El director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) de nuestra Cada de Estudios, Dr. Francisco Ganga Contreras, precisa además que iniciativa debe asegurar que las Universidades del Estado puedan mantener su independencia y autonomia.

El académico y director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) del Departamento de Ciencias del Desarrollo de nuestra Cada de Estudios, Dr. Francisco Ganga Contreras, señaló, en conversación con el Senado Universitario de la U. de Chile, que las propuestas de financiamiento incluidas en el proyecto de Ley sobre Universidades del Estado “son un avance, pero siguen siendo insuficientes”.

De acuerdo con la iniciativa legislativa, recientemente ingresada al Parlamento, se facilitará a las 18 Universidades del Estado un préstamo con el Banco Mundial a 10 años plazo por 150 mil millones de pesos.

“Las universidades del Estado han vivido en un contexto de insuficiencia de recursos. Si se quiere tener universidades de clase mundial, hay que invertir, en función de atraer y preservar el talento humano de alto nivel”, aseguró.

En ese sentido, subrayó que “los aportes anunciados son un avance, pero siguen siendo insuficientes, es más, consolidan las asimetrías que existen entre las universidades ubicadas en la región Metropolitana, concretamente la U. de Chile y la U. de Santiago, y el resto de las regiones”.

Asimismo, el Dr. en Administración de Empresas y en Gestión Estratégica, recalcó que “la cifra de los 150 mil millones es menor al 10% de los presupuestos anuales de todas las instituciones públicas (9,43 %), o sea, si lo dividimos por los 10 años, es inferior al 1% (0,943%) del presupuesto del sistema público; por ende, estamos hablando de una cifra casi testimonial, o al menos, muy exigua”.

A su vez, precisó que el proyecto de Ley debe poner el acento en el “buen gobierno” de las universidades, teniendo en cuenta que ello viabilizaría el uso eficiente de los recursos que se pretendan inyectar.

Respecto al estatuto funcionario, el Dr. Ganga aclaró que el proyecto de Ley da libertad a cada institución para determinarlo.

“Aquí lo relevante es asegurar que la meritocracia académica -y no el amiguismo, el nepotismo u otras malas prácticas que pudiesen surgir- siempre sea respetada y reconocida; no obstante, algo se debe decir respecto de la gran cantidad de contratos precarios que se han estado instalando en las universidades estatales, lo cual no sólo atenta contra la dignidad del individuo, sino también contra el pensamiento crítico, la libertad y la autonomía de las personas”, enfatizó.

Independencia y autonomía

Del mismo modo, el académico aseguró que la iniciativa debe asegurar que las Universidades del Estado mantengan su independencia y autonomía.

“Si se quiere mantener independencia y libertad en los procesos de transferencia y generación de saberes, la autonomía de las universidades se transforma en un imperativo”, indicó, y agregó que “la universidad pública, debería moverse en un espacio donde existan garantías suficientes para desarrollar su misión sin la presión del poder político, ideológico y privado”.

Por otro lado, el Dr. Ganga descartó que el nuevo Consejo Superior que propone la iniciativa legislativa para cada Universidad del Estado sea un cambio relevante. El Consejo Superior estará integrado por el rector, tres representantes del Presidente de la República, tres académicos nombrados por el Consejo Universitario y dos profesionales de la región donde se encuentra ubicada la institución.

“Es cierto que han surgido, y con justa razón, voces criticando fuertemente estas disposiciones; sin embargo, en ese punto la realidad muestra que el escenario no es muy distinto al de la mayoría de las instituciones estatales chilenas actualmente”, sostuvo.

Igualmente, criticó que en la iniciativa se mantenga cómo se eligen los directivos de los planteles.

“Estimo que también se debiese meditar respecto de la forma en cómo se eligen los máximos directivos, dado que el proyecto no modifica la ley 19305 de 1993 en esta materia y, por tanto, persisten las mismas reglas de elección de pares para el cargo de rector”, dijo.

Finalmente, el académico aclaró que el proyecto de Ley es un avance. “Todos los que creemos en la educación pública, estaremos de acuerdo que definitivamente esta iniciativa legislativa representa un evidente avance”, comentó.

No obstante, puntualizó, “siento que lo que ha faltado es una adecuada planificación que hubiese permitido una reflexión y debate más acabado sobre la materia. Habría sido relevante analizar temas como la paridad de género en el gobierno universitario, y la participación de otros grupos de interés, como estudiantes, funcionarios administrativos, egresados, organizaciones sociales, etc.”.

