Entrevista con Silvia Montoya (SM) por Ariel Fiszbein (AF)

Ariel Fiszbein entrevista a Silvia Montoya, la nueva Directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO acerca de su experiencia como Directora a cargo del área de evaluación en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las lecciones aprendidas sobre evaluación de aprendizajes y sistemas de estadísticas educativas y sus expectativas en su nuevo trabajo.

AF: ¿Cuáles fueron las iniciativas más importantes que impulsaste para mejorar la calidad de la educación durante tu período en el Ministerio de Educación?

SM: Se pueden dividir en tres frentes. El primero fue trabajar en los procesos de recolección de información mejorando la tecnología, sistematizando las consistencias y acortando los períodos para reportar la información. Para eso, una de las acciones fue la generación de un sistema online de carga de matrícula. Este software no solo permite agilizar los procesos sino que además cuenta con un sistema de validación automático. Esto mejora la calidad de la información y permite a los equipos directivos corregir la información a medida que se produce la carga, y al tener la declaración jurada emitida al finalizar, pueden chequear los datos finales.

El segundo punto fue definir una agenda integral de evaluación que contemplara las distintas dimensiones que hacen a una educación de calidad. Esto implicó la incorporación de la Ciudad en pruebas internacionales en las que incluso el gobierno federal no participaba. Así se elevó el tamaño muestral de PISA de manera de tener representatividad como jurisdicción individual y se tomó la coordinación nacional de Valores Cívicos y Ciudadanos (ICCS), alfabetización digital (ICILS), ciencia y matemáticas (TIMSS), comprensión lectora (PIRLS),  habilidades sociales y emocionales (ESP) competencias de adultos (LAMP/UNESCO y PIAAC/OECD), entre otros estudios. Esto tuvo dos beneficios: por un lado, la interacción con las organizaciones más prestigiosas de evaluación de la calidad como IEA, OCDE, ACER fortaleció al equipo y lo obligó a trabajar con estándares internacionales de calidad que se contagiaron a otros procesos, como las evaluaciones locales. Además, le dio visibilidad a las acciones de evaluación de la Ciudad.

La tercera iniciativa fue la diseminación de la información definiendo un sistema de indicadores educativos y también una política de devolución de información específica para cada uno de los interesados en el quehacer educativo. Así al inicio de mi gestión, el flujo de información era de las escuelas hacia el Ministerio. El Ministerio elaboraba documentos con información en grandes agregados generalmente en forma de Anuarios Estadísticos. Con mi equipo elaboramos boletines por escuela. Esto rompió con el malentendido que lo prescripto por la Ley Nacional de Educación en su artículo 97 también implicaba no devolver la información a los interesados. Por primera vez todo supervisor escolar y cada director pudieron  contar con los indicadores de las escuelas bajo su responsabilidad. Primero esto fue en papel. Luego desarrollamos un sistema vía web. En Argentina no se pueden publicar datos por escuela. Sin embargo, desarrollamos un sitio en el que los padres pueden acceder a información agregada (por comuna, por barrio) y también solicitar, bajo el encuadre legal, ciertos datos de escuelas. Se publicó además un sistema de indicadores a nivel de comuna, de distrito y de ciudad que permite conocer datos del sistema educativo pero también económicos, sociales y de inversión.

AF: En tu experiencia, ¿cuáles son las barreras principales que enfrentan los gobiernos para establecer sistemas sólidos de evaluación educativa?

SM: Un primer punto clave es la decisión política firme y sostenida de hacer a la evaluación y al acceso a indicadores una parte vital del proceso educativo.

Creo que el sistema estadístico argentino ya ha dado un paso adelante gigante al reconocer que la evaluación es un insumo clave para la mejora de la educación.  Sin embargo, no ha sido tan bueno para ver cómo se construye ese camino. En este punto, creo que es clave establecer canales de diálogo entre las áreas de evaluación de la calidad de los Ministerios y los supervisores, directores y docentes para que todos los actores involucrados cuenten con la información adecuada. Por ejemplo, cuando asumí mis funciones había mucho temor en el sistema educativo de que publicáramos ranking de escuelas o incluso que los docentes perdieran su puesto de trabajo por la encuesta sobre la práctica pedagógica. Generamos un ámbito de confianza y en ningún caso estos resultados fueron públicos a nivel individual.

