La investigación en España está llena de paradojas. Los científicos son algunos de los profesionales mejor valorados por la población,pero casi la mitad de los españoles no sabe nombrar ni a uno. El país ha llegado a estar entre los 10 que más ciencia producen, pero la inversión pública y privada en I+D+i no ha dejado de caer desde el comienzo de la crisis hasta quedar en el 1,24% del PIB, un nivel similar al de 2006 y cada vez más lejos de la media de la UE. Mientras el ministro de Educación, Ignacio Wert, dice que la fuga de cerebros está sobredimensionada, y el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de I+D+i, asegura que es “una leyenda urbana”, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que entre 2010 y 2012 se perdieron más de 7.500 investigadores, y otros datos oficiales aseguran que la plantilla del CSIC ha bajado en 1.800 empleados en dos años y medio. Estos y otros problemas centraron el debate El apoyo a la investigación en España, organizado por EL PAÍS y patrocinado por Fundación La Caixa. El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, invitado a este foro, declinó asistir.

Cultura

El problema de la I+D+i en España es que “no se trata solo de dinero, sino de cultura”, opina el cardiólogo Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). En su opinión “es fundamental motivar a la gente joven, darle oportunidades, tener la tecnología adecuada y fomentar la excelencia”. “El talento que he visto en España no lo he visto en ningún país”, destaca Fuster.

Uno de los retos que afronta el país es mantener parte de ese talento y hacerlo sí es una cuestión de dinero, según Carlos Buesa, director general de Oryzon. “En este país nos ha faltado un compromiso político transversal para blindar los presupuestos y no estar sujetos a los vaivenes políticos”, resalta. “La financiación del sistema es excepcionalmente mala y por eso necesita una solución excepcional, como se ha hecho en otros sectores”, considera Enric Banda, director del área de ciencia y medioambiente de la Fundación La Caixa.Esta fundación dedica 30 millones de euros al año a investigación biomédica en las enfermedades más prevalentes. Ante este y otros problemas, la estrategia del actual Gobierno pasa por “estabilizar al alza los presupuestos”, asegura Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i. “Desde que empezaron a subir los presupuestos de ciencia en 2000 hemos seguido una evolución en dientes de sierra”, señala Vela. Insuflar dinero en tiempos de bonanza y recortarlo en las crisis como ha hecho el actual Gobierno y el anterior es exactamente lo contrario que se debería hacer para aumentar la productividad. Vela coincide en que lo que falta ahora es creérselo. “Yo ya he quitado de mis discursos lo de la sociedad basada en el conocimiento porque ya está manido”, reconoce la secretaria de Estado, en referencia a una de las frases más repetidas cuando se hablaba de crecimiento antes de la crisis.

La falta de cultura científica contribuye a que los políticos puedan mantener ese avance en picos de sierra sin muchos problemas. “La sociedad no sabe nada de ciencia”, resalta Vela. Es un problema idéntico, dice, al que hay “en el Parlamento, donde la ciencia solo sale en los debates como elemento arrojadizo y no por la importancia que pueda tener”, lamenta.

Muchos de los participantes destacan que el punto clave es proteger a los cerebros más jóvenes y mejor preparados: promocionar la excelencia. Aquí también entra en juego la necesidad de generar vocaciones científicas desde muy jóvenes y en eso, dice Buesa, los medios de comunicación no siempre ayudan, pues transmiten “fatalismo” sobre la carrera científica.

Reformas

Otro de los grandes problemas es la rigidez y burocracia reinante en muchos centros públicos de investigación y universidades. En España, estas últimas contribuyen el 60% de todo el I+D+i del país, según recuerda Vela. Pero ni las universidades ni los grandes centros públicos como el CSIC cuentan con la flexibilidad e independencia de operación que tienen otros organismos como el CNIC de Fuster o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que dirige María Blasco. Y en su opinión, ni siquiera estos centros de referencia tienen suficiente visibilidad y relevancia. “En España los centros de mayor excelencia no tienen tanto apoyo como sus homólogos alemanes, por ejemplo”, resalta Blasco.

Universidad

Una de las piezas del sistema donde más se nota la falta de reformas son los campus españoles, a menudo criticados por su endogamia y su falta de renovación. Buesa menciona que el departamento donde leyó la tesis y formó su primer grupo de investigación en la Universidad de Barcelona está en 2014 con unos niveles de financiación iguales a los de 1996. Esto significa “un profesorado que no se renueva y ninguna posibilidad para fichar a jóvenes”, resalta.

Otro problema es la falta de competitividad internacional. En España, “la excelencia no ha llegado a la universidad”, opina Banda. En otros países las universidades colaboran estrechamente con los centros de mayor excelencia. “En España nos falta mezclar más la investigación con la educación, en Alemania los centros Max Planck están frecuentemente en los campus y en ellos reclutan a sus jóvenes científicos”, comenta Mónica Martínez, presidenta de GMV.

