Las carreras más afectas son las de la salud, como medicina y odontología, donde la diferencia entre el arancel que paga el Estado y el costo real supera los $2,5 millones al año por alumno vulnerable.

La regulación de precios en los aranceles que instauró el Ministerio de Educación con la gratuidad  en la educación superior les generará un millonario perjuicio a las casas de estudio.

Así lo revela un exclusivo estudio de la fundación Acción Educar, al que tuvo acceso “El Líbero”, que tras comparar los aranceles reales de las 2.621 carreras adscritas a la gratuidad, con el arancel regulado que pagará el Mineduc, detectó que el 38%  de las carreras les generarán millonarios déficit a las universidades.

Las carreras de la salud son las más afectadas

Las carreras más afectadas son las vinculadas al área de la salud, como medicina y odontología, con déficits anuales por alumno que llegarán a entre $2 millones y $2,5 millones en las universidades Finis Terrae, Diego Portales, Autónoma de Chile, de Chile y la Católica. (ver listado de las 50 carreras más afectadas al final)

Para el análisis se utilizó el arancel regulado por carrera especificado por el Ministerio de Educación más un 20%, de manera de generar el arancel estipulado en la glosa presupuestaria del 2016. Este valor se contrastó con el arancel real de dicha carrera más los derechos básicos de matrícula promedio (información también otorgada por el Ministerio de Educación, DBM_Promedio en la base de datos), explica el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa.

“La diferencia negativa resultante entre el Arancel regular +20% y el Arancel Real + los Derechos Básicos de Matrícula constituyen el déficit por alumno que presenta cada carrera. Es posible observar un superávit en algunos casos, pero atendido el tenor de la glosa presupuestaria en comento, en esos casos el exceso no se entrega a las instituciones sino que simplemente quedan sin déficit”, señala el estudio.

Las distorsiones de la gratuidad

Raúl Figueroa señala que la política de “gratuidad impulsada por el gobierno que se basa en la fijación de aranceles para las instituciones que adhieran a ella y respecto de un determinado grupo de alumnos conlleva una serie de riesgos como presupuestos deficitarios de las instituciones, alta dependencia de los recursos estatales y un condicionamiento del desarrollo y crecimiento de las universidades a esos factores. Estos riesgos se verán potenciados en la medida que la política de gratuidad se extienda a estudiantes de mayores ingresos”.

El especialista cuestiona, además, que el recorte de $50 mil millones que hará el Mineduc al programa de gratuidad por sobredimensionar en el presupuesto los estudiantes beneficiados, podría destinarse a las universidades: “Lo que demuestra, lamentablemente, que esa condición deficitaria en que quedan las instituciones no es una preocupación del gobierno”.

A su juicio, la fijación de precios  genera incentivos para no recibir a los alumnos vulnerables que les generen déficit, lo que llevaría, por tanto, a reducir las carreras más caras, vinculadas al área de la salud, por otras tradicionales de “tiza y pizarrón”.

“Las universidades perderán fuertes niveles de autonomía porque para adecuar sus presupuestos van a tener que tomar medidas que no serán de su preferencia, pero sí les permiten mantener ciertos equilibrios presupuestarios, y potenciar carreras que no son tan atractivas pero que, atenido a la fijación de precios, les mantiene los costos equilibrados. La fijación de precios baja la calidad  y genera sobreoferta en determinados servicios”, concluyó Raúl Figueroa.

Fuente: ellibero.cl

Se presentan los resultados de investigación Fondecyt sobre sistemas de gobierno de universidades Iberoamericanas.

Hoy Chile experimenta transformaciones en su sistema universitario. El Gobierno ha priorizado afianzar una política de gratuidad universal, la creación de dos nuevas universidades estatales (Aysén y O’Higgins), y de CFTs estatales en todas las regiones.