Otro desafío es la independencia de los órganos de evaluación. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay son algunos ejemplos en la región que cuentan con sus institutos de evaluación. En Agosto de 2013 la Ciudad de Buenos Aires se sumó a esta lista. Por supuesto, hay diferencias entre ellos. Lo que quiero marcar es que se ha buscado institucionalizar la evaluación y separarla del poder político de turno para ganar independencia y objetividad. En lo personal me ha tocado caminar ese proceso en Argentina y por esas cosas de la vida soy la única profesional con la inmensa fortuna de haber participado y elevado el proyecto de creación del Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa (IDECE) en el gobierno federal en 2001 como órgano desconcentrado para luego, más de una década después, haber elevado y conseguido la aprobación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad Educativa (UEICEE) en la Ciudad de Buenos Aires, esta vez como ente autárquico dentro del ámbito del ministerio. Creo firmemente en la independencia y  el profesionalismo técnico de las instancias de evaluación.

AF: ¿Crees que es posible generar interés en la información de resultados educativos por parte de los padres y la ciudadanía en general?

SM: Creo que el interés está. ¿A qué padre no le interesa cómo le va a su hijo en la escuela? ¿Qué padre no quiere saber si la escuela a la que va su hijo obtiene buenos resultados? Lo que hay que generar, por un lado, son mecanismos que permitan a los padres y a la ciudadanía acceder a la información de resultados, desprovisto de la jerga de experto, y acompañando con soluciones y alternativas de acción concretas para cada uno en su rol.

Además, me parece clave acercar las áreas de medición de la calidad y estadísticas a la sociedad en general. En la Ciudad de Buenos Aires, desarrollamos talleres para funcionarios. Un paso más sería generar talleres para los padres. Comprender los indicadores, entender por qué las evaluaciones a gran escala difieren de las evaluaciones en  el aula, por ejemplo. Aprender a leer indicadores y estadísticas sirve para no banalizar la cuestión. No se trata de la tabla de posiciones de un mundial de fútbol, sino de nuestros hijos y las próximas generaciones de un país.

Y PISA, quizás la evaluación más nombrada, no tiene que ser utilizada en discursos políticos como el único síntoma del problema educativo y tampoco como un demonio. Tienen que ser usado como un síntoma de una realidad que sabemos compleja y frustrante pero que tiene que plantearnos que estamos marginando a nuestros hijos y nietos de una vida mejor si no reaccionamos.

Es más, los resultados de PISA evidencian un fracaso de la sociedad y no lo enfrentamos así. Al ser una prueba que no se basa en el diseño curricular, sino que mide lo que los chicos de 15 años en el sistema educativo han aprendido en todos los ámbitos que se mueven. Si nos preocupa por ejemplo el resultado de Argentina o de Ciudad de Buenos Aires no es culpa de uno u otro gobierno sino los “laureles que supimos conseguir” como dice el himno argentino entre todos. Es la calidad de la educación que reciben en nuestras casas, las de los medios de comunicación, de nuestras escuelas y de los espacios de interacción social, clubes, cines, etc.

AF: Hay un creciente reconocimiento de la importancia de las habilidades socio-emocionales como factores que influyen no solo los resultados educativos sino también el éxito en vida laboral. ¿Crees que los gobiernos deban comenzar a medir esas habilidades de manera regular?

SM: Sin dudas, muchas investigaciones demuestran que la perseverancia, la sociabilidad y la autoestima tienen  influencia sobre una mejor salud, un mejor bienestar subjetivo y  que estás habilidades son importantes dentro y fuera de la escuela. Lo más importante desde el punto de vista del sistema estadístico es que son maleables a lo largo de la vida de las personas, especialmente durante la niñez y la adolescencia.