Fuga de cerebros

Al contrario que Wert o Emilio Lora-Tamayo, Vela sí reconoce que “hay un problema” con la fuga de cerebros. “Hay que tratar de definirlo porque no tenemos datos, espero que pronto podamos tenerlos, aunque estos años se han producido flujos migratorios que es muy complicado seguir”, comenta. Buesa llama al realismo y asegura que ningún país, ni siquiera EE UU, puede dar cabida a todos sus jóvenes doctores y es la empresa privada la que acaba contratando a muchos de ellos. “Si todos los españoles que llevan tres, cinco, diez años en el extranjero como investigadores postdoctorales ganándose la vida quieren volver a España para ser científicos del CSIC o catedráticos de universidad, tenemos un problema porque el país nunca tendrá esa capacidad, ni ahora ni dentro de 50 años”, resalta.

En los últimos años la capacidad de absorción del sistema español ha sido casi nula. Para intentar corregirlo, Vela dijo que, aunque no esté “sobre el papel” en los presupuestos para 2015, ese año se repondrá “el 100%” de las plazas para investigadores que queden vacantes en el sistema público de I+D+i. Hasta ahora, las restricciones impuestas por el Gobierno solo dejaban cubrir una de cada 10 plazas y, en 2015, la cifra sobre el papel es del 50%. Pero incluso esta medida no escrita solo permitiría “quedarnos como estamos”, resaltó Banda.

Empresas innovadoras

La investigación básica cada vez despierta más el interés de las empresas en el campo de la biomedicina, explica Blasco. En su centro, dice, el grupo que hace investigaciones más básicas es también el que tiene más acuerdos con empresas. Estas compañías, sobre todo farmacéuticas, están buscando “líderes científicos” en los mejores centros de I+D. El problema, resalta, es que “todos los acuerdos que tenemos con farmacéuticas son con empresas extranjeras”.

“En España sí tenemos líderes mundiales en algunos sectores, aunque es cierto que no son muchos y que no se nos conoce”, opina Martínez sobre su sector, el espacial. Aparte de las grandes compañías, lo que faltan son firmas más pequeñas que también puedan ser líderes, dice Buesa, que ha cerrado un acuerdo con una multinacional suiza para desarrollar un nuevo tratamiento contra el alzhéimer.

En general, España sigue presentando un panorama de I+D+i empresarial copado por unas pocas grandes compañías pero, aún así, el sector privado contribuye poco más de la mitad de todo el gasto en I+D+i, lejos de los países líderes. “En Japón, las empresas aportan el 80% del gasto en I+D”, recuerda Vela. También es evidente la brecha con el entorno de la UE. Solo 21 empresas españolas están entre las 1.000 firmas europeas que más invirtieron en I+D en 2013.

Mecenazgo

Al analizar la situación de otros países, llama la atención la contribución en I+D+i por parte de fundaciones y filántropos. La nueva ley de mecenazgo debería haber despejado el camino en este campo, pero la norma está aún en proceso de ser aprobada. “El borrador se comenzó a hacer a principios de legislatura; han salido algunas partes y otras siguen en estudio, pero es difícil sacarla en las actuales circunstancias”, reconoce Vela. “El sector filantrópico está creciendo, pero aún supone menos del 1% de lo que se invierte en I+D mientras en Italia es el 3% y en Reino Unido, el 5%”, dice Banda.

Fuente: elpais.com

Las autoridades del nivel central y organismos de gobierno tendrán un período de gestión de cuatro años.

Apartir de hoy y hasta el próximo 1.º de septiembre estará vigente el período de inscripción de las personas interesadas en asumir la conducción de la Universidad de El Salvador (UES) en el nivel central, organismos colegiados y de facultades, para los próximos cuatro años.

El proceso electoral de la institución de educación superior inició su primera etapa en julio pasado con la convocatoria a la elección de los 36 comités electorales de las 12 facultades que tiene la universidad, correspondientes a los sectores estudiantil, docente y profesionales no docentes; así como los tres consejos preelectorales, uno por cada sector.

Hoy inicia la etapa de inscripciones para rectoría, vicerrectorías académica y administrativa, defensoría de los derechos universitarios, decanos y vicedecanos de las 12 facultades. También los delegados de los tres sectores ante el Consejo Superior Universitario (CSU) y juntas directivas por facultad.

Los requisitos para la rectoría y vicerrectoría son, según la Ley Orgánica, ser salvadoreño por nacimiento y mayor de 30 años; gozar de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; acreditar experiencia administrativa y académica, o haber laborado cuatro años en la universidad, o haber formado parte de los órganos de gobierno universitario durante el mismo tiempo; y ser graduado o incorporado por la universidad y tener no menos de ocho años de poseer el título académico.