Fuente: santiago.ulagos.cl

Durante su sesión ordinaria realizada en la ciudad de Concepción, el Consejo de Rectores siguió analizando los cambios que han propuesto al proyecto de Educación Superior, los cuales ya hicieron llegar a los senadores de la Comisión de Educación con el fin de que puedan ser transformados en indicaciones.

Sin embargo, el vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, mostró preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos fijados para tramitar la iniciativa, la cual debe ser votada en general por los senadores, antes de iniciar su discusión en particular. “No es bueno improvisar, no es bueno tener atolondramiento”, advirtió.

El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, en tanto, aseguró que el proyecto de Educación Superior debe lograr también un equilibrio en la repartición de recursos, sobretodo para aquellas instituciones de regiones.

Tras la cita, los rectores del Cruch volvieron a cuestionar el rol que jugará la futura Subsecretaría de Educación Superior en el sistema de admisión, la fijación de aranceles y la matrícula de las universidades.

Además, lamentaron que nuevamente la gratuidad se establezca por la glosa de presupuesto, donde para el 2018 se espera que suba al sexto decil.

Durante su sesión ordinaria realizada en la ciudad de Concepción, el Consejo de Rectores siguió analizando los cambios que han propuesto al proyecto de Educación Superior, los cuales ya hicieron llegar a los senadores de la Comisión de Educación con el fin de que puedan ser transformados en indicaciones.

Sin embargo, el vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, mostró preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos fijados para tramitar la iniciativa, la cual debe ser votada en general por los senadores, antes de iniciar su discusión en particular. “No es bueno improvisar, no es bueno tener atolondramiento”, advirtió.

El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, en tanto, aseguró que el proyecto de Educación Superior debe lograr también un equilibrio en la repartición de recursos, sobretodo para aquellas instituciones de regiones.

Tras la cita, los rectores del Cruch volvieron a cuestionar el rol que jugará la futura Subsecretaría de Educación Superior en el sistema de admisión, la fijación de aranceles y la matrícula de las universidades.

Además, lamentaron que nuevamente la gratuidad se establezca por la glosa de presupuesto, donde para el 2018 se espera que suba al sexto decil.

Fuente: biobiochile.cl

Nicolás Álvarez
Nacional
El Mercurio

Mineduc afirma que el impacto para las instituciones “no debiese ser tan alto”.

Este año, 15 de las 30 universidades con gratuidad tuvieron un déficit de $21 mil millones. Y para paliar esto, el Mineduc ajustó los aranceles que paga por los alumnos beneficiados.

Con todo, y a horas de que se presente la Ley de Presupuestos 2018 -que establecerá la ampliación de la gratuidad hasta los jóvenes del 60% más vulnerable-, los rectores se mostraron preocupados por el impacto que esto podría generar.

En Concepción, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, advirtió que “es probable” que la mayor gratuidad aumente la brecha en los ingresos de los planteles. Pero añadió que “siendo una política que provoca este efecto negativo parcial, para las familias representa un bien absoluto”.

En tanto, el rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, advirtió que “existiendo hoy una brecha, es una preocupación el que pudieran aumentar los montos de diferencia”.

Cálculo de aranceles

Quien también mostró su preocupación fue Ignacio Sánchez, rector de la UC, la que suma una brecha cercana a los $1.400 millones, por los 4.200 jóvenes beneficiados que cuenta. El próximo año, los beneficiarios de su plantel podrían ser 5.400, y ante eso, Sánchez dice que “sabemos que se va a incrementar (la gratuidad), pero no sabemos cómo se van a calcular los aranceles para las carreras. Y eso es fundamental”.

El rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, añade que “el problema de las brechas puede ser más alto”, pero puntualizó que en su casa de estudios no debiese haber mayor dificultad.

Pronóstico

Para Alejandra Contreras, jefa de Educación Superior del Mineduc, la posibilidad de que estas brechas aumenten es factible, dada la mayor cantidad de favorecidos. No obstante, “lo esperado es que el impacto no sea tan grande en las instituciones”.

“Previendo esto, ya hemos tomado las medidas para acotar estas brechas, para que los aranceles regulados fuesen lo más cercanos posible a los aranceles reales de las instituciones”, dijo. Agregó que el Gobierno no tiene previsto hacer cambios en el cálculo de los aranceles de referencia.

”Sabemos que se va a incrementar (la gratuidad), pero no sabemos cómo se van a calcular los aranceles”. IGNACIO SÁNCHEZ Rector UC

Fuente: economiaynegocios.cl

Durante su sesión ordinaria realizada en la ciudad de Concepción, el Consejo de Rectores siguió analizando los cambios que han propuesto al proyecto de Educación Superior, los cuales ya hicieron llegar a los senadores de la Comisión de Educación con el fin de que puedan ser transformados en indicaciones.