Esto es un dato extraordinario para el hacedor de política, para equipos directivos, docentes, y padres  que saben que pueden generar entornos que favorezcan el fomento de las habilidades “positivas”. Y es allí donde ingresa la medición dado que todos sabemos que importan pero no sabemos cuáles, cómo y cuánto. En definitiva qué hacer y qué no, dar elementos para decidir y apoyarse en los aspectos positivos y minimizar lo que no sirve.

En este sentido, desde la Ciudad de Buenos Aires nos incorporamos al estudio longitudinal de habilidades para el progreso social que realiza el Centro para la Investigación e Innovación en Educación de la Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económico. El objetivo es medir habilidades no cognitivas en una muestra de estudiantes y luego “seguirla” a lo largo de los años para poder contrastar esta información con condiciones socioeconómicas, resultados académicos e inserción laboral.

AF: ¿Cuáles serán tus prioridades estratégicas en tu nueva gestión en UIS?  

SM: Me toca asumir en una etapa clave para la discusión internacional, que es el relativo a la agenda de desarrollo post-2015, sus objetivos  y cuáles indicadores son los más relevantes para el monitoreo del cumplimiento de las metas que se fijen. Cómo fijar metas realistas y cómo medirlas logrando además tener información constituirá un desafío muy significativo. El UIS tiene tres activos gigantes gracias al esfuerzo de un grupo de profesionales de gran calidad y a los liderazgos notables de sus anteriores directores, Denise Lievesley y Hendrik van der Pol. Estos tres activos son la independencia, la transparencia y la calidad del trabajo técnico. Eso sin dudas, simplifica mi tarea.

Las prioridades van a ser tres. Por un lado, es clave fortalecer la presencia del UIS en áreas en las que quizás hasta ahora no ha habido tanto involucramiento a pesar de haber sido reconocidas como prioridades en los últimos años, tal como las métricas de aprendizajes en áreas y etapas claves en la vida de las personas como la educación preescolar.

Una segunda línea es la construcción de capacidad no sólo a nivel de los ministerios centrales sino de los actores sociales para entender los datos y que la información se transforme en útil para accionar política al nivel que cada uno puede y que son los que transforman la realidad de nuestros niños. Los sistemas de recolección de datos (salvo en algunas regiones con alguna dificultad mayor) han logrado en legitimidad y aceptación entre las escuelas pero no han sido tan eficientes en acercar la información para la mejora en el aula y en la escuela.  Esto implica esfuerzos de descentralización enormes en construir capacidad para entender cómo cargar, interpretar y utilizar el dato.

Relacionado con la difusión, otra prioridad va a ser trabajar sobre la simplificación en el número y cantidad de indicadores, el mejoramiento de la relevancia de estos, para que respondan con más precisión a las preguntas que hoy en día nos estamos formulando, y en la visualización de los datos. La gran deuda es trabajar en la legitimidad en la implementación de la política a través de la transparencia en el uso y difusión de la información de manera de favorecer la voz, participación y el control social, y establecer prácticas de uso de información y evaluación coherentes y complementarias con la mejora en la calidad con equidad.

AF: ¿Qué lecciones de tu experiencia en la CABA crees que te serán de mayor utilidad en tu nuevo puesto?

SM: Es una pregunta excelente. Si bien la escala fue mucho menor creo que un primer punto importante es hacer más amigable los procesos de recolección y difusión de información. Quienes cargan los datos y nos reportan información son equipos directivos, docentes y supervisores cuya responsabilidad es la gestión pedagógica, o lo que es lo mismo, que nuestro hijos aprendan más y mejor.  Nuestro papel es ayudar con datos y seguimiento de procesos para que puedan hacer mejor su trabajo. Somos un servicio al que tienen la responsabilidad y el enorme poder de transformar, a los santos de Julio Cortázar en ese discurso a los egresados de la  Escuela Normal de Chivilcoy en 1939.