La documentación requerida incluye un finiquito de la Corte de Cuentas de la República (CCR) o constancia de haberlo tramitado y solvencia de antecedentes penales. “Tenemos que saber qué tipo de funcionarios vamos a poner a administrar los recursos de la universidad pública del país”, dijo Nelson Bernabé Granados, presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo organismo normativo y elector de la universidad.

El 2 de septiembre esperan suscribir un pacto de compromiso a una campaña de respeto y no agresión con todos los precandidatos y el 10 de septiembre tienen programado un debate con los aspirantes a rectoría.

“Que el electorado sepa a quién le va a dar su respaldo. Porque si yo voy a proponer a una persona para la rectoría, por ejemplo, pero se olfatea que no está haciendo bien su trabajo aún en el cargo en que está, entonces ahí vamos a ver qué habilidades, cómo se defienden y qué propuesta tienen, cuál es la visión de desarrollo de la institución”, sostuvo.

Los que resulten electos en los sectores pasarán a la etapa de voto de calidad en la AGU, que tendrá que analizar las propuestas y verificar que cumplen los requisitos. La juramentación y toma de posesión serán el 28 de octubre.

La UES tiene unos 52,000 estudiantes y un presupuesto que ronda los $84 millones. Con más recursos podrían admitir a más estudiantes, según Granados.

Fuente: laprensagrafica.com
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El 24 de septiembre de este año comenzará oficialmente la carrera por la Rectoría de la UNAM, cuando la Junta de Gobierno universitaria lance la convocatoria.

Ciudad de México (elsemanario.com).- Será este 24 de septiembre cuando laUNAM lance la convocatoria para la sucesión de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Esto se dio a conocer a través de un comunicado de la Junta de Gobiernode la institución educativa.

Según el segundo inciso de este comunicado, la convocatoria próxima a publicarse es la que marcará las distintas etapas de este proceso, las formas en las que se buscará la opinión de la comunidad, además de registrar la participación de los universitarios; por lo que, en su momento, la Junta de Gobierno es la que se encargará de informar de cada una de las etapas, así como de sus resultados.

Es así como, con la publicación de la convocatoria, iniciará oficialmente el proceso institucional para designar al sustituto de José Ramón Narro Robles. Asimismo, la Junta informa que a partir de esta fecha “tomará en cuenta las diversas expresiones y manifestaciones de la comunidad“.

Aquí es donde suele haber más ruido. Recordemos que cuando el actual Rector fue electo por primera vez, en 2007, parte de la comunidad universitaria alzó la voz remarcando que académicos y estudiantes no son tomados en cuenta para una decisión de tal magnitud; además de insinuar que Narro Robles tenía el apoyo del Ejecutivo Federal y de algunos agentes políticos, sociales y económicos del momento que lo respaldarían hasta convertirse en el nuevo rector.

“La elección debería contar con la participación de toda la comunidad universitaria; hoy en día está a cargo exclusivamente de los 15 notables que integran la Junta de Gobierno, aunque su decisión la toman después de hacer una fina y detallada auscultación”.

Es así como se expresaría Enrique Galván Ochoa en su columna, Dinero, del diario La Jornada, después de hacer una encuesta sobre la pregunta ¿Es democrático el procedimiento para designar rector de la UNAM?, en octubre del 2007.

Según David Cienfuegos Salgado, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, el proceso previo a la elección de Narro “había incluido ocho horas de discusión, tres rondas de análisis a documentos, evaluación de las presentaciones de propuestas de trabajo y la valoración a la trayectoria de los ocho aspirantes”. Después, la Junta de Gobierno haría lo propio.

La Junta de Gobierno de la universidad nacional, es integrada por “quince distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos por el Consejo Universitario”. Esta junta tiene la facultad de nombrar al Rector, a los directores de las facultades y a los miembros del Patronato Universitario, entre otras cosas. Fue conformada desde 1945.

La Junta toma sus decisiones “por mayoría absoluta de votos de los concurrentes, salvo casos especiales como la elección de Rector, en la cual se requerirá una mayoría calificada de diez votos”. Es decir, aunque la comunidad académica y estudiantil decida pronunciarse a favor o en contra de alguno de los “candidatos”, o de la manera en que el Rector se elige, no será tomada en cuenta.

Son vastas las críticas sobre el sistema de selección del rector. Imanol Ordorika, académico universitario, en aquel periodo de elección, expresaría que son nulas las posibilidades de la comunidad universitaria para incidir en la decisión, “la Junta de Gobierno (…) es como un consejo cardenalicio encargado que nombra al jefe de la Iglesia católica”. A la fecha, ocho años después, el panorama no parece haber cambiado mucho.

Al momento son dos los que se han destapado para ocupar este puesto en la UNAM; una de ellas es Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien es Doctora en Ciencias. El otro es Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil egresado de la UNAM.

Fuente: elsemanario.com

El documento del Mineduc que esboza la propuesta del gobierno sobre reforma al sistema nacional de educación superior, presentado el 14 de julio recién pasado, busca hacerse cargo de diversos aspectos necesarios para que el sistema terciario de educación de nuestro país, en su totalidad, alcance los estándares necesarios de calidad e integración social, que hoy la sociedad demanda.