Sin embargo, el vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, mostró preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos fijados para tramitar la iniciativa, la cual debe ser votada en general por los senadores, antes de iniciar su discusión en particular. “No es bueno improvisar, no es bueno tener atolondramiento”, advirtió.

El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, en tanto, aseguró que el proyecto de Educación Superior debe lograr también un equilibrio en la repartición de recursos, sobretodo para aquellas instituciones de regiones.

Tras la cita, los rectores del Cruch volvieron a cuestionar el rol que jugará la futura Subsecretaría de Educación Superior en el sistema de admisión, la fijación de aranceles y la matrícula de las universidades.

Además, lamentaron que nuevamente la gratuidad se establezca por la glosa de presupuesto, donde para el 2018 se espera que suba al sexto decil.

Fuente: biobiochile.cl

El consejero alienta a las instituciones andaluzas a que lideren la defensa de la universidad pública

El debate sobre la financiación de las universidades es un invitado tradicional en las aperturas de curso universitario. No faltaron las referencias de nuevo ayer con la negociación pendiente, que busca en los próximos meses un acuerdo estructural en Andalucía. Y fue el propio consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien puso las cartas encima de la mesa con su deseo de llegar al consenso con los rectores con criterios de “suficiencia y convergencia”, destacando el compromiso de alcanzar un nivel de inversión del 1,2% del PIB, más cerca de la realidad de las universidades públicas europeas, en torno al 1,3%, apuntó.

La intervención de Ramírez de Arellano en el acto de apertura del curso de ayer, el tercero del ex rector de la Universidad de Sevilla desde que entró a formar parte del Gobierno andaluz, recuperó las reivindicaciones que hizo en los anteriores, en favor de “recuperar la normalidad y la certidumbre en el sistema universitario público, marcado por la austeridad del Gobierno central”, que han sufrido especialmente el personal docente, investigador y de administración y servicios.

De ahí que destacara el esfuerzo económico realizado para mitigar los problemas de liquidez y los efectos de la deuda, y que se pueda incrementar la ejecución presupuestaria, más importante aún, recalcó, que la elaboración de los propios presupuestos.

El consejero habló de la necesidad de asegurar las inversiones en infraestructuras e investigación en las universidades, a través de un plan plurianual que forme parte de la financiación estructural universitaria.

Más allá de eso, desde la Junta pidió a los rectores de las universidades andaluzas que lideren la defensa de la universidad pública en una propuesta nacional de carrera profesional que acabe con “el objetivo de acabar con ella”, como ha manifestado, dijo, en varias ocasiones el ministro de Educación.

El titular de Economía y Conocimiento hizo referencias en su discurso a los logros del Gobierno andaluz en materia universitaria estos últimos años, aunque destacó entre todos la bonificación a los estudiantes del 99% del precio de las asignaturas aprobadas en primera matriculación. De esta forma, destacó, el sistema universitario andaluz converge con Europa, con el modelo de universidad pública gratuita o de coste simbólico para los estudiantes, que abunda en el resto de países. “Nuestro modelo de universidad tiene que ser homologable al de otros países europeos más avanzados”, señaló.

Las primeras palabras de Ramírez de Arellano, sin embargo, fueron dirigidas a la Universidad de Huelva y la próxima efeméride de su masiva reclamación popular en 1988, que celebrará la consecución de una “realidad madura e importante”.

Fuente: huelvainformacion.es

Javiera Herrera
Nacional
El Mercurio

Autoridades universitarias destacaron que lo presentado tiene “un sentido de realismo” y se basa en los cambios implementados en los últimos años.

Al término del encuentro Universia, que ayer reunió a casi 40 rectores en la Casa Central de la U. Católica, hubo aplausos y una conclusión común: “Hay bastante consenso en que más que hacer cambios estructurales, hay que ir mejorando y trabajando sobre lo que hay”, resumió el director general de la organización, José Pedro Fuenzalida.

Durante tres horas, los directivos de planteles escucharon a los representantes de los candidatos presidenciales Carolina Goic (DC), Alejandro Guillier (Nueva Mayoría), Sebastián Piñera (Chile Vamos) y Beatriz Sánchez (Frente Amplio) exponer sus propuestas en educación superior.

Según el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, las ideas “estuvieron todas dotadas de un sentido de realismo y de responsabilidad que nos trae confianza, porque no se escuchó, a mi juicio, ningún punto que ponga en riesgo lo que hemos logrado, ni tampoco el futuro de la educación superior”.