No podemos transformar al sistema estadístico y de medición en un monstruo con vida propia. Sólo tiene sentido si sirve para la mejora. La recolección y uso de los datos debe ser un hábito y no una fuente de pesar, una molestia. Los datos y la información son vitales para que las escuelas trabajen su día a día. Es facilitarle información a un experto que extrae datos para hacer un análisis que deriva en detectar dónde hay problemas y trazar acciones. Nada diferente de sacar sangre o hacerse un electrocardiograma. Por ello es vital hacerlo lo menos molesto y compartir con el “paciente” el diagnóstico y facilitar las herramientas para que la próxima vez esos resultados estén mejor.

La ciudad de Buenos Aires ha hecho avances significativos en cuanto a informatización de la recolección de información y con programas amigables. La difusión diferenciada para distintos tipo de actores es otro punto importante que nos demostró que cuando los actores involucrados entienden el sentido de la información, el para qué y cómo se conecta con sus realidades (es decir cuando se construye capacidad), y los datos dejan de ser el  dominio de expertos para ser de todos, entonces la calidad y la utilidad de la información aumenta.

La experiencia ha sido muy enriquecedora dado que antes había trabajado dos años a nivel del gobierno federal, que coordina la recolección de datos. Ahora se dio la oportunidad de estar en contacto directo con escuelas y con el sistema que es bien diferente. La tarea en el UIS me devuelve a otro rol más supranacional, habiendo estado en casi todas las etapas del ciclo de vida de los datos y en todos los niveles de gobierno. Agradezco enormemente el haber tenido todas esas instancias.

Crédito de la imagen: Clarín, 29 de diciembre de 2014 (con modificaciones)

Fuente: http://blogdepreal.org/2015/02/26/la-evaluacion-como-herramienta-de-gestion-entrevista-con-silvia-montoya/

Uno de los mayores problemas expresados en el sistema universitario peruano que ha originado el desgobierno en varias universidades de provincias y de la capital (UNA-Puno, UNJBG-Tacna, UNEEGV, UNI, UNMSM y otros) llamada y tipificada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) como un “conflicto de legitimidad” estaba relacionada al acceso democrático del ejercicio del voto universal. Esto, por cuanto el ejercicio democrático del voto representativo para la elección de autoridades para el gobierno universitario ya no constituía un derecho legítimo que reivindique social y democráticamente a los miembros de la comunidad universitaria; así, surge la exigencia y la necesidad de participar en el gobierno universitario mediante el ejercicio pleno, democrático y legítimo del voto universal. Este problema como hecho social expresaba el verdadero rostro de la Universidad peruana como problema estructural y no coyuntural.

Esta severa crisis estructural y de valo­res ha traído como consecuencia dificultades de gobernabilidad, dado el conjunto de actuados con serios visos de conductas democráticas representa­tivas que han caído en corrupción, ya sea incurriendo las normas so­ciales, que tienen que ver con la conducta ético y moral, o incurriendo las normas legales, que constituyen delitos punibles, los mismos que no han satisfecho las exigencias de legitimidad en el seno de la Universidad peruana, sobre todo pública.

Así también, por otro lado, la desigualdad y las formas extremas de injusticia social siguen agudizándose. La legitimidad, más que la legalidad y la lucha por una justicia social, más que el orden social como una condición justa e igualitaria, así como por una sociedad con más posibilidades de desarrollo humano, cultural, educativa y del co­nocimiento, sigue siendo una asignatura pendiente. Por lo tanto, la Uni­versidad pública resulta ser la única garantía social que podría hacer una contribución de primer orden para alcanzar y lograr estas reivindi­caciones sociales que largamente se le viene postergando a la huma­nidad.