Si bien valoramos como representante estudiantil las medidas que apuntan a fortalecer la calidad, los sistemas de acreditación y la creación de un sistema único de acceso, nos preocupa seriamente una las condiciones propuestas para garantizar el acceso a la gratuidad universal en las universidades.

La condición específica que nos preocupa es la imposición de formas de gobierno universitario, que el texto en cuestión define como democráticas y triestamentales, siendo que el documento parte de la base de respetar la autonomía universitaria, garantía absoluta en el desarrollo de cualquier proyecto educativo y expresión de la pluralidad social. La imposición viene de la mano del financiamiento, las instituciones que no accedan a cambiar sus formas de gobierno no tendrán acceso a los recursos del Estado.

Consideramos que esta es una imposición arbitraria, que no toma en cuenta que la forma de gobierno de cada casa de estudio es expresión y garante de su proyecto educativo. Si bien somos partidarios de aumentar la participación de todos los miembros de nuestra comunidad en las decisiones de nuestra casa de estudio, nos parece fundamental que esta tenga autonomía para ver el mejor medio a implementar.

Hoy nuestra universidad se encuentra en medio de un proceso de reflexión que apunta a ampliar los espacios de participación, para estudiantes y trabajadores, en la organización y toma de decisiones de la universidad, porque ciertamente todos los miembros de la institución son responsables del bien de la misma. En este sentido la triestamentalidad no asegura de por sí la participación y, por tanto, el foco de la reforma debiese estar en garantizar espacios de deliberación, diálogo e intercambio de perspectivas, evitando la generación de un campo de lucha por el poder donde primen los intereses particulares de cada sector.

El fin de la reforma en lo referido al gobierno de cada institución debe apuntar a fomentar y garantizar la participación, de los diversos actores, en cada universidad, pero respetando las formas de gobierno que de acuerdo al proyecto educativo en cuestión se presenten como más adecuadas para alcanzar el fin que cada institución se ha propuesto. En este ámbito no existe una receta única y la imposición estatal de formas de gobierno puede terminar desfigurando los proyectos educativos y atentando gravemente contra la pluralidad de visiones que en educación deben existir para contribuir al carácter diverso de la sociedad.

Por esperamos que el gobierno reflexione seriamente sobre las consecuencias que este de imposiciones traería sobre el sistema educativo.

Fuente: elmostrador.cl
Imagen: emol.com

Hicieron una advertencia y la cumplieron. El 29 de julio un grupo de encapuchados entró a tres campus de la U. Católica de Temuco y destruyó sillas, mesas y equipos, según denunció el rector de la institución, Aliro Bórquez.

Días antes, mediante un video difundido en redes sociales, seis personas encapuchadas, quienes sólo se identificaron como “los estudiantes movilizados de las distintas carreras pertenecientes a los campus doctor Luis Díaz del Canto y Juan Pablo Segundo”, amenazaron a la rectoría de ese plantel. Afirmaron que si no había una respuesta positiva a su petitorio “radicalizaremos nuestra movilización y  paralizaremos completamente la universidad hasta recibir una respuesta seria y responsable. Esto no es una amenaza, es una realidad”.

Y así lo hicieron.

El rector lamentó el hecho y señaló que el video correspondería “a un grupo anárquico llamado ‘MAL’; ellos, el día 29, ingresaron a la universidad. Nosotros pedimos el desalojo e informamos al Ministerio del Interior porque no podemos aceptar estas situaciones”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica de Temuco, Alvaro Bustamante, aseguró que “nosotros no hemos alentado este tipo de declaraciones y tampoco ha sido resuelto en las asambleas generales, es un grupo de estudiantes el que decidió grabar el video”. Y subrayó que “estamos buscando mesas de negociación y esperamos mantener distintas actividades, pero sin tensionar más el ambiente”.

Durante la semana se produjo un incidente en una marcha convocada por los alumnos de la U. de La Frontera, donde resultó lesionado el presidente de la federación, Ricardo Lüer. Estos son dos ejemplos que  muestran cómo en algunas ues  se ha incrementado la ocurrencia de situaciones tensas y en ciertos casos violentas.

En la Confech, sin embargo, han señalado en varias ocasiones que se intenta criminalizar el movimiento estudiantil. “Si estamos recibiendo golpes de fuerzas especiales es porque los rectores nos han empujado a llevar al límite las movilizaciones con su intransigencia y negativa al diálogo”, planteó el presidente de la federación de la U. de Concepción, Sebastián Reyes.