Un tema que se abordó fue la gratuidad, que hoy es para los jóvenes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población.

El diputado Rodrigo González (PPD), representante de Guillier, expuso que el próximo año se llegará a los estudiantes que pertenezcan al 60% más vulnerable, y “se continúa avanzando hacia el 7° y 8° decil de vulnerabilidad en la medida que el desarrollo económico sea favorable, y que exista un crecimiento que lo permita”.

Según González, la idea es “profundizar una política de educación superior que es concebida como un derecho de los jóvenes y que debe tener las características de gratuidad y de calidad”.

Continuar con la gratuidad también fue expuesto por Cristián Infante -a nombre de Goic- y por Víctor Orellana -quien estaba por Sánchez-, quien llamó a tener “metas altas”, según los asistentes.

En tanto, Raúl Figueroa, representante del candidato de Chile Vamos, planteó que para ellos los mecanismos de acceso “deben ser fiscalmente responsables, viables en su implementación y coherentes con el máximo desarrollo posible de las instituciones”.

Así, planteó mantener la gratuidad para los jóvenes del 50% más vulnerable, y de esa forma controlar los “efectos negativos” que pueda tener la política en las universidades, como las mermas en los ingresos. Para el resto de los estudiantes, se propone una combinación de becas y créditos subsidiados.

Otros puntos

El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, también destacó que entre los representantes de los presidenciales hubo “consenso que el grado de desregulación del sistema universitario es francamente peligroso para los jóvenes y para el país”, y por lo tanto se debería avanzar en implementar las instancias de control, como la Superintendencia, que se discuten en el Congreso.

Además, la máxima autoridad de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, destacó que se “planteó el reconocimiento y mantención de los fondos basales a las instituciones que ya los tienen”.

Asimismo, el rector Ignacio Sánchez sostuvo que “nos dimos cuenta de que hay bastantes ideas comunes”, pero sí indicó que las diferencias se dieron en materia de financiamiento, o bien en “el sentido de lo público: en algunas candidaturas esto debiera estar orientado más hacia el Estado y otras son más abiertas”.

Presupuesto
El erario buscará que la gratuidad en 2018 alcance a los jóvenes del 60% más vulnerable.

Fuente: economiaynegocios.cl

Conversamos con Francisco Ganga, académico de la Universidad de los Lagos, sobre el proyecto de Universidades Estatales que actualmente se discute en el Congreso Nacional.

Académico e investigador de la Universidad de Los Lagos, Francisco Ganga posee amplia experiencia tanto en el mundo público como el privado. En el campo universitario ha ocupado variados cargos y ha investigado especialmente en las formas de gobierno universitario en nuestro país y latinoamérica.

Participará en el V Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria, que se desarrollará desde el 20 al 22 de noviembre en la Universidad Autónoma de Nuevo León-México, donde será uno de los principales expositores. Es autor de numerosos textos, entre ellos: “Teoría de agencia (TA): supuestos teóricos aplicables a la gestión universitaria“, “Dinámicas de transformación en la educación superior latinoamericana: Desafíos para la gobernanza“, “El flipper burocrático en las Universidades“, “Sistema de gobierno en las universidades de argentina” y “Valoración del comportamiento ético de los rectores de las universidades de iberoamérica”

Entrevistado para conversar acerca del proyecto de Universidades del Estado nos habló acerca de sus impresiones sobre la iniciativa, cuya idea de legislar se votó el pasado 5 de septiembre en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esto tras una serie de modificaciones que comprometiera el Ejecutivo al proyecto.

-¿En términos generales, cómo considera el proyecto?

Pienso que, en términos globales, todos los que creemos en la educación pública estaremos de acuerdo en que definitivamente esta iniciativa legislativa representa un evidente avance. Los que hemos estado vinculados a las Universidades Estatales conocemos, no sólo teóricamente, sino también empíricamente, la problemática de ser parte de entidades educativas relegadas, que han sido completamente olvidadas, debiendo funcionar en plataformas de mucha precariedad de recursos.

Ahora bien, el viejo apotegma “no por mucho madrugar, amanece más temprano” creo que es completamente aplicable a este proyecto. Siento que lo que ha faltado es una adecuada planificación que hubiese permitido una reflexión y debate más acabado sobre la materia. Estamos hablando de tópicos que son claves en el futuro del país y, por lo mismo, es extremadamente necesario generar instancias donde las diversas visiones sean conocidas y debidamente consideradas.

