Jorge Gómez Barata (ARGENPRESS.info)
El liderazgo estudiantil chileno quedó perplejo cuando luego de intensas manifestaciones y debates en demanda de una enseñanza universitaria pública y eficiente, el presidente Sebastián Piñera se declaró contrario a la estatización de la educación.

– ¡Este hombre no ha entendido nada! Exclamaron
– ¿A quién se le ocurre que quienes denuncian por injusto e ineficaz al Estado neoliberal chileno quieran confiarle toda la educación y el destino de la juventud ilustrada? Sería como poner la Iglesia en manos de Lutero. Los adolescentes comprenden algo que los políticos chilenos partidarios del fundamentalismo y la desregulación neoliberal todavía no entienden: no es lo mismo social que estatal y público no significa gubernamental.
Cuando se investigan las prácticas aplicadas en los países desarrollados en alguno de los cuales desde hace más de un siglo y en Europa hace 60 años atrás, en materia de educación se aplican políticas sociales y prácticas de administración escolar avanzadas, se descubre una variedad de desempeños que hicieron irrelevante el debate entre la educación pública y privada, todavía vigente en América Latina.
Al margen de equívocos introducidos por confusiones estadísticas que registran la condición de las escuelas y universidades por el modo como se financian, asumiendo que son privadas todos las que no dependen de recursos públicos; enfoque que soslaya la existencia de esquemas de financiamiento y gestión que son sociales sin ser estatales. Ninguna escuela gerenciada por instituciones religiosas, sociales o por sus propios cuerpos de dirección es exactamente privada, aunque tampoco sea estatal.
Prácticamente en ningún país de Europa la enseñanza general (primaria y media), es atractiva como negocio suficientemente lucrativo para incentivar la codicia de los capitalistas. Entre otras cosas, en esos países son estrictas las regulaciones y elevadas las exigencias y se trata de un área en la cual es difícil de competir con los estados que cuentan con mayores recursos que cualquier empresario privado.
El hecho de que la enseñanza se financie con fondos públicos y el Estado dicte las leyes, asuma la función metodológica, establezca los reglamentos y uniforme el sistema, elabore los programas, certifique los textos, conceda licencias, inspeccione y realice auditorias, decida como ha de ser el menaje escolar, faculte a las instituciones para expedir títulos y jerarquías académicas, no significa que se haga recaer sobre los gobiernos la responsabilidad de administrar centralmente decenas de miles de escuelas, institutos y universidades.
La mayoría de los países desarrollados se han abstenido de montar enormes, costosas e ineficientes estructuras burocráticas para operar centralmente el sistema escolar. En muchos, desde hace siglos, funcionan las juntas u otras estructuras rectoras de la educación, integradas por autoridades locales, maestros y profesores, padres, en algunos niveles estudiantes y notables de las comunidades. En la mayoría de los casos los presidentes de tales juntas que controlan por igual a escuelas privadas o públicas son electos.
En las universidades, donde se trata de adultos, la administración escolar -privada y pública- tiende a estar descentralizada y es realizada bajo formulas de autogobierno por las cuales lucharon y vencieron los estudiantes y profesores desde los tiempos de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina en 1918.
Aquel fue, después de la independencia el primer movimiento político de alcance continental mediante el cual la comunidad universitaria confrontó la antediluviana dominación oligárquica y a sus expresiones en los ambientes académicos, luchando contra las prácticas autoritarias, procurando la separación del clero, la modernización, la liberalización, la democratización de la enseñanza y el autogobierno universitario.
En muchos países los criterios de autonomía universitaria perdieron su contenido político original y se refieren ahora al cogobierno y a la dirección de los centros de enseñanza superior. Donde más se ha avanzado los claustros universitarios en coordinación con las organizaciones estudiantiles, las entidades que auspician los centros y las autoridades locales de educación, seleccionan a los rectores y establecen otros criterios de funcionamiento.
A los estudiantes chilenos les ha tocado lidiar con gobernantes tan primitivos que discuten asuntos que ya había resuelto la Corona Española cuando dio a las universidades que fundaba carácter “real y pontificio”, es decir público. Más que tratar de resolver el problema de la educación en su país, el presidente Sebastián Piñera haría muy bien en dejar el asunto en manos de los que lo entienden.

Fuente: El Pais OnLine

Por Ignacio Walker, senador por la Región de Valparaíso

Son tres los proyectos que está conociendo la Comisión de Educación del Senado en materia de educación superior.

Los tres muy importantes; muy controvertidos y susceptibles de ser, por supuesto, perfeccionados en el trámite legislativo, y algunos modificados en forma muy sustantiva, incluyendo el que crea la Agencia Nacional de Acreditación.

El primero es el de financiamiento de la educación superior, que básicamente se refiere al sistema de crédito. Creemos que tiene que abordarse de una manera más integral, sobre una base de derechos garantizados, de becas, de créditos y financiamiento en general de la educación superior.

El segundo, sobre fiscalización, que crea una Superintendencia de Educación Superior. Existe el compromiso por parte del Gobierno de presentar una indicación sustitutiva de ese proyecto, dado los muchos aportes y críticas que se han hecho al mismo.

Y el tercero, que tiene pendiente la votación en general de Sala, se refiere a sistema de acreditación.