Una de las demandas que se ha repetido en varios planteles es la exigencia de triestamentalidad en el gobierno universitario, lo que implica voz y voto de estudiantes, funcionarios y académicos en los cuerpos colegiados de cada plantel. Según Bórquez en el caso de la U. Católica de Temuco la federación está pidiendo “participación con voto en el Consejo Superior de los siete integrantes de la federación de estudiantes, llegamos a un acuerdo firmado con la federación, donde se establecía que abordaríamos la participación en una mesa de trabajo lo que después fue desconocido por una asamblea donde había 60 de 8.600 estudiantes”.

Además, la autoridad universitaria indicó que “ya tenemos presentada una denuncia en el Ministerio Público por “usurpación de las instalaciones, las tomas y destrozos”.

Confech

Para hoy -en la U. Diego Portales- está planificada una nueva asamblea plenaria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el tema principal será la discusión para definir si aceptan participar con el Ministerio de Educación con miras a los proyectos de reforma. Y según explicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Valentina Saavedra, “mañana (hoy) se debe dar la discusión en una mesa de diálogo, con el gobierno, de cuáles serían las temáticas centrales y qué garantías tendríamos”.

La dirigenta dijo que si no se logra tomar una decisión en esta jornada se dejará la votación para el 15 de agosto, cuando la Confech se reuna en Arica. Esto, porque hay federaciones que aún no votan internamente para una postura. Es el caso de la U. de Concepción, donde, según dijo el presidente, se van a abstener.

Y el presidente de la U. Arturo Prat, Cristian Romero, sostuvo que “es dificil decidir un diálogo con un gobierno que cada dos semanas cambia los criterios de la gratuidad”. El presidente de la U. de Talca, Ervin Castillo, señaló que “no dialogar sería anularse políticamente y anular cualquier tipo de influencia en la reforma”. Y añadió que “no tenemos que cometer los mismos errores del gobierno, que ha pecado de soberbia politica imponiendo sus proyectos. Los estudiantes tenemos que mostrar otra cara”.

En la plenaria de hoy además se espera fijar una próxima fecha de movilización.

Fuente: latercera.cl

Abrir la autonomía implica: que el gobierno universitario incorpore a representantes sociales y estatales con el 40% del voto en el Consejo Universitario; y que la investigación universitaria produzca conocimiento nuevo y, a la vez, trabaje como Observatorio de Políticas Públicas, haciendo informes y evaluaciones de esas políticas.

La educación en América Latina es ahora un derecho generalizado. La educación básica, se entiende, pero también cada vez más la educación superior. Sin embargo, tenemos muy serios problemas. Se acabó la etapa de expansión fácil que rigió en las últimas décadas del siglo XX. Hoy, para explicar el lugar de la educación en la sociedad, no basta con afirmar que es el espacio público de socialización por excelencia. Ahora es inevitable ir más allá y proponer una escuela social y no solo nacional, y una universidad política y no solamente académica.

El laberinto universitario alcanzó las características del autismo. Como define un diccionario cualquiera, el repliegue patológico de la institución sobre sí misma. Y eso se nota particularmente en procesos electorales. Cuando todas las candidaturas presentan sus programas repitiendo 30 años de lo mismo. “Vivan la autonomía universitaria y el cogobierno docente estudiantil. Muera el imperialismo. Hay que mejorar la gestión. Hay que fortalecer la institucionalidad. Hay que seguir luchando por el presupuesto universitario”. Eso sería todo. Que la decadencia continúe.

Por eso hoy trabajar para devolver el sentido social a la escuela y a la universidad tiene importancia estratégica. En el caso de la educación superior, a través del pacto educativo, es decir, teniendo la voluntad de someterse a un debate público con todos los actores para devolverle su lugar como política pública central.

La universidad boliviana hizo dos aportes históricos en estas décadas democráticas. El primero, sin duda, es haber constituido la reserva moral de la nación en épocas de dictadura. Cuando el sindicato minero y la izquierda socialista eran la reserva democrática, la universidad los cobijaba en ese rincón en el que la ética política no permitía el ingreso de la cultura autoritaria. El segundo ha sido la construcción de ciudadanía, es decir, ejercicio de derechos y no solo práctica democrática. Porque la expansión de las libertades supone la existencia de una institución que las forje y que inculque en la gente la conciencia de su ejercicio.

Pero creo, lamentablemente, que eso es todo. En momentos de institucionalidad democrática ciertamente no fue poco. Sin embargo, una de las pocas instituciones que la hizo nacer, no fue capaz de acompañarla en su crecimiento y maduración. Y aquí radica el punto neurálgico. Hace 15 años la Unesco promovía la participación universitaria en los valores fundamentales de la democracia y la vivencia profesional como un servicio público, porque se tenía la conciencia de que la más importante institución de educación superior había ingresado en una crisis estructural. Una crisis que, en el país, puede ser calificada como una crisis de irrelevancia generada por el autismo.