-La Universidad de Chile tiene una larga historia. En los años 60 se definieron varios temas como la gobernanza universitaria y la participación de la comunidad. El golpe de Estado truncó esa etapa. En los años 90 resurgió el tema de la participación comunitaria, culminando con los nuevos Estatutos, de la primera universidad que los cambiaba desde la dictadura. ¿Qué piensa de lo que hace el proyecto sobre Universidades del Estado en esta materia?

Esta pregunta apunta justamente a la problemática recién esbozada, pues aquí estamos frente a una temática que requiere de un profundo debate que considere una serie de variables, donde la historia de la Universidad de Chile, y en general de la universidad en Latinoamérica, sea debidamente apreciada.

No obstante, existen otros factores a analizar, como por ejemplo la composición del cuerpo colegiado superior. Como se sabe, el proyecto establece un Consejo Superior, integrado por el Rector, tres representantes del Presidente de la República, dos académicos, un estudiante, un funcionario, un profesional de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo con la región, el que, además, deberá ser egresado de la respectiva universidad.

Este gran cambio es en realidad sólo una ilusión, dado que solo afecta a las instituciones cuyos estatutos no fueron aprobados en democracia, lo cual implica que las siguientes instituciones no se verán afectadas: Universidad de Chile, Universidad de los Lagos, Universidad Técnica Metropolitana, Universidad de Aysén y Universidad de O’Higgins

En este orden de cosas, es cierto que han surgido, y con justa razón, voces criticando fuertemente estas disposiciones. Sin embargo, en ese punto la realidad muestra que el escenario no es muy distinto al de la mayoría de las instituciones estatales chilenas actualmente. La diferencia sustancial es el caso de la Universidad de Chile, donde su Máximo Cuerpo Colegiado, el “Consejo Universitario”, está integrado por los Decanos y solo dos representantes del Presidente, además del Rector y el secretario general. En el resto de las universidades públicas, son tres representantes del Estado, lo que en promedio no supera el 33% de la composición, en el caso de la Universidad de Chile sólo llegaría al 11% aproximadamente.

Ahora bien, existe otro tema que se debiera analizar con mayor nivel de detalle y es la presencia del Rector en el Máximo Cuerpo Colegiado, específicamente en lo que concierne a su rol en esta instancia organizacional. En el caso de la Universidad de Chile, el máximo directivo adicionalmente es el Presidente del Máximo Cuerpo Colegiado, con derecho a voz y voto, situación que sólo ocurre en el 27% de las Universidades Estatales. Si analizamos la realidad de América Latina y España, los porcentajes son muy similares.

Otro tópico sobre el que se debe reflexionar tiene que ver con el isomorfismo de las universidades, particularmente sus estructuras organizacionales. No es posible olvidar que nuestras instituciones son bastante heterogéneas desde el punto de vista de su tamaño. Basta comparar a la Universidad de Chile, que cuenta con 39 mil alumnos, con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cuya población estudiantil no supera los 5 mil estudiantes (para que hablar de la Universidad de Aysén).

En la misma línea, estimo que también se debiese meditar respecto de la forma cómo se eligen los máximos directivos, dado que el proyecto no modifica la ley 19.305 de 1993 en esta materia y, por tanto, persisten las mismas reglas de elección de pares para el cargo de Rector. Habría sido relevante analizar temas como la paridad de género en el gobierno universitario y la participación de otros grupos de interés, además de los estudiantes y funcionarios que acaban de ser incorporados.

-¿Qué piensa de la autonomía universitaria y este proyecto?

Si se quiere mantener independencia y libertad en los procesos de transferencia y generación de saberes, la autonomía de las universidades se transforma en un imperativo. La universidad pública debería moverse en un espacio donde existan garantías suficientes para desarrollar su misión sin la presión del poder político, ideológico y privado. Lo anterior significa que es notable y trascendente compatibilizar la necesidad de tener participación e implicación de los diversos grupos de interés, salvaguardando ineluctablemente este principio. De nuevo aquí estamos frente a un asunto que requiere diálogo, no en lo alusivo a la autonomía universitaria, sino en relación a la forma como se debe defender y garantizar este logro de la sociedad, ahora en el marco de un nuevo escenario organizacional, donde la entidad universitaria debiese responder con altos estándares de excelencia a los requerimientos y a las necesidades de las comunidades que la acogen.

-¿Qué opinión tiene acerca del financiamiento actual de las Universidades del Estado y sobre lo que propone el proyecto? Se habla de un préstamo con el Banco Mundial, para 18 universidades, a 10 años plazo por 150 mil millones de pesos. La U. de Chile recibe hoy un monto basal de 632 mil millones (aproximado).

