De acuerdo a un estudio de Acción Educar, el proyecto impulsado por la administración de Michelle Bachelet tendría un fuerte impacto en las instituciones que adhieren al beneficio, especialmente en las universidades privadas.

La reforma a la Educación Superior vive días cruciales. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet entró a su última etapa en el Congreso con miras de ser despachada antes que finalice enero. Sin embargo, entre los aspectos del proyecto hay dos que preocupan a las universidades y expertos: la gratuidad y la fijación de aranceles, lo que provocar un déficit que se calcula en $68.644 millones para los planteles de educación superior.

La gratuidad en la educación superior, hasta el momento, se ha implementado únicamente mediante la incorporación de glosas en la Ley de Presupuestos, estableciendo la transferencia de recursos (mediante un arancel regulado) a las instituciones que cumplan ciertos requisitos y que además adscriban al beneficio.

Sin embargo, el proyecto de ley de educación superior no sólo consagra la gratuidad para los estudiantes que se matriculen en las instituciones adscritas y que cumplan el requisito socioeconómico, sino que además, en un periodo de transición hacia la gratuidad universal, regula los aranceles que las instituciones adscritas pueden cobrar a los estudiantes que no califican para la gratuidad.

De esta forma, según lo planteado por la reforma, a los estudiantes pertenecientes a los siete primeros deciles de ingresos, las instituciones podrán cobrar el arancel regulado más un 20%; y a quienes provengan de los deciles ocho y nueve, el arancel regulado más un 60%. En tanto, las instituciones podrán cobrar el arancel real solo a los estudiantes provenientes del decil 10.

Según un estudio elaborado por Acción Educar, la fijación de aranceles ya significa problemas financieros para las instituciones adscritas a la gratuidad, lo que seguirá aumentando con el proyecto del Ejecutivo. La diferencia entre el arancel regulado que otorga el Estado por los estudiantes en gratuidad y el arancel real, generó un déficit de $20.924 millones en 2016 y de $17.293 millones en 2017, lo que resulta en un déficit acumulado que asciende a $38.217 millones.

Para las 44 universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales adscritos a la gratuidad al 2017, se generaría un déficit anual de $30.427 millones en el sistema de educación superior, de los cuales $22.163 millones son generados por la gratuidad hasta el decil 6, $7.404 millones por la regulación de aranceles en el decil 7, y $859 millones por la regulación de aranceles en los deciles 8 y 9.

Así, de aprobarse la reforma a la Educación Superior para 2018, el déficit acumulado en dicho año ascenderá a $68.644 millones.

El déficit afectaría a 12 instituciones, donde las mayores brechas se presentan en la Universidad Diego Portales ($9.965 millones), Universidad Finis Terrae ($6.260 millones), Universidad Autónoma ($5.805 millones), Pontificia Universidad Católica ($4.228 millones) y Universidad Alberto Hurtado ($2.024 millones).

El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, indicó a El Dínamo que “la fijación de precios puede generar déficits que impactan en la calidad de los proyectos y en las características específicas de las instituciones de educación superior. Restringir los recursos de las instituciones genera un impacto más negativo”.

Respecto a la premura del Ejecutivo por aprobar la reforma antes de que finalice enero, Figueroa indicó que “el Gobierno está en su derecho de sacar adelante sus proyectos de ley, pero es importante que esto sea coherente con el sistema de educación superior. El susto que uno tiene es que, al sacar un proyecto de estas características, predomine un interés político más que una mirada más seria de llevar adelante una política pública conforme a las necesidades del país”.

Fuente: eldinamo.cl

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