Estos cambios han dado pie a una serie de interrogantes sobre la institucionalidad necesaria para asegurar la calidad de la educación superior y el buen uso de los recursos públicos. Es, a su vez, pertinente consultarse por las relaciones que se establecen entre los rectores, sus equipos de colaboradores, y los integrantes de sus máximos cuerpos colegiados (MCC). Es decir, preguntarse cómo se ‘gobierna’ y/o ‘administra’ una universidad, considerando la diversidad de intereses, la asimetría de información, sus sistemas de compensación e incentivos, formas de generación de sus autoridades, y los mecanismos de control interno y externo, entre otros factores que se desprenden de las teorías organizacionales.

Investigadores de la Universidad de Los Lagos se propusieron responder a estas y otras preguntas, y analizar la percepción de expertos en educación superior de Iberoamérica respecto de cómo se dan las relaciones de agencia entre los equipos rectorales y los integrantes de los MCC en las universidades de Latinoamérica.

El estudio, denominado “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas, un análisis desde la teoría de agencia”, contó con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) en su modalidad Regular 2013. La investigación tuvo por investigador principal al Dr. Francisco Ganga, y por co-investigador al Dr(c) Juan Abello, ambos del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la citada universidad.

Entre sus objetivos la investigación se planteó aplicar la teoría de agencia y de los gobiernos corporativos al conjunto de los gobiernos de las universidades latinoamericanas, junto con contextualizar la realidad latinoamericana considerando los datos históricos más relevantes. Para ello se realizó una acuciosa revisión bibliográfica lo que devino en un análisis pormenorizado del concepto de gobernanza y una detallada descripción de la constitución de los gobiernos universitarios desde una perspectiva histórica.

La investigación, posibilitó recopilar 981 estatutos y 232 documentos complementarios que norman las formas como se gobiernan las universidades en Iberoamérica. A su vez, logró aplicar 854 encuestas a autoridades superiores, intermedias, profesores e investigadores de universidades estatales, privadas y confesionales de toda Latinoamérica. De su aplicación se pudo establecer, entre otros datos relevantes, que el 64% de los consultados perciben asimetrías de información entre el rector y los integrantes de los MCC; de estos, el 54% considera que esta asimetría es de un nivel alto. Ahora bien, al cruzar estas respuestas con el cargo del encuestado, se logró determinar que a mayor participación en las instancias de toma de decisión institucionales menor asimetría se percibía.

Otro antecedente que arrojó el instrumento dice relación con la efectiva divergencia de intereses que se evidencia en la relación entre el Rector y los integrantes de los MCC. Los encuestados consideran que la razón principal de ello se debe a la inexistencia de canales formales y eficientes de comunicación entre estos actores.

A la luz de estos antecedentes, para el Dr. Ganga “resulta absolutamente necesario fomentar la conformación de redes de investigadores que estudien los sistemas de gobierno de las universidades, en Latino e Iberoamérica, y con países de otros continentes. Esto permitirá hacer análisis comparados y generar nuevos conocimientos, los que aún son incipientes”.

Es asimismo necesario, según se describe en las conclusiones de la investigación, incorporar nuevas fórmulas para la generación de los máximos directivos, realizar esfuerzos para que las universidades se abran hacia grupos de interés externos e internos, corregir estatutariamente los potenciales conflictos de doble rol (cuando un máximo directivo dirige o lidera también el MCC), buscar fórmulas organizacionales y reglamentarias que disminuyan las brechas informativas, y avanzar en decisiones estratégicas y tácticas que posibiliten una mayor convergencia ente quienes ocupan los máximos cargos directivos y los integrantes de los MCC. En síntesis, proponer nuevos estándares de buen gobierno universitario. Cuestión que hoy en día resulta más que necesario a la luz de las transformaciones en ciernes de nuestras universidades, y la exigencia pública por su modernización, eficiencia, participación y orientación hacia sus territorios y comunidades.

IMAGEN: Equipo de investigación FONDECYT/REGULAR N°1131134 / De izq. a der: Dr. Francisco Ganga Contreras, Dr (C) Juan Abello Romero, Alexis Calderón San Juan, Dr (C) Juan Luis Quiroz Castillo, Carolina Alt Álvarez, Dra. Wendolin Suárez Amaya, Luis Andrade, Patricio Viancos González.