Asimismo, en el gobierno universitario otro de los problemas que se arrastra como lastre, y que se refleja también en la sociedad, es el comportamiento apático de la mayoría silenciosa que deja los espacios de representación y gobierno a las minorías organizadas. Así, las minorías radicalizadas copan los espacios de poder entrando luego en contubernio con las autoridades de turno, pervirtiendo el sentido de representación, obtenido en elecciones laxas, con gran nivel de ausentismo y bajísima participación política activa. Así, el voto universal es un buen primer paso para romper el monopolio de la actuación política de estos pequeños grupos. Pero no basta ni es suficiente; por cuanto el cambio de fondo es lograr que el proceso de elección de la autoridad universitaria se transforme en un ejemplo de comportamiento y conducta democráticos, en el que se genere un espacio de participación activa de los mejores docentes, estudiantes y graduados, con presentación de propuestas y debates académicos alturados de las mismas. Algo que podríamos llamar el ejercicio pleno del ‘Homo civitas’. De ahí, la importancia de la meritocracia, con énfasis y en relación a logros como éxitos académicos en la función de la enseñanza, investigación y proyección social.

Por esto, la Universidad no sólo se constituye en una comunidad académica, sino también política; entonces la acción política no tiene por qué estar reñida con el desempeño académico. Por el contrario, los mejores estudiantes y profesores debieran ser los primeros en participar en los órganos de gobierno institucional. No hacerlo es dejar el espacio a la mediocridad, al tinterillaje, y a la componenda; que es lo que ha venido sucediendo. Pero, ojo, cuando nos referimos a la política nos estamos refiriendo a la participación como actores sociales con iniciativas de propuestas, como el bien común; búsqueda y finalidad como principio fundamental en la gobernanza universitaria. Es decir, la politiquería no tendría ninguna excusa de participación para ser considerada en el gobierno universitario.

Fuente: http://www.losandes.com.pe/Politica/20150308/86698.html

El próximo 25 de marzo, el Consejo Superior Universitario definirá a dedo al rector de la Universidad Nacional de Colombia para los próximos tres años. Se trata de uno de los ejercicios más antidemocráticos que padece la universidad, producto de una política sistemática encaminada a condicionarla a los intereses de los gobiernos de turno, negando dos de sus bases fundamentales: la autonomía y la democracia.

El proceso se sustenta en la Ley 30 de 1992, la cual facultó al Gobierno nacional para reestructurar la Universidad Nacional de Colombia. César Gaviria, padre de la nefasta apertura neoliberal, promulgó el Decreto 1210 de 1993, que estableció como máximo órgano de dirección y gobierno el Consejo Superior Universitario, CSU, compuesto por nueve miembros (Art.11), de los cuales solo dos son elegidos por la comunidad académica: un representante profesoral y un representante estudiantil. Es en manos de este CSU antidemocrático en el que queda el nombramiento de rector, el cual es “el responsable legal de la Universidad y el responsable de su dirección académica y administrativa.”

El Acuerdo 011 de 2005 del CSU establece que se observarán “los criterios de consulta previa a la comunidad académica, de los planes y programas presentados por los aspirantes, y de análisis y valoración de sus calidades.” La consulta previa fue reglamentada por la Resolución 278 de 2011, según la cual “se presentarán a consideración del CSU el nombre de hasta cinco (5) aspirantes que hayan obtenido el mayor respaldo” entre profesores, estudiantes y egresados en un voto ponderado, los primeros con un peso del 60% en el total de la votación, los segundos del 30% y los egresados del 10%. “En todo caso, se incluirá dentro de los cinco aspirantes aquel que mayor respaldo haya obtenido entre los estudiantes” (art.13). La resolución dejó expreso el carácter netamente consultivo de la votación, al establecer que “el procedimiento de consulta previa a la Comunidad Académica no altera la competencia decisoria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia” (art.15).

La antidemocracia imperante en la Universidad ha llevado a imponerle rectores afines a los gobiernos de turno, encargados de administrar la crisis que hoy tiene a la Universidad Nacional ad portas de endeudarse con la banca y con un déficit en inversión para el 2015 de más de 92 mil millones de pesos. Juan Manuel Santos impuso hace tres años a Ignacio Mantilla, desconociendo en forma olímpica el contundente respaldo que logró el profesor Leopoldo Múnera, que dobló a Mantilla entre los profesores y lo superó en más de quince veces entre los estudiantes y en más de tres veces entre los egresados.