Creo que hay que partir valorando la decisión del Ejecutivo frente a los lamentables sucesos que hemos conocido, por ejemplo, en torno a la Universidad del Mar, en cuanto a avanzar a un perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la educación superior, incorporando la acreditación como algo obligatorio, que es la principal innovación de este proyecto, estableciendo ciertos estándares que apuntan a asegurar la calidad de la educación superior, reforzando el carácter público de la instancia a cargo de esta acreditación y regulando de manera adecuada los múltiples conflictos de interés que existen en esta materia.

Sin embargo, muchos creemos que esta iniciativa tiene que insertarse en el ámbito de una reforma integral al sistema de aseguramiento o de acreditación, que aborde de manera sistemática y simultánea el marco regulatorio para la educación superior.

Porque, en definitiva ¿qué estamos haciendo? Regulando un mercado desregulado. La educación ha estado librada, básicamente, a una lógica de mercado y surge la necesidad de regular de manera adecuada la educación considerada como bien público. Y para esto crear una nueva institucionalidad que garantice ese marco, marco regulatorio que es como el pegamento de los tres proyectos que mencionaba -de financiamiento, de fiscalización y acreditación, y, especialmente, regule de manera efectiva la prohibición del lucro que pesa sobre las instituciones universitarias desde el año 81 y que se burla sistemáticamente.

Si bien se comparte en este proyecto la lógica de este sistema de aseguramiento en materia de licenciamiento, de acreditación, de un sistema de información, personalmente creo que el proyecto del Ejecutivo debe ser integralmente reestructurado, a través de una indicación sustitutiva y, por lo tanto, habrá un trabajo de ingeniería/detalle -por así decirlo- más allá de este diseño, de esta arquitectura, de la próxima votación en general que permita incorporar muchas de las observaciones y críticas que ha recibido de los más diversos sectores el proyecto, tal cual está.

Las principales adecuaciones que requiere este proyecto, a nuestro juicio, y que habrán de ser objeto -esperamos- de esa indicación sustitutiva a la que se ha comprometido el Ejecutivo son:

Primero, y lejos la más importante -compartiendo que el sistema de acreditación tiene que ser obligatorio, porque es la única forma de asegurar esos estándares mínimos de calidad- creemos que hay una confusión en el proyecto entre licenciamiento y acreditación, y hay que separar y distinguir claramente entre lo que es licenciamiento, que es el procedimiento por el cual la institución obtiene su autonomía; de lo que es la acreditación en base a esos estándares que acreditan esa calidad, siempre velando por una continuidad del proceso, porque muchas veces ocurre que una institución obtiene licenciamiento, tiene autonomía y después hace lo que quiere y, por lo tanto, no es regulada de manera adecuada desde el punto de vista de los requisitos de calidad y los estándares que establece la ley.

Por lo tanto, se trata de separar, de distinguir, pero de complementar e integrar ese licenciamiento con la acreditación en un proceso continuo y también deben distinguirse claramente los requisitos de ingreso al sistema de los estándares de calidad.

Algo muy importante que hemos propuesto con mucha fuerza -y yo he insistido particularmente en ello- es fijar estándares ad hoc para la educación universitaria y para la educación de los centros de formación técnicos e institutos profesionales, que no son lo mismo.

A muchos nos parece fundamental que este consejo de acreditación tenga -por así decirlo- dos subcomisiones, una abocada al tema educación superior universitaria y otra, abocado al tema educación superior no universitaria: centros de formación técnica e institutos profesionales.

Luego, es fundamental un adecuado equilibrio entre la autonomía institucional que se obtiene con el licenciamiento y estas exigencias mínimas desde el punto de vista de los estándares y la calidad.

En materia de obligatoriedad creemos que no puede ser aleatorio el tema de acreditación de los doctorados, justamente, dada la importancia que tiene esa fase del conocimiento. Por lo tanto, debiera ser obligatorio.

En materia de los plazos de acreditación muchos creemos que este sistema dicotómico de acreditado o no acreditado y por seis años es insuficiente. También es insuficiente e inadecuado el actual sistema de acreditación de uno a siete años. Pero se puede establecer una gradiente para que aquellas instituciones más maduras, más complejas que hacen docencia, que hacen investigación, que tienen historia puedan tener un mayor plazo y otras, por ejemplo, que vienen ingresando al sistema, que tienen menos historia, que no tienen investigación puedan tener un plazo menor, y que exista, por ejemplo, un plazo provisorio de tres años.

Pero tanto el sistema actual sistema, como el que propone la ley nos parecen inadecuado.

Ahora, con respecto a la institucionalidad, creemos que se puede adecuar de muchas maneras. Por ejemplo, el número de miembros del Consejo se puede adecuar, creo que son necesarios más de cinco miembros y que tenga personal suficiente para hacer frente a la tarea permanente de acreditación, que permita mejorar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es uno de los temas centrales de este proyecto, porque todos sabemos los conflictos de interés permanente que existen en la administración y propiedad de las instituciones de educación superior.

Y que haya, ciertamente, un financiamiento institucional. No puede seguir dándose que la propia institución acreditada financia al acreditador. Obviamente que se genera allí una incompatibilidad.

En síntesis, espero que el Senado apruebe en general este proyecto de ley y habrá tiempo, en la discusión en particular, para corregir muchos de estos problemas que he mencionado y ojalá una indicación sustitutiva que permita incorporar muchas de las observaciones críticas que se han formulado en el más variado espectro de expertos, de instituciones, de docentes que han estado presentes en las sesiones de la Comisión de Educación.

Fotografía: emol.com