Planteles estatales y autoridades del Ministerio de Educación se reunieron ayer en Pucón. Representantes de universidades criticaron cambio en exigencias de acreditación.

Sorpresa causó en el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) una nueva propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) respecto a la acreditación y la calidad que se exigirá a las instituciones de educación superior en la futura reforma. Según los rectores, en la reunión que sostuvieron ayer en Pucón con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup), Francisco Martínez, y el asesor Rodrigo González, se les planteó que se considera una fórmula de niveles de acreditación donde sería voluntario el paso a posiciones más exigentes.

Esto fue visto por las autoridades universitarias como una flexibilidad que mermaría la calidad de las instituciones. El rector de la U. de Chile y presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, afirmó que “con esta fórmula, puedes optar o no a ser una universidad de excelencia y uno lo puede ver como una forma que facilite un buen pasar a universidades privadas que no tienen ningún interés en hacer investigación y mejorar su calidad, sino que lo que quieren es seguir ahí, que no las molesten y seguir cobrando plata”.

Hasta enero la propuesta que habían conocido los rectores de las Ues. estatales consistía en cuatro niveles de acreditación, de acuerdo a sus resultados y que obligaba a la institución a ser monitoriada constantemente de acuerdo a su grado de calidad. Sin embargo, según indicaron, en la reunión de ayer se les mostró una nueva alternativa, donde un plantel podía cumplir con lo básico, pasar a un nivel satisfactorio o llegar a ser de excelencia según su propia voluntad.

La rectora de la U. de Aysén, Roxana Pey, sostuvo que “no creo que sea la propuesta definitiva, supongo que va a ser revisado porque hubo muchas observaciones al respecto y desde mi perspectiva sería un error muy grande”.

En tanto el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, planteó que “esta propuesta es ambigua y esa ambigüedad puede consistir en que finalmente haya un segmento de la educación superior que no tenga necesariamente la obligación de acreditar su calidad y nosotros creemos que esa debe ser una condición de existencia de toda institución que imparta educación”. Además dijo que “esperamos que el ministerio no revise, además, definiciones que ya se habían hecho antes”.

Mientras, el rector de la U. de Antofagasta y vicepresidente de las Ues. estatales, Luis Loyola, advirtió que “hubo un cambio que nos llamó la atención, ya había un acuerdo en materia de los niveles de acreditación y hoy (ayer) nos encontramos con un cambio, la calidad voluntaria no nos parece y el aseguramiento de la calidad es algo fundamental para ir mostrando a los estudiantes cómo funciona una universidad”.

El jefe de la Divesup, Francisco Martínez, explicó que “la acreditación siempre se ha planteado obligatoria, desde el primer momento y se va a mantener así”. Y dijo que “hay una discusión, un análisis de cuál es la mejor forma de establecer los niveles de calidad, pero está la idea de que haya una transparencia mostrando con qué grado de calidad están logrando sus propios proyectos educativos”.

Martínez agregó que “la idea es que haya una gradualidad en la forma en que se acreditan las instituciones”.

Fuente: latercera.com

Investigadores de la Universidad de Los Lagos se adjudican dos proyectos Fondecyt 2016 como entidad responsable. Se trata de los doctores Francisco Ganga, Juan Abello, Claudio Mancilla, y Roberto Quevedo.

Destacan además siete investigadores/as que se adjudicaron 6 proyectos Fondecyt 2016, actuando la Universidad de Los Lagos como institución secundaria, a saber: Gonzalo Delamaza, Eduardo Thayer, Carolina Camus, José Luis Muñoz, Claudio Mancilla, Claudio Rosales y Renato Martínez.

ULAGOS ENTIDAD RESPONSABLE

Los proyectos de investigación que contarán con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), presentados por la ULagos como entidad responsable, son:

“Formas de gobierno y modelos de valoración del desempeño universitario en Iberoamérica: Un estudio bajo un enfoque organizacional multi-teórico”, del investigador del Departamento de Ciencias del Desarrollo, el Dr. Francisco Ganga. El estudio cuenta con el apoyo del académico del Departamento de Ciencias del Desarrollo, Juan Abello, y del académico del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, Claudio Mancilla.

