Resumen

Esta indagación supone poner en cuestión una de las conjeturas de la TA, según la cual existe una tendencia a que los intereses del principal y el agente se divorcien. En este sentido, se plantea como propósito central analizar la existencia de intereses divergentes entre agente y principal de las universidades chilenas. Para obtener la información se aplicó cuestionario con preguntas cerradas a una muestra representativa de las unidades de análisis, usando la fórmula del tamaño de la muestra para proporciones con población conocida. No se logró determinar la validez del supuesto de la TA, relacionada con la divergencia de intereses.

Investigadores

Francisco Ganga
Oscar Garrido
Juan Abello
Lynda Kare

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Las universidades han tenido que moverse en un marco inestable, con giros bruscos e inexplicables…

Sobre las universidades españolas pesan hoy dos amenazas: los bien conocidos recortes presupuestarios ya en curso y, menos conocidas, pero igualmente letales, las propuestas de reformar su gobernanza. ¿Gobernanza? ¿Y eso qué es? ¿Se trata de recuperar la vieja palabra castellana del siglo de oro como sinónimo de gobierno? Ni hablar: se piensa, y se proponen, tres bloques de propuestas:

Mejorar la interacción entre universidades y empresas (rentabilización económica de las investigaciones, educación con contenidos más prácticos y aplicables, etcétera).

Dar entrada al mundo empresarial en la dirección de las universidades (más allá de su actual presencia en los consejos sociales de las universidades públicas).

Reducir el componente de autogobierno democrático característico de las universidades occidentales (y resumido en nuestra Constitución con la expresión «autonomía universitaria»).

Los argumentos son familiares: es preciso mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos que las nutren; hay que agilizar su funcionamiento interno para hacerlas más eficaces y reducir sus costes; hay que aproximarlas a las necesidades y demandas sociales. En otras palabras, estamos hablando de la governance, en el sentido utilizado por el Banco Mundial.

El núcleo del argumento es que las ineficiencias de las universidades se deben a que no se pueden gobernar bien, porque la acción de sus gobernantes (los rectores) se ve frenada por una lógica interna corporativista que reclama participación e inacabables discusiones, y porque la sociedad está poco presente en la toma de decisiones y su ejecución.

Ahora bien, la experiencia reciente no confirma que haya déficit de gobernabilidad en nuestras universidades. De acuerdo con que hay timideces, retrasos y decisiones miopes, pero la capacidad de gobierno de los rectorados está fuera de duda. Incluso para mal: nada ha impedido en los últimos años que se hayan aprobado decisiones arbitrarias, doctorados honoris causa injustificables, edificaciones caprichosas o largas indecisiones (como la difícil adopción del plan Bolonia, las decisiones sobre nuevas facultades o sobre cerrar o no cerrar estudios sin alumnos).

De modo que un poco de problema sí lo hay. Pero esperen un momento: tal vez algunas de esas decisiones implican también la actuación de las autoridades políticas, ¿verdad? Hagámonos entonces esta pregunta: ¿cómo se comportan las autoridades políticas superiores, sean de Madrid o de Barcelona? Y esa mirada muestra un panorama desolador. Limitémonos al siglo XXI: desde el año 2000, y en solo 11 años, las universidades españolas hemos tenido seis ministros, hemos estado insertas en cuatro esquemas ministeriales distintos y hemos estado sujetas a tres leyes generales sucesivas. Añadamos ahora la Generalitat: cinco responsables políticos distintos (aunque Mas-Colell lo haya sido en dos etapas), un par de leyes propias y apaños gubernamentales variados: con Educación, con Industria, ahora con Economía.

En otros ámbitos es igualmente manifiesto que la acción de los gobiernos no ha dirigido efectivamente el sistema universitario. La política de creación o mantenimiento de facultades universitarias, o de titulaciones concretas, no es decisión de las universidades, sino de las autoridades gubernamentales superiores.La política de precios (tasas, becas, etcétera) es igualmente decidida en ámbitos suprauniversitarios.