La universidad pública de hoy no es la de ayer. La de ayer: la del 30 y la autonomía institucional, la del 52 y la autonomía ante el Estado, la del 70 y el cogobierno docente estudiantil, la del 82 y la vinculación con las necesidades sociales, era, finalmente, una sola. Era una universidad pública y nacional cuando ambas necesidades convergían en la democracia. Esto explica, entonces, aquello de que la universidad era la reserva democrática. Esto explica, también, que la universidad hoy no es la de ayer porque ninguna de esas responsabilidades la caracterizan institucionalmente.

¿Será posible, con una sola medida, hacer nuevamente de la universidad un motivo de orgullo nacional? ¿Podrá la misma universidad, sin esperar presiones ni desprecios ni exigencias, crecer a la altura del desafío histórico de esta oportunidad? Creo que sería posible porque la medida es simple y es un detonante de transformaciones profundas: abrir la autonomía.

Hoy la autonomía universitaria se ha convertido en una sordera estructural. Hoy la autonomía es apenas el pretexto para el ensimismamiento. Es entonces, reitero, imprescindible abrir la autonomía. Cuando el gobierno universitario se componga de docentes, estudiantes, representantes sociales y delegados estatales, se institucionalizará una autonomía con responsabilidad social y la universidad asumirá su calidad de bien público. Así podrá renacer del rescoldo de esa autoridad moral de la nación que la convirtió en una de nuestras pocas esperanzas democráticas.

En términos de gestión, abrir la autonomía implica dos decisiones: Que el gobierno universitario incorpore a representantes sociales y delegados estatales con el 40% del voto en el Consejo Universitario;
que la investigación universitaria se materialice produciendo conocimiento nuevo y, a la vez, trabaje como el Observatorio de Políticas Públicas, produciendo anualmente informes y evaluaciones de esas políticas.

Si la universidad incorpora a la sociedad y al Estado en su toma de decisiones, su responsabilidad social alcanzará un impacto estatal —contribuirá a profundizar la democracia— y un impacto social —el ejercicio profesional como servicio público. Pero, al mismo tiempo, no solo debería responder a esas demandas, sino generar desde adentro actitudes y disposiciones. Así, el conocimiento no será un monopolio ni el desarrollo institucional una sucesión fragmentada de cortos plazos y se convertirá en una vocación por la redistribución del conocimiento, de manera que éste genere igualdad de oportunidades, generalizando los doctorados gratuitos, financiando mucho más la investigación y, muy enfáticamente, participando en las iniciativas municipales que posibiliten una mayor calidad de la educación básica.

Uno de los problemas básicos que enfrentamos en Bolivia es que nuestro diseño constitucional hace imposible la fiscalización de las políticas públicas desde el propio Estado. Todos los poderes obedecen, ovejunamente, al Ejecutivo. Por consiguiente, la sociedad está obligada a construir algo que le permita contar con información transparente y haga posible realizar la fiscalización, porque el uso y destino de los recursos públicos es del mayor interés de todos los ciudadanos. La universidad es la única institución que cuenta con el capital cognitivo y los recursos humanos para analizar la información y observar el uso de nuestros recursos. Sus muchos institutos de investigación cubren el espectro de todas las políticas públicas y le permitirían cumplir con eficiencia el rol de los observatorios desde la perspectiva de los intereses de la sociedad. Porque la responsabilidad no solo tiene que ver con el impacto directo de los académicos en la sociedad, sino, sobre todo, con la manera cómo la universidad internaliza las demandas y genera una disponibilidad a cumplir casi espontáneamente con las expectativas sociales. Se trata, por consiguiente, de que la responsabilidad social sea tanto una política institucional impulsada desde la sociedad como un valor académico generado por la propia vida universitaria.

La universidad boliviana está muy lejos de asumir su responsabilidad social como parte integral e imprescindible de su vida institucional. Seguramente esta es una de las razones por la cual su presencia en el país es tan poco relevante. Pero, al mismo tiempo, es una de sus paradójicas oportunidades para volver a ocupar un lugar como protagonista en el diseño de nuestro propio horizonte nacional. Si no se transforma, la propia sociedad deberá asumir esa tan difícil y compleja responsabilidad. Porque caso contrario, nos espera una educación mercantil, es decir, la lenta agonía pero inevitable muerte de la educación pública. Y, por consiguiente, estaremos condenando a la inviabilidad a la sociedad educadora; una de las muy pocas, si no la única vía, para hacer del diálogo de saberes, no de la lucha por el poder, el eje organizador de un país intercultural.

Fuente: La Razón (Bolivia)

El Dr. Francisco Ganga y el asistente de investigación Patricio Viancos, integrantes del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO de la Universidad de Los Lagos, participaron, el pasado 29 de mayo, en un encuentro organizado por la Red de Investigadores en Educación Chilena (RIECH). En la jornada se discutieron diversos alcances de la reforma en educación superior en curso.

Esta reforma ha estado en la discusión pública principalmente por el proyecto de gratuidad, sin embargo también busca desarrollar un marco regulatorio para las instituciones de educación superior (IES) que incluye tipificación de éstas y definición de una estructura organizativa nacional para las IES estatales.