Asimismo, “Prediction of the shelf life of frozen foods such as seafood and fruit pulp by using accelerated tests”, investigación propuesta por el académico del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, el Dr. Roberto Quevedo.

ULAGOS ENTIDAD SECUNDARIA

Los proyectos de investigación beneficiados son los siguientes:

>. “Inclusión y procesos de escolarización en niños, niñas y adolescentes migrantes que asisten a establecimientos de educación básica”, Dante Castillo (PIIE); Eduardo Thayer (CEDER ULagos).

>. “Balance between historical demography, population connectivity and local adaptation in shaping the distribution along a latitudinal gradient of a cosmopolitan species, the kelp Macrocystis pyrifera”, Sylvain Faugeron (PUC); Carolina Camus (Depto. RRNN ULagos).

>. “Transmission of P. salmonis and Francisella sp from farmed salmon to native fish species and vice-versa: Possible new routes of spreading high risk pathogens for aquaculture”, Luis Vargas (UACH); José Luis Muñoz (IMAR ULagos).

>. “¿Regiones commodity? Examinando las transformaciones territoriales de 40 años del modelo exportador. Comparando las experiencias de las regiones de Antofagasta (minería) y Los Lagos (salmonicultura)”; Beatriz Bustos (UChile); Gonzalo Delamaza (CEDER ULagos).

>. “La vocación productiva, especialización laboral, el nivel educativo y la funcionalidad del centro emisor y receptor como factores explicativos de la conmutación inter e intrarregional en la Región de los Andes australes de la Patagonia chilena”, Sergio Soza Amigo (UMAG); Claudio Mancilla (Depto. Ciencias Administrativas y Económicas ULagos); Claudio Rosales (Depto. Ciencias Sociales ULagos).

>. “Prácticas docentes para regular el ambiente educativo implementadas en carreras de la salud de Chile”, Christian Pérez (UDEC); Renato Martínez.

QUÉ ES FONDECYT?

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), tiene por objetivo estimular y promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, y es el principal fondo de este tipo en el país. Creado en 1981, ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general.

El documento será entregado el próximo jueves a la Presidenta Michelle Bachelet a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

La rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey Tumanoff, entregó hoy detalles sobre del Estatuto del plantel que será entregado este jueves a la Presidenta Michelle Bachelet a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Tras esto, la mandataria deberá entregar su consideración, revisión y ajustes para culminar con su promulgación antes de septiembre.

A través de una columna de opinión publicada en el diario local El Divisadero, la autoridad académica explica que “la Universidad de Aysén es definida como una institución estatal, con carácter de organismo social, que se constituye por una comunidad universitaria conformada por académicos, estudiantes y personal de colaboración, reconociendo las especificidades respectivas de cada estamento, articulada con la sociedad de la Región de Aysén”.

“Esta comunidad universitaria, como el cuerpo dinámico de la universidad, es la fuente primaria de todas sus funciones, que se relacionan con el cultivo y desarrollo de los saberes, su generación y transmisión, en un contexto histórico y con inscripción social. El mismo carácter comunitario define la relación entre la universidad y la sociedad”, agrega.

“La Universidad de Aysén es un espacio en que la sociedad, en particular la regional, se representa, se refleja y se proyecta en la reflexión y el pensamiento mediante una comunidad en ejercicio constante de su capacidad deliberante. Y es en esta capacidad deliberante que se funda su autonomía, su vocación de servicio y es ella la que determina su estructura de gobierno”, indica.

Para tales efectos, el gobierno de la Universidad de Aysén es ejercido por su más alta autoridad, en la figura de su Rector o Rectora, y por sus cuatro órganos colegiados, relacionados y articulados entre sí:

–Consejo Superior, que se ocupa de la determinación y ejecución de las tareas y acciones y tiene la responsabilidad ejecutiva de la institución;

–Senado Universitario, que se ocupa de los propósitos históricos, las estrategias de desarrollo y la formulación de normas y políticas;

–Consejo Evaluativo para el Aseguramiento de la Calidad, que de forma permanente aborda la evaluación de los resultados y de las acciones;

–Consejo Social, que resguarda la pertinencia y compromiso con su contexto histórico y social.