Como he señalado previamente, las universidades del Estado han vivido en un contexto de insuficiencia de recursos, en muchos casos “raspando la olla” para poder sobrevivir. Si se quiere tener universidades de clase mundial, hay que invertir en función de atraer y preservar el talento humano de alto nivel. Los aportes anunciados son un avance, pero siguen siendo insuficientes. Es más, consolidan las asimetrías que existen entre las universidades ubicadas en la Región Metropolitana (concretamente la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago) y el resto de las regiones.

Si estudiamos las cifras, podríamos observar que, por ejemplo, la Universidad de Magallanes tiene un presupuesto de 25 mil millones para un poco más de 4.500 estudiantes e incluso para esta institución 833 millones no es una gran contribución adicional. De hecho, reciben 2 mil millones de aporte fiscal directo. En cambio, la Universidad de Chile cuenta con un presupuesto de 632 mil millones de pesos, y percibe 34 mil millones de aporte fiscal directo, lo cual representa un presupuesto superior a los 16 millones por estudiante.

Por lo tanto, queda claro que la cifra de los 150 mil millones es menor al 10% de los presupuestos anuales de todas las instituciones públicas (9,43 %). O sea, si lo dividimos por los 10 años, es inferior al 1% (0,943%) del presupuesto del sistema público. Por ende, estamos hablando de una cifra casi testimonial, o al menos, muy exigua.

Creo además que se debe poner el acento en el buen gobierno de las universidades, teniendo en cuenta que ello viabilizaría el uso eficiente de los recursos que se pretendan inyectar. Se podrían tener muchos recursos, pero si la gobernanza es inapropiada, nadie asegura que sean adecuadamente utilizados.

-Tampoco se habla de aumento de la matrícula de las Universidades Estatales, cuando en verdad el sistema estatal no es ni un 20% del total. ¿Qué opina de esto?

Si se revisa el sistema de información de educación superior se constata que efectivamente la matrícula de las universidades estatales es de 177.931 en pregrado; 3.762 en post título; 10.805 en magíster; y de 2.343 a nivel de doctorado. En total suman 194.841 estudiantes en la educación pública de un universo de 1.247.746, lo que representa un poco más del 15%. Este porcentaje se encuentra repartido como oferta por todo el territorio nacional y no concentrado en las tres grandes regiones, a diferencia de las universidades privadas. Si se fortalecen las instituciones estatales, y éstas lograsen mayores estándares de calidad, esa cifra debiera incrementarse, aunque no considerablemente. Si la apuesta es al aumento, el foco debe colocarse en las regiones e incluso en las comunas donde se concentran altos índices de población en nuestro país.

-¿Qué ocurre con los funcionarios de las universidades del Estado con este proyecto?

Al parecer, en este caso, los problemas de la carrera funcionaria se traspasan a las universidades desde el Estado, dado que el gobierno ha dado un paso atrás, y considerando sólo modificaciones menores.

De todos modos, se debe reconocer que el proyecto da la libertad a cada institución para determinar su propio estatuto funcionario, ello al parecer ha cambiado a la idea de que sea un estatuto funcionario común para todas las Universidades del Estado. Aquí lo relevante es asegurar que la meritocracia académica -y no el amiguismo, el nepotismo u otras malas prácticas que pudiesen surgir- siempre sea respetada y reconocida. No obstante, algo se debe decir respecto de la gran cantidad de contratos precarios que se han estado instalando en las Universidades Estatales, lo cual no sólo atenta contra la dignidad del individuo, sino también contra el pensamiento crítico, la libertad y la autonomía de las personas.

Fuente: uchile.cl

Académicos, estudiantes de doctorado, y miembros del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) participaron en el encuentro “Gestión y difusión de las investigaciones: La mirada de los actores”.

La posibilidad de incrementar la difusión de las investigaciones científicas a través del aumento de publicaciones, fue debatida en el seminario internacional “Gestión y difusión de las investigaciones: La mirada de los actores” organizado por nuestra Casa de Estudios y la Universidad de Playa Ancha.

El encuentro, realizado en la sala Atenea de la UPLA en Viña del Mar, reunió a académicos y estudiantes de doctorado del plantel que hizo de sede, y miembros del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) del Departamento de Ciencias del Desarrollo de nuestra Universidad.

Para el director de PRIGO, Dr. Francisco Ganga Contreras, “esta actividad ha permitido no sólo estrechar lazos académicos con una universidad hermana, sino que ha posibilitado dar a conocer parte de los resultados de nuestras investigaciones en el campo de la gobernanza universitaria”.