En el encuentro los/as investigadores/as profundizaron los principales aspectos de la reforma que el gobierno está impulsando. Álvaro Cabrera, Jefe (s) de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, presente en el encuentro, contribuyó con antecedentes sobre esta reforma y animó la conversación que incluyó ideas sobre de la tipificación de las instituciones de educación superior, aseguramiento de la calidad, financiamiento, gratuidad y nueva estructura organizativa.

En su exposición el Dr. Ganga, investigador responsable del Proyecto Fondecyt Regular “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas: Un análisis desde la Teoría de Agencia”, dio a conocer los avances de su investigación y manifestó su preocupación por la poca discusión, que se ha dado a nivel gubernamental, respecto de los modelos de gobierno universitario que tienen estas entidades en Chile.

El investigador y académico del Departamento de Ciencias del Desarrollo sostuvo, “el gobierno, los investigadores, especialmente los del área de la administración y la educación, tienen la obligación de promover el estudio de la gobernanza universitaria, pues sólo de esta manera se puede conocer el estado en el que se encuentra la estructura interna y externa, sus procedimientos y procesos y, en general, la forma como se gestiona la respectiva institución. Preocuparse de estos temas, resulta hoy en día una tarea ineludible. El éxito y la calidad de estas entidades educativas depende de estos factores”.
RIECH

RIECH está constituida por investigadores chilenos y extranjeros dedicados al estudio de la educación chilena en todos sus niveles (pre-escolar, escolar, secundaria y superior) y desde múltiples perspectivas disciplinares, metodológicas e ideológicas.

Las/os miembros de RIECH son académicos, estudiantes de posgrado de universidades chilenas y extranjeras, así como también educadores y profesionales de organizaciones privadas y públicas a cargo del diseño, implementación, y evaluación de políticas y programas educacionales en Chile.

Organizado por el Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO de la Universidad de Los Lagos, y el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, se realizó, este jueves 04 de junio, en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte de esta última universidad, el seminario ‘Gobernanza Universitaria’.

La actividad ideada para dar a conocer las diferentes posturas de los/as investigadores/as nacionales sobre la gobernanza de las universidades, y el debatir propuestas, compartir conocimientos y experiencias, se da en el contexto de los cambios a la legislación en esta materia, que actualmente se tramita en el Congreso, y que permitirían, entre otros aspectos, la participación de estudiantes y funcionarios/as no académicos/as de las instituciones de educación superior en sus gobiernos universitarios.

La actividad comenzó con la exposición del ex Vicerrector Académico de la Universidad de Concepción, Ernesto Figueroa Huidobro, quien comentó sobre la experiencia de la Universidad de Concepción y los convenios de desempeño como forma de financiamiento.

Acto seguido se desarrolló la ronda de presentaciones en la que participaron la investigadora y académica de la Universidad de Tarapacá, Dra. Liliana Pedraja Rejas, con la ponencia “Gobierno y decisiones estratégicas en las instituciones de Educación Superior: avances investigativos”; el investigador y académico de la Universidad de Los Lagos, Director de PRIGO, Dr. Francisco Ganga Contreras, y el tema “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas: Un análisis desde la Teoría de Agencia avances investigativos”; el investigador y académico de la Universidad de Los Lagos, Director del Departamento de Ciencias Del Desarrollo e integrante de PRIGO, Dr. © Juan Abello Romero, y la exposición “Algunas Aproximaciones Teóricas para el Estudio del Máximo Cuerpo Colegiado”. Finalizó la ronda de presentaciones el investigador y académico de la Universidad Diego Portales, Dr. José Joaquín Brunner, con la exposición “El gobierno de las universidades chilenas: situación actual y perspectivas”.

Al cierre de la jornada la y los expositores respondieron preguntas de los asistentes y formularon alcances de sus investigaciones.

+ INFO: www.gobernanzauniversitaria.cl

Fuente: santiago.ulagos.cl

Este jueves 04 de junio se realizará el ‘Seminario de Gobernanza Universitaria’ en la Universidad de Concepción.

El seminario pretende dar a conocer las diferentes posturas de los investigadores nacionales sobre la gobernanza de las universidades, junto con debatir propuestas, compartir conocimientos y experiencias.

La importancia de la realización de este seminario se da en el contexto de los cambios a la legislación que actualmente se tramitan en el Congreso, y que permitirían la participación de estudiantes y funcionarios/as no académicos/as de las instituciones de educación superior en sus gobiernos universitarios.

Según el Dr. Ganga, “esta actividad viene a consolidar la incesante labor que está realizando nuestro equipo de trabajo, y lo proyecta en otras instituciones de alto prestigio a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un verdadero orgullo tener la posibilidad de participar en un seminario en esta destacada casa de estudios, compartiendo un espacio reflexivo con otros colegas que tienen gran preocupación por lo que está pasando con la gestión de nuestras universidades. Será un verdadero placer intervenir en una mesa con nuestro Director de Departamento, Profesor Juan Abello y los Investigadores Dra. Liliana Pedraja y Dr. José Joaquín Brunner, además del Vicerrector Académico de la Universidad penquista”.