Podríamos seguir enumerando, desde las dudas sobre el esquema de Bolonia hasta los incumplimientos presupuestarios, pero creo que el mensaje es claro: el marco en que se mueven las universidades españolas ha venido siendo un marco inestable, con giros bruscos e inexplicables, y no ha garantizado ni la eficiencia gestora, ni la solidez institucional ni la capacidad de previsión presupuestaria necesarias para una buena gobernación. Por decirlo brevemente: seguramente hay un problema en el gobierno de las universidades; pero el grueso del problema no ha estado en ellas, sino en los gobiernos.

¿Se puede hacer algo? Lo más importante es combatir la tentación de hacer algo a toda costa: es esencial un compromiso de no hacer una nueva ley de universidades en un plazo razonable (digamos, los próximos 20 años). Estaría bien, además, que las autoridades políticas elegidas asumieran las decisiones sobre la viabilidad de la oferta de estudios sin suficiente demanda social y garantizasen que las universidades sepan con certeza cuál es su horizonte presupuestario (claro u oscuro, esto es ya casi indiferente, pero que se conozca con antelación y de modo fiable cuál va a ser la futura evolución presupuestaria).

Seguramente la mayoría de los universitarios desearíamos un aumento de nuestros presupuestos, pero no somos tontos ni insolidarios y sabemos que eso va a ser imposible por una larga temporada. Pero sí aspiramos, y con toda legitimidad, a que se nos deje tranquilos, a poder trabajar correctamente y a gestionar con continuidad: que las autoridades políticas funcionen con la misma lógica, y la gobernanza universitaria mejorará. Sin duda.

*Catedrático de Ciencia Política de la UAB

Fuente: elperiodico.com

Imagen: federalistesdesquerres.org

Valoro el proyecto que crea una Agencia Nacional de Acreditación para las instituciones de educación superior.

Especialmente a la luz de los eventos traumáticos en el sistema universitario que han afectado dramaticamente a las familias que ha vivido esta verdadera vergüenza nacional.

De paso destaco lo que está haciendo el Ministerio de Educación desde un tiempo a la fecha. Cuando se recuerde cuáles han sido los esfuerzos de descentralización más relevantes durante el Gobierno del Presidente Piñera, en mi opinión, lo que ha hecho el Ministerio de Educación será de los eventos más importantes: descentralizar en dos instancias distintas al Ministerio, como son, por un lado, la Agencia Acreditadora de la Calidad, y por otro lado, la Superintendencia de Educación.

Constituyendo esta iniciativa un avance, se echa de menos en la política chilena una discusión respecto del rol del Estado y su equilibrio con el mercado en la educación. La gran diferencia que yo sostengo con la Alianza (RN+UDI) tiene que ver con el rol del Estado en la educación. Se ha exacerbado el rol del mercado y se ha debilitado al extremo el rol del Estado. No estoy en contra de la educación que se ejerce en la lógica del mercado; lo que repudio y rechazo es que cada día el Estado queda en una situación más disminuida para entregar igualdad de oportunidades en materia de educación.

El sistema de educación público se transforma en un mecanismo de segregación social que diferencia a aquellos que tienen de aquellos que no tienen. Y el Estado ha sido incapaz, hasta ahora, de actuar con cierta equidad.

Es cierto que se han hecho esfuerzos en subsidio, pero esa lógica segregada que a distingue hasta el extremo y no reconoce la dinámica de la sociedad y de la situación socio-económica de los grupos familiares. Todo esto me hace diferenciarme con mucha energía del enfoque tradicional de la derecha (RN+UDI).

Creo en el Estado actuando en educación con un rol mucho más enérgico, porque, de hecho soy fruto de eso: yo fui actor de una educación pública gratuita y de calidad, de la salud que el estado entregaba en hospitales públicos para todo chileno que lo requiriera.