La experiencia internacional de más de cien años ha demostrado el papel clave que tiene en la apropiación, transmisión y generación de conocimiento la autonomía de las universidades, siendo dos de sus aspectos claves los de la democracia y el cogobierno. Ejemplos como los de Córdoba, Argentina, señalan la necesidad de mantener a la universidad independiente del credo o gobierno de turno. La lucha de ideas es la base del desarrollo del conocimiento.

Es esta la propuesta que respaldamos la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, y el movimiento estudiantil en su conjunto, que en su borrador de ley establecen la Democracia y el Cogobierno como base de la autonomía, entendidos como “la participación activa y decisoria de las comunidades educativas para definir el rumbo de las IES en todos sus aspectos y a través del ejercicio democrático al interior de las mismas en sus múltiples escenarios.”

Esta apuesta por el fortalecimiento de la democracia solo se consolidará en un gobierno universitario cuyo máximo órgano decisor sea la Asamblea Universitaria, que “se caracteriza por ser representativa, democrática, amplia, participativa, incluyente y deliberativa.”

El proyecto de la MANE establece además un Consejo Superior Universitario con participación mayoritaria de la Comunidad Universitaria, al estar compuesto por un representante del Gobierno, representantes de los profesores de la Universidad elegidos mediante sufragio universal a consideración del estamento, representantes de los estudiantes de la Universidad elegidos mediante sufragio universal, delegados de la Asamblea Universitaria elegidos por ella, un miembro del Consejo Académico designado por éste, un representante de los trabajadores y el Rector de la Universidad, quien lo presidirá. [1]

Esta representación estudiantil, que siempre ha insistido en la necesidad de una real autonomía y democracia complemento determinante de la plena financiación estatal, y después de valorar con detenimiento cada uno de los programas de los candidatos a la rectoría manifestamos nuestro respaldo a Mario Hernández, único candidato que incluye en su programa un compromiso con la defensa de la Universidad Nacional para un país con soberanía, democracia y paz, tal y como lo sostiene el desarrollo programático de la MANE.

Finalmente es necesario exigirles a las mayorías del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario que acaten los resultados de la consulta del próximo 18 de marzo y reiterar con toda claridad las banderas del cogobierno como condición necesaria para construir una Universidad Pública, autónoma, de calidad científica y al servicio del desarrollo del país.

Amaury Núñez/@AmauryNG
Inti Mesias/@IntiMesias
Representantes Estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia

[1] Para conocer más de la propuesta de la MANE ver: http://manecolombia.blogspot.com/2013/01/articulado-de-ley-de-educacion-superior_20.html

Fuente: http://www.las2orillas.co/el-abece-de-la-eleccion-de-rector-en-la-u-nacional

Los días 29 y 30 de octubre se llevó a cabo el ‘II Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’, iniciativa impulsada por la Universidad de Los Lagos que reunió a directivos, investigadores y estudiantes provenientes de instituciones de educación superior y centros de investigación de diversos países de Iberoamérica.

El Congreso busca instituirse como plataforma de encuentro entre académicos/as, directivos/as y profesionales de las universidades de Iberoamérica, con el fin de compartir conocimientos y debatir propuestas y experiencias en el ámbito del gobierno y la gobernanza de las universidades de la región.

La actividad se realizó en el marco del proyecto Fondecyt regular “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas, un análisis desde la teoría de agencia”, desarrollado por el Dr. Francisco Ganga Contreras, académico del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la Universidad de Los Lagos.

INAUGURACIÓN

El acto inaugural se desarrolló en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del ex Congreso Nacional. La alocución inicial estuvo a cargo de Fernando Silva, Director Ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, quien dio la bienvenida a los participantes y celebró el desarrollo del encuentro.