“Las dimensiones explicadas más arriba de pertinencia social, comunidad participativa, gobierno articulado y estructura integradora, son inseparables entre sí en el articulado coherente que conforma el Estatuto y en conjunto constituyen lo que se comprende como Calidad de la Universidad de Aysén”, destaca Roxana Pey.

La rectora ya había dado luces en febrero de cuál es el objetivo de tener en el gobierno universitario un Consejo Social: “Proyectamos un campus sin muros ni rejas, pensamos en una institución estructuralmente más abierta. Y esta forma estable de relación la hemos denominado Consejo Social, uno de los órganos colegiados que operará junto a los Consejos Universitario, Normativo y Evaluador”.

La creación de este Consejo Social toma relevancia en el marco de la discusión por la Reforma a la Educación Superior, teniendo presente que el Mineduc indicó que el piso mínimo a la hora de legislar en materia de democratización y extensión de las instituciones estará dado por la actual institucionalidad de la universidades estatales del país.

“Creemos que lo más interesante de la existencia del Consejo Social es que nos forzará a revisar permanentemente nuestros resultados a fin de que sean un real aporte a la región, pues este órgano conocerá periódicamente las conclusiones de las evaluaciones internas de procesos, proyectos de investigación básica y aplicada, acceso de los estudiantes, indicadores diversos, progresión y logros de aprendizaje y, más adelante, desempeño de los graduados. Podrá también proponer proyectos y ajustes en el horizonte de corto, mediano y largo plazo, teniendo presentes los planes y estrategias de desarrollo de la región”, dijo la autoridad académica.

“Esta es una figura novedosa para el mundo universitario, poco explorado, pero que creemos marcará una diferencia en el tipo de vínculo que tendrá la Universidad de Aysén con la comunidad regional”, concluyó.

Fuente: elmostrador.cl

Los jóvenes universitarios de nuestro país cuentan con varias plazas en los principales órganos colegiados de la universidad y en algunos centros disponen de una institución fuerte de representación estudiantil como es la Delegación de Alumnos. Entre otras decisiones tienen influencia en la elección del rector y la organización docente.

Los universitarios son una pieza clave en la universidad. Tienen voz y voto en las elecciones al rector, participan como miembros del claustro universitario, intervienen en los presupuestos, proponen reformas, evalúan la calidad del profesorado y protegen sus derechos a través del Defensor universitario. A pesar de ello no cuentan con todo el poder que les gustaría. “En las estructuras de gobierno cuentan con una participación de un máximo de un 25% pero en una medida muy inferior respecto al peso real que tienen en la universidad”, explica Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y antiguo estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alcalá de Henares.

¿Qué más se puede hacer?

Las asociaciones universitarias y organizaciones como la CREUP creen que en los últimos años los jóvenes han dado pasos importantes y cada vez tienen más peso en las decisiones de la universidad pero exigen todavía más. “La participación de la comunidad universitaria debe tenerse en cuenta en todas las políticas de la universidad”, afirma Cereijo. De este modo defienden que los alumnos podrían participar más y mejor en todas las decisiones, sobre todo, en la selección del profesorado, el diseño de las asignaturas, los planes de estudio y el sistema de evaluación y aprendizaje.

Si miramos fuera de nuestras fronteras, existen muchos ejemplos de cómo se implican los jóvenes en la universidad. “Principalmente en la cultura universitaria nórdica o británica el papel de los estudiantes es absolutamente relevante y se le da apoyo, recursos y protección”, explica. Otro ejemplo interesante es la Universidad del Rosario en Colombia, donde el cuerpo electoral que elige al Rector está formado exclusivamente por estudiantes.