Cuando veo a los jóvenes que terminan su enseñanza superior y les pregunto en qué situación han quedado, ellos me cuentan que deben 15 o 20 millones de pesos y que han firmado créditos a muchos años. Comparo su situación con mi experiencia, no pagué esa educación universitaria y aún así para obtener mi casa propia me demoré diez años. ¿Cuántos se demorarán esos jóvenes en acceder a una casa propia?, ¿Cómo podrán compatibilizar el pago de la carga que significa acceder a la educación superior y cumplir con los otros anhelos que tiene cualquier familia?.

En relación al proyecto estimo necesario incorporar en el trámite legislativo de la Agencia de Acreditación de la Calidad elementos que hoy día no se consideran con la suficiente fuerza. Por ejemplo, el e-learning o la educación a distancia es un elemento de la más alta importancia en el momento contemporáneo. El Ministerio de Educación denota, desde hace ya largo tiempo, desconocimiento o falta de interés respecto de los sistemas tecnológicos digitales en el proceso educativo. Es más, en mi opinión, el gran talón de Aquiles del sistema educativo es que precisamente el Ministerio no está actualizado respecto de estos temas.

Cuando observaba hasta hace poco algunos de los fiscalizadores del Ministerio de Educación que van a los colegios, preguntaban cosas que eran francamente de museo, elementos del proceso educativo que hoy día se incorporan a los sistemas computacionales y que no los validaba el Ministerio porque quería ver el instrumento propiamente tal.

Otro elemento que echo de menos tiene que ver con la ausencia de interés respecto de la acreditación de los posgrados, particularmente los magíster y los doctorados. Creo que es de la más alta importancia enfocarse también en esta tarea.

Es relevante acreditar a las instituciones de educación superior. Pero, eso no sustituye la acreditación de las carreras propiamente tal. Creo que en eso el proyecto le da mucho énfasis a la institución pero no a la carrera, carencia que debiera ser atendida.

Otros elementos que me preocupan tienen que ver con una lógica de clasificación de universidades, y una tensión entre la homogeneidad y la heterogeneidad, entre otros temas relevantes. Por un lado, se habla de universidades complejas, semicomplejas y docentes. A mí me parece que es necesario distinguir y definir legalmente estos criterios. No conozco en la ley ninguna distinción entre complejas, semicomplejas y docentes. Es más, para mí es novedoso esto de una universidad docente y me genera desconfianza, lo quiero señalar con claridad. Porque me suena como sinónimo de esas aulas de tiza y pizarrón, donde se entregan carreras sin ninguna posibilidad de desarrollar las competencias pertinentes que son parte de la oferta.

Entiendo que universidad es aquel centro de educación superior que entrega docencia, investigación y extensión. Entonces, lo que veo es un énfasis hacia la docencia, intentando eludir la investigación y, por cierto, la extensión.

¿Cuál es el estándar o el concepto de calidad compartido en la ley?. Siento que hay un enfoque reduccionista, es decir, desarrollo de competencias y habilidades para el mundo del trabajo, pero no un enfoque hacia la educación integral de la persona humana.

Hemos avanzado en cobertura, pero tenemos grandes desafíos en materia de equidad. También hay que equilibrar muy bien lo que es la calidad con la viabilidad de un proceso educativo. Otro aspecto relevante, también reclamado por las universidades, es el respeto a la autonomía. El proyecto no pretende atentar contra esa autonomía.

Con todo, el Estado tiene un rol insustituible en garantizar la calidad de la educación, proteger la fe y la confianza pública, actuar cuando estas no se cumplan. Cuando una universidad ha terminado colapsando la gente ha tenido que pagar costos sociales tremendos y el Estado simplemente se ha encogido de hombros y le ha entregado todo el peso de la prueba al mercado.

Valoro esta iniciativa que crea la Agencia Nacional de Acreditación por lo que representa. Este tema, además, me ha permitido marcar una clara diferenciación respecto de lo que defino como la política país, nacional, no partidista, que me caracteriza, una centro-derecha moderna, democrática y con enfasis social, que se diferencia muy claramente de la derecha partidista y tradicional (RN+UDI). Pienso que el mercado juega un rol muy relevante, pero, el Estado para mí tiene un rol insustituible.