La jornada, organizada por el Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO de la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Concepción, y que forma parte de la ejecución del FONDECYT/REGULAR N°1131134, iniciará a las 09.00 hrs. en el Auditorio de la Universidad de Concepción. La actividad es gratuita y abierta a la comunidad universitaria y público general.

EN IMAGEN: Dr. Francisco Ganga, Director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO

Fuente: www.santiago.ulagos.cl

Nos hemos comprometido en establecer como meta fundamental que guíe todas las acciones alcanzar una formación que realmente sea universitaria”. Así lo aseguró Ana María Lopater, flamante directora del Consejo de Formación en Educación (CFE), cuando asumió su cargo en la ANEP. En su discurso habló también de la necesidad de una “ley mucho más consensuada” para ir hacia este objetivo, la Universidad de la Educación.

Sin embargo, el mismo día, prácticamente a la misma hora, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, descartaba –en unas jornadas de planificación organizadas por la Universidad de la República (Udelar)– la inclusión de la Universidad de la Educación en el nuevo presupuesto quinquenal.

“Creo que hoy Uruguay no está en condiciones de plantearse una Universidad de Educación (…) Como integrante del Poder Ejecutivo tengo preocupación por el rumbo económico de Uruguay debido a la situación que tienen nuestros vecinos grandes, Brasil y Argentina; por lo tanto, creo que tenemos que mantener la austeridad”, dijo la ministra.

En cambio, Muñoz propuso estrechar los vínculos con la Udelar para que los egresados del Instituto de Profesores Artigas (IPA) puedan cursar posgrados y doctorados en las distintas facultades.

El proyecto de la Universidad de la Educación forma parte de la ley General de Educación y fue promovido durante el gobierno de José Mujica, al punto que llegó a tener sanción en la Cámara de Representantes. La iniciativa fue objeto de amplias discusiones legislativas, pero finalmente se trancó debido a diferencias en la forma de gestionarlo.

El punto de disenso por el cual legisladores batllistas no apoyaron el proyecto fue la voluntad del oficialismo de que la institución fuera autónoma y cogobernada. El proyecto también formaba parte del programa del Frente Amplio para el gobierno de Vázquez.

Si bien el anuncio de la ministra causó sorpresa en los nuevos integrantes del CFE, sus palabras no desanimaron del todo a las autoridades.

De hecho, en diálogo con El Observador, Lopater – quien aseguró al día de su asunción no había sido advertida de la marcha atrás del gobierno– dijo que la meta del nuevo consejo “es llegar a la Universidad de la Educación independientemente del ordenamiento legal que finalmente la consagre”.

“Nosotros queremos marchar hacia el nivel universitario y, por eso, tenemos pensado una transformación de la estructura académica y una transformación de la estructura docente”, dijo.

La jerarca expresó que además de trabajar en esos cambios, el CFE en este período se enfocará en potenciar la política de posgrados, incentivar la investigación y perfeccionar la formación en servicio de los docentes. “Nosotros vamos a seguir caminando en esa transición”, aseguró.

Agregó también que se trabajará en profundizar el sistema de reválidas con la Udelar para que los estudiantes de allí con otros trayectos en la formación disciplinar puedan acceder a la formación en educación y los egresados de Formación Docente puedan realizar posgrados y especialización a nivel universitario en la principal casa de estudios.

Fuentes de la ANEP aseguraron a El Observador que en la propuesta de presupuesto, el CFE propone tender hacia el nivel universitario en la formación docente, más allá de que el gobierno no de prioridad a la creación de la universidad. Se explicó que esto significa “mejorar la calidad de la enseñanza, yendo a la universitaria, más allá del carácter de la institución”. Sin embargo, se aclaró que hasta que no exista la universidad, los egresados de Formación en Educación continuarán obteniendo un título terciario no universitario.

Las fuentes advirtieron que la propuesta del CFE es posible más allá de la postergación del proyecto por parte del gobierno porque “corresponde a cada consejo de la ANEP trabajar en su propuesta educativa”.

Luego el Consejo Directivo Central de la ANEP deberá analizar los programas y reformas y, si está de acuerdo, homologarlos. No obstante, se indicó que la iniciativa de crear una nueva institución depende del Poder Ejecutivo.

“Cuando se quiere una transformación importante hay que tener una meta clara. La meta es llegar al nivel universitario y en un futuro que no sabemos cuándo, será a la Universidad de la Educación”, señaló Lopater.

En este sentido, manifestó que “la realidad tal vez empuje a que la ley se apruebe y sea más consensuada”.

Fuente: elobservador.com