Posteriormente se invitó al Rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido Álvarez, a dar por inaugurado el Congreso. En la oportunidad el Rector expresó una aguda crítica al sistema de educación superior chileno, proponiendo examinar de mejor modo los vínculos entre el mercado, el sistema político y la institucionalidad educativa. “Chile enfrenta hoy una severa crisis de legitimidad en lo que respecta a educación superior. Manifestaciones masivas expresan el descontento social por la calidad, el lucro, la falta de acceso y equidad. Todos elementos inherentes al modelo educativo imperante que otorga supremacía a las fuerzas del mercado”, expresó Garrido Álvarez.

A reglón seguido, la autoridad universitaria, develó las contradicciones del modelo educativo. “El modelo generó un aumento significativo de la cobertura pero produjo una profundización en la brecha de acceso a las mejores carreras e instituciones, lo que profundizará las brechas sociales de origen. Se incrementó el número de instituciones y programas, pero existen serios cuestionamientos a la calidad de los mismos. Se consagra el principio ‘sin fines de lucro’ pero existen evidencias que tras el entramado institucional coexiste un atractivo negocio en el que se observan transacciones financieras encubiertas en negocios colaterales. Chile es, en suma, el modelo extremo basado en las competencias del mercado, el crecimiento descontrolado y desregulado de instituciones privadas, y la gibarización de la educación pública”.

El Rector a su vez enunciará una serie de interrogantes que propondrá como guías para la exploración de los temas de gobierno y gobernanza universitaria, vinculadas, específicamente, al ámbito de la gestión institucional, el sistema universitario, y el financiamiento.

El Rector Garrido Álvarez concluirá su intervención alentando a los presentes a continuar en su tarea investigativa no obstante las dificultades que ello pueda entrañar. “Dentro del convulsionado ambientepolítico en el que actualmente transita la educación superior en Chile, me pregunto si las instituciones universitarias públicas pueden y deben contribuir al debate nacional. La respuesta es definitivamente sí. Y creo que una buena forma de expresarlo es la organización de este Congreso”, expresó la autoridad universitaria.

Posterior a las palabras del rector Garrido Álvarez, inició la primera conferencia de la jornada inaugural: “Sistema de gobierno de las universidades iberoamericanas: un análisis comparado”, a cargo del Dr. Adrián Acosta Silva, académico de la Universidad de Guadalajara e investigador en educación superior. La exposición abordó la compleja diversidad de los sistemas universitarios, junto con postular una serie de aproximaciones teóricas y metodológicas para el estudio más acabado de los mismos.

La jornada inaugural concluyó con la conferencia “El gobierno universitario en las universidades chilenas: situación actual y desafíos más relevantes”, presentada por el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, S.J. En ella el sacerdote jesuita argumentó en torno al rol de las universidades, la educación gratuita, el dinero, la moral, el alma y la economía capitalista. “La universidad debe ser repensada. Más que su dependencia hay que ver su capacidad para pensar el país, para integrar la sociedad, para asumir las ciencias y el progreso sin destruir el humanismo”. La exposición fue comentada por la Dra. Liliana Pedraja, destacada investigadora de la Universidad de Tarapacá.

EXPOSICIONES TEMÁTICAS Y PONENCIAS

Durante la tarde las actividades del Congreso se trasladaron a las dependencias del Campus Santiago de la ULagos. En la jornada se presentaron dos exposiciones temáticas y las ponencias de los investigadores. Las exposiciones temáticas estuvieron a cargo de José Joaquín Brunner con el tema: “Gobiernos corporativos de las universidades: desafíos y oportunidades”; y Andrés Bernasconi: “Gestión estratégica universitaria: adaptándose a tiempos complejos”.

En esta segunda versión se recepcionaron 40 trabajos de académicos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Venezuela y Chile, de ellas 30 fueron presentadas en la jornada de la tarde, las que fueron reunidas del siguiente modo: Mesas 1 y 2: “Gobiernos corporativos de las universidades”; Mesa 3: “Gestión estratégica académica”; Mesa 4: “Gestión estratégica institucional”.