Asimismo, agrega que el seminario permitió un valor adicional: “Posibilitar que expertos, tanto autores como representantes de revistas indexadas, puedan compartir su experiencia en la difusión de sus nuevos saberes”, indica.

En ese contexto, el investigador recalca que “claramente estamos hablando de un aporte generoso y magnifico de los investigadores, quienes no han dudado en compartir su profusas y destacables experiencias en estos tópicos”.

Por su parte, el vicerrector de Investigación, Postgrado e Innovación de la Universidad de Playa Ancha, Dr. Daniel López Stefoni puntualiza que le seminario se constituyó en una “excelente” oportunidad parara conocer, debatir y lograr acuerdos cooperativos en el ámbito de la gestión de las publicaciones científicas.

“No solo dispusimos de muy buenas exposiciones de editores y científicos, sino también de asistentes participativos y verdaderamente interesados. Quedó la impresión que se trató de un evento de primer nivel y que las universidades organizadoras demostraron los méritos de las tareas colaborativas”, subraya.

Errores en las publicaciones

En primera instancia, se discutió sobre los “Errores más comunes detectados en los artículos por las revistas académicas”, considerando los aspectos más relevantes que evalúan los editores de las revistas científicas para decidir si un artículo es publicable o no.

Participaron en esta primera mesa, que fue moderada por el Dr. en Literatura de la UPLA Alexis Candia Cáceres, la académica de la Universidad del Zulia y miembro del comité editor de la Revista Venezolana de Gerencia, Dra. Wendolin Suárez Amaya; el coordinador de Investigaciones del Departamento de Investigación e Información Pública del Consejo Nacional de Educación y editor de la revista Calidad de la Educación, Esteban Geoffroy Pitta; el Dr. en Lingüística de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y editor de la revista Signos, Giovanni Parodi Sweis; y el académico de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y co-editor del Latin American Journal of Aquatic Research (LAJAR), Patricio Arana Espina.

Posteriormente, el director general de Investigación de la Universidad de Valparaíso, Dr. Adrián Palacios, ofreció la conferencia “El imperativo de investigar en las universidades”, donde enfatizaba la necesidad y la importancia de aumentar las investigaciones científicas en las universidades públicas.

El seminario cerró con una última mesa de debate, que fue moderada por el Dr. Francisco Ganga, donde se abordó como tema principal las “Experiencias en la publicación de artículos científicos: La mirada de los autores”.

Para ello, se invitó a discutir a reconocidos autores como el investigador del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la UPLA, Dr. José Antonio Muñoz Reyes; el investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), Dr. Oscar Espinoza Díaz; la académica de la Universidad de Lasalle y secretaria y revisora de la Revista Internacional de Educación Superior de Brasil, Hildegard Susana Jung; y el académico de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Miguel Pita Domínguez.

Cabe consignar que el encuentro se realizó en el marco del proyecto Fondecyt Regular N° 1161353 (2016-2019): “Formas de gobierno y modelos de valoración del desempeño universitario en Iberoamérica: un estudio bajo un enfoque organizacional multi-teórico”, iniciativa liderada por el Dr. Francisco Ganga Contreras, en conjunto con el Programa Proidea de la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha.

Fuente: santiago.ulagos.cl

En ese contexto, el director de PRIGO, Dr. Francisco Ganga Contreras, participó en el “II Simposio Iberoamericano sobre la relación Estado y Universidad para la mejora de la Gestión Pública”, en La Habana, Cuba.

Tras su dilatada experiencia en el campo de la administración, particularmente en el área de la investigación, el académico de la ULagos, y director de PRIGO, Dr. Francisco Ganga Contreras, fue seleccionado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), como consultor internacional.

A raíz de lo anterior, el organismo le solicitó apoyo académico para la realización del “II Simposio Iberoamericano sobre la relación Estado y Universidad para la mejora de la Gestión Pública: El rol de los Centros Académicos de Formación Superior y las Instituciones Gubernamentales Especializadas”, evento que se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto del presente año, en La Habana, Cuba.

En el encuentro, que fue presidido por el secretario general del CLAD, Gregorio Montero Montero, y la viceministra del Ministerio de Educación Superior de Cuba, Dra. Miriam Alpizar Santana, participaron representantes de los gobiernos universitarios de instituciones de educación superior de los 18 países latinoamericanos integrantes del CLAD, entre ellos Chile.