Un obstáculo que tienen en la actualidad los estudiantes para consolidar su poder de decisión en el campus es el plan Bolonia. “Es necesario un esfuerzo mayor de las instituciones por mejorar la conciliación de la vida académica con la representación estudiantil ya que la mala aplicación de Bolonia en nuestro país está hundiendo la participación estudiantil universitaria cuando, paradójicamente, en el resto de Europa está viviendo un momento de esplendor”, afirma el responsable de la CREUP.

En cuanto al asociacionismo estudiantil, según Cereijo, “malvive” con escasos recursos y apoyo, sumado a una nula estrategia para facilitar la conciliación de la vida académica y las labores que los representantes estudiantiles ejercen en sus universidades. Esto hace que, en estos momentos, el ejercicio de la representación y participación estudiantil sea cada vez más difícil.

En relación a la participación en los presupuestos, hace dos semanas se ha producido una gesta universitaria. La Universidad Complutense de Madrid anunció el 18 de febrero que sus presupuestos en sostenibilidad ambiental van a ser participativos. De este modo la comunidad universitaria podrá proponer, debatir y decidir el destino de una partida del presupuesto de 2016.

Se trata de una iniciativa pionera e innovadora en el ámbito de la gestión y el gobierno universitario, que pretende promover la implicación del personal de administración y servicios, estudiantes y profesores en la gestión de los asuntos comunes y en la mejora de la Universidad. Supone también una apuesta institucional por la conservación del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos.

A pesar de la novedad de esta iniciativa, Luis Cereijo denuncia que “mentiríamos si dijéramos que hay una participación real del colectivo estudiantil en la confección de los presupuestos universitarios. En este tema, como muchos otros, no se tiene en cuenta lo suficiente al mayor colectivo de la universidad”.

Los ‘cabecillas’ del campus

Aunque en la mayoría de las universidades el cargo más alto que puede tener un estudiante es ser Delegado de Alumnos o, en el caso de que no exista este puesto, representante de los estudiantes en el Consejo Social, hay centros que contemplan nombramientos de estudiantes como Delegados del Rector o, incluso, Vicedecanos de centros o cargos homólogos. Lo que no permite la actual Ley Orgánica de Universidades es que un universitario llegue a ser rector o vicerrector, en su caso.

El delegado de alumnos es clave en la detección temprana de los problemas del día a día de la universidad y la propuesta de soluciones. “Pero su utilidad depende mucho de la importancia que la universidad y sus docentes quieran darle. No somos enemigos, como muchas veces se nos ve, sino aliados en la mejora de nuestros campus”, apunta Cereijo.

“Si la representación de los estudiantes se ejerce con responsabilidad, mesura y respeto a las partes, realmente se consigue participar en todas las decisiones y llegar a influir en ellas, como ocurre en la UPM”, explica Rafael Álvarez Sanz, antiguo delegado de alumnos y Consejero de Gobierno y Consejero Social de la Politécnica con tan solo 23 años.

Según el antiguo delegado, que actualmente estudia su primer año de máster en Ingeniería Industrial, “los alumnos pueden llegar a tomar decisiones de todo tipo y a cualquier nivel, lo que ocurre es que el universitario apenas tiene conciencia de este poder y algunos no son conscientes de que tenemos varias plazas en los principales órganos colegiados de la universidad”. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno de la UPM, que es máximo órgano colegiado de gobierno del campus, cuenta con siete estudiantes; y el Claustro Universitario cuenta con 70. “Con un tono constructivo nuestra voz puede formar parte de cualquier decisión universitaria”, afirma Álvarez Sanz.

Otra figura importante en el campus es el Defensor universitario, presente oficialmente en nuestro país desde 2001. Entre otras funciones, protege los derechos de los estudiantes y atiende consultas y quejas relacionadas con la evaluación y los exámenes, los trabajos de curso, la permanencia en la universidad, las ayudas y becas, traslados de expediente, acoso, prácticas externas, trámites administrativos, matrículas y preinscripciones, el programa Erasmus, etc.

En el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, “la Oficina del defensor cuenta con una comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor universitario que conforman dos estudiantes, dos PDI y dos PAS”, explica su responsable José Antonio Moreiro González, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia en este centro.

Fuente: expansion.com