones de esas políticas.

La educación en América Latina es ahora un derecho generalizado. La educación básica, se entiende, pero también cada vez más la educación superior. Sin embargo, tenemos muy serios problemas. Se acabó la etapa de expansión fácil que rigió en las últimas décadas del siglo XX. Hoy, para explicar el lugar de la educación en la sociedad, no basta con afirmar que es el espacio público de socialización por excelencia. Ahora es inevitable ir más allá y proponer una escuela social y no solo nacional, y una universidad política y no solamente académica.

El laberinto universitario alcanzó las características del autismo. Como define un diccionario cualquiera, el repliegue patológico de la institución sobre sí misma. Y eso se nota particularmente en procesos electorales. Cuando todas las candidaturas presentan sus programas repitiendo 30 años de lo mismo. “Vivan la autonomía universitaria y el cogobierno docente estudiantil. Muera el imperialismo. Hay que mejorar la gestión. Hay que fortalecer la institucionalidad. Hay que seguir luchando por el presupuesto universitario”. Eso sería todo. Que la decadencia continúe.

Por eso hoy trabajar para devolver el sentido social a la escuela y a la universidad tiene importancia estratégica. En el caso de la educación superior, a través del pacto educativo, es decir, teniendo la voluntad de someterse a un debate público con todos los actores para devolverle su lugar como política pública central.

La universidad boliviana hizo dos aportes históricos en estas décadas democráticas. El primero, sin duda, es haber constituido la reserva moral de la nación en épocas de dictadura. Cuando el sindicato minero y la izquierda socialista eran la reserva democrática, la universidad los cobijaba en ese rincón en el que la ética política no permitía el ingreso de la cultura autoritaria. El segundo ha sido la construcción de ciudadanía, es decir, ejercicio de derechos y no solo práctica democrática. Porque la expansión de las libertades supone la existencia de una institución que las forje y que inculque en la gente la conciencia de su ejercicio.

Pero creo, lamentablemente, que eso es todo. En momentos de institucionalidad democrática ciertamente no fue poco. Sin embargo, una de las pocas instituciones que la hizo nacer, no fue capaz de acompañarla en su crecimiento y maduración. Y aquí radica el punto neurálgico. Hace 15 años la Unesco promovía la participación universitaria en los valores fundamentales de la democracia y la vivencia profesional como un servicio público, porque se tenía la conciencia de que la más importante institución de educación superior había ingresado en una crisis estructural. Una crisis que, en el país, puede ser calificada como una crisis de irrelevancia generada por el autismo.

La universidad pública de hoy no es la de ayer. La de ayer: la del 30 y la autonomía institucional, la del 52 y la autonomía ante el Estado, la del 70 y el cogobierno docente estudiantil, la del 82 y la vinculación con las necesidades sociales, era, finalmente, una sola. Era una universidad pública y nacional cuando ambas necesidades convergían en la democracia. Esto explica, entonces, aquello de que la universidad era la reserva democrática. Esto explica, también, que la universidad hoy no es la de ayer porque ninguna de esas responsabilidades la caracterizan institucionalmente.

¿Será posible, con una sola medida, hacer nuevamente de la universidad un motivo de orgullo nacional? ¿Podrá la misma universidad, sin esperar presiones ni desprecios ni exigencias, crecer a la altura del desafío histórico de esta oportunidad? Creo que sería posible porque la medida es simple y es un detonante de transformaciones profundas: abrir la autonomía.

Hoy la autonomía universitaria se ha convertido en una sordera estructural. Hoy la autonomía es apenas el pretexto para el ensimismamiento. Es entonces, reitero, imprescindible abrir la autonomía. Cuando el gobierno universitario se componga de docentes, estudiantes, representantes sociales y delegados estatales, se institucionalizará una autonomía con responsabilidad social y la universidad asumirá su calidad de bien público. Así podrá renacer del rescoldo de esa autoridad moral de la nación que la convirtió en una de nuestras pocas esperanzas democráticas.

En términos de gestión, abrir la autonomía implica dos decisiones: Que el gobierno universitario incorpore a representantes sociales y delegados estatales con el 40% del voto en el Consejo Universitario;
que la investigación universitaria se materialice produciendo conocimiento nuevo y, a la vez, trabaje como el Observatorio de Políticas Públicas, produciendo anualmente informes y evaluaciones de esas políticas.

Si la universidad incorpora a la sociedad y al Estado en su toma de decisiones, su responsabilidad social alcanzará un impacto estatal —contribuirá a profundizar la democracia— y un impacto social —el ejercicio profesional como servicio público. Pero, al mismo tiempo, no solo debería responder a esas demandas, sino generar desde adentro actitudes y disposiciones. Así, el conocimiento no será un monopolio ni el desarrollo institucional una sucesión fragmentada de cortos plazos y se convertirá en una vocación por la redistribución del conocimiento, de manera que éste genere igualdad de oportunidades, generalizando los doctorados gratuitos, financiando mucho más la investigación y, muy enfáticamente, participando en las iniciativas municipales que posibiliten una mayor calidad de la educación básica.

Uno de los problemas básicos que enfrentamos en Bolivia es que nuestro diseño constitucional hace imposible la fiscalización de las políticas públicas desde el propio Estado. Todos los poderes obedecen, ovejunamente, al Ejecutivo. Por consiguiente, la sociedad está obligada a construir algo que le permita contar con información transparente y haga posible realizar la fiscalización, porque el uso y destino de los recursos públicos es del mayor interés de todos los ciudadanos. La universidad es la única institución que cuenta con el capital cognitivo y los recursos humanos para analizar la información y observar el uso de nuestros recursos. Sus muchos institutos de investigación cubren el espectro de todas las políticas públicas y le permitirían cumplir con eficiencia el rol de los observatorios desde la perspectiva de los intereses de la sociedad. Porque la responsabilidad no solo tiene que ver con el impacto directo de los académicos en la sociedad, sino, sobre todo, con la manera cómo la universidad internaliza las demandas y genera una disponibilidad a cumplir casi espontáneamente con las expectativas sociales. Se trata, por consiguiente, de que la responsabilidad social sea tanto una política institucional impulsada desde la sociedad como un valor académico generado por la propia vida universitaria.

La universidad boliviana está muy lejos de asumir su responsabilidad social como parte integral e imprescindible de su vida institucional. Seguramente esta es una de las razones por la cual su presencia en el país es tan poco relevante. Pero, al mismo tiempo, es una de sus paradójicas oportunidades para volver a ocupar un lugar como protagonista en el diseño de nuestro propio horizonte nacional. Si no se transforma, la propia sociedad deberá asumir esa tan difícil y compleja responsabilidad. Porque caso contrario, nos espera una educación mercantil, es decir, la lenta agonía pero inevitable muerte de la educación pública. Y, por consiguiente, estaremos condenando a la inviabilidad a la sociedad educadora; una de las muy pocas, si no la única vía, para hacer del diálogo de saberes, no de la lucha por el poder, el eje organizador de un país intercultural.

Fuente: La Razón (Bolivia)