La conferencia central estuvo a cargo del Dr. Francisco Ganga, quien abordó el tema: “Universidad-Estado-Universidad: Una relación imperativa para el progreso de los países de América Latina”. Para el investigador, participar en este rol “representó una gran oportunidad académica, por los vínculos y redes que se logran en este tipo de actividades”.

Adicionalmente, agregó que su intervención en el simposio “posibilitó dar a conocer las áreas de acción que desarrolla nuestra Universidad, especialmente la que tiene que ver con el campo de la administración pública y la línea de investigación sobre gobernanza universitaria, del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) del Departamento de Ciencias del Desarrollo”.

Metas

Asimismo, el académico detalló que en el evento fueron planteadas cuatro grandes metas en el ámbito de la administración pública.

Se proyectó “analizar los modelos de gestión pública como parte de los procesos de reforma y transformación del Estado y modernización de la administración pública, tomando en cuenta el involucramiento de las universidades”, indicó.

Además, precisó, se propuso “la revisión de las actuales relaciones entre la universidad pública y el Estado, respecto de la formación, investigación y cooperación técnica, para la mejora de la gestión pública”, como también “la evaluación de las relaciones entre universidades públicas y privadas y los entes gubernamentales responsables de la formación y capacitación de funcionarios públicos, ponderando la importancia del rol que desarrolla la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) del CLAD”.

Finalmente, el académico puntualizó que se definió “presentar propuestas oportunas y concretas que tiendan a profundizar las relaciones entre los centros académicos de formación superior y el gobierno, con miras al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”.

Igualmente, el Dr. Francisco Ganga recalcó que “gracias a la metodología desplegada, la calidad de los participantes y el gran apoyo del gobierno de Cuba, los objetivos fueron apropiadamente logrados”.

Junto con Andrés Benítez, que acordó su salida hace unos meses para marzo de 2018, Manola Sánchez –hermana de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez–, decana de uno de sus buques insignes, la Escuela de Economía y Negocios, dejó el puesto hace unos meses y otro de sus directivos clave, Alejandro Jadresic, decano de la Escuela de Ingeniería, está en una pasantía fuera del país. Y ahora se suma el vicerrector de Administración y Finanzas, Marcelo Bermúdez, que anunció su salida en julio.

Andrés Benítez, histórico rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), selló su salida de la casa de estudios para marzo del próximo año. De allí que hace unos meses la universidad haya iniciado la búsqueda del cargo clave para la institución, que debe enfrentarse al mercado educativo con la particularidad de haber sido una de las pocas entidades privadas del sistema que no se sumó a la gratuidad universitaria.

Junto con Benítez, Manola Sánchez –hermana de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez–, decana de uno de sus buques insignes, la Escuela de Economía y Negocios (39.9% de sus alumnos pertenece a esta facultad), dejó el puesto hace unos meses y otro de sus directivos clave, Alejandro Jadresic, decano de la Escuela de Ingeniería, está en una pasantía fuera del país.

No hay novedades de los reemplazantes de estos puestos, pese a que la UAI reclutó a un head hunter para buscar rector, asunto que, de paso, no sería tan bien visto por algunos académicos de la casa de estudios por la naturaleza de estos procesos, que se orientan más bien a la búsqueda de eficientes ejecutivos y no de expertos.

Y ahora se suma una nueva baja en el equipo de primera línea de la universidad ligada al empresario Pedro Ibáñez.

A fines de julio se oficializó la salida del vicerrector de Administración y Finanzas, Marcelo Bermúdez. Benítez difundió una carta interna donde señaló que Bermúdez le comentó sus intenciones de alejarse del cargo para asumir “nuevos desafíos profesionales”.

Respecto a los reemplazantes del actual rector de la UAI no hay novedades, mientras que el sucesor de Manola Sánchez se definirá una vez cerrada la primera vacante. El cargo de Bermúdez tampoco tiene sucesor e interinamente será ocupado por la directora de Finanzas, Brenda Pozas.

Fuentes cercanas a la casa de estudios señalan que dentro de los desafíos de las nuevas autoridades universitarias estará empujar algunas áreas que ha resultado difícil consolidar en el mercado educativo, entre ellas, la matrícula de posgrado, clave para las escuelas de negocios, sobre todo en lo relacionado a las especializaciones de MBA.

En efecto, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación publicados en Mifuturo.cl, desde 2013 a la fecha la UAI no ha podido retomar sus niveles históricos de matrículas de posgraduados. Mientras ese año cerró con más de 2.900 inscritos, en 2015 la cifra cayó por sobre 200 alumnos, mostrando cierta recuperación en 2016.

Fuente: elmostrador.cl