PLENARIA Y MESA REDONDA

La segunda jornada inició con la presentación de los resúmenes de lo trabajado en cada una de las 4 mesas. Dicha presentación la realizaron las y los académicos del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la Universidad de Los Lagos, María Elena van Hasselt, Viviana Vrsalovic, Juan Abello, Luis Ruz. La sesión fue moderada por la académica Soledad Sandoval Cosmelli.

Concluida la presentación de las síntesis del trabajo de cada mesa, se continuó con la mesa redonda: “Experiencia internacional en el gobierno de las universidades: Sistemas comparados”. En el debate participaron, además de investigadores, estudiantes y académicos, Ana María Piñeros Ricardo, Rectora de la Universidad Juan Corpas, Luiz Carlos Danesi, Pro Rector de la Universidad La Salle, Elicer Ureña Prado, integrante del Consejo universitario de la Universidad de Costa Rica.

A modo de cierre de la jornada Francisco Ganga, organizador del Congreso, entregó sus impresiones finales y presentó oficialmente la ‘Red Iberoamericana de Gobernanza Universitaria’, entidad reticular que aspira a instituirse como un espacio permanente para el compartir experiencias y esfuerzos institucionales en torno a la investigación en políticas de gobierno, gestión y gobernanza universitaria.

En tal sentido el académico señaló, “no deja de ser menor que, en general, el pensamiento iberoamericano, ha estado fuertemente influenciado por la hegemonía estadounidense. Quienes trabajamos en el ámbito administrativo, habitualmente tenemos como importantes referentes a los pensadores estadounidenses y europeos, y no nos hemos dado el espacio para que en Latinoamérica también se generen esos pensadores. Es importante que la comunidad académica y científica de nuestros países valoren más lo que surge desde el pensamiento latinoamericano. Una de las fórmulas es generar espacios, como la ‘Red Iberoamericana de investigación sobre Gobernanza Universitaria’, que vengan a apoyar la germinación de investigaciones y pensamiento desde nuestro continente”.

Al término del Congreso, el Dr. Ganga se manifestó satisfecho por el buen desarrollo del encuentro precisando que “los resultados son muy positivos fundamentalmente por la calidad de las personas que participaron. Nos hubiera gustado que la presencia de los académicos, directivos, gestores, que hoy están en el gobierno de las universidades, fuera mayor, esto fue un punto negativo, dentro de todo lo positivo que vivimos estos dos días de Congreso. La temática de los gobiernos de las universidades cada vez está tomando mucha fuerza a nivel latinoamericano, y no tengo ninguna duda de que en Chile también será así. Estos encuentros generan insumos para la toma de mejores decisiones por los generadores de políticas públicas, he ahí su importancia, sobre todo cuando en Chile se discute sobre la reforma al sistema educativo”.

En cuanto a la siguiente versión del Congreso de Gobernanza Universitaria, el Dr. Ganga expresó “este espacio que surgió en la Universidad de Los Lagos, siento yo que es un hijo que tiene que partir, lo más probable es que la tercera versión ya no se realice por la Universidad de Los Lagos, tenemos ofrecimientos de instituciones nacionales y extranjeras para la organización del Congreso, eso nos llena de orgullo”.

Otro de los hitos de esta segunda versión del encuentro académico lo constituye el lanzamiento del libro que reúne las ponencias del ‘I Congreso de Gobernanza Universitaria’, “debemos estar agradecidos del apoyo brindado por la Universidad de Los Lagos, particularmente de su Rector, que ha estado muy involucrado, y que ha dispuesto las condiciones para que este primer libro pueda tener vida”, señaló el Francisco Ganga.

Finalmente el Dr. Ganga destacó la participación de dos de los más destacados investigadores en el ámbito de la gestión universitaria, “J.J. Brunner y Andrés Bernasconi constituyen un ejemplo de compromiso con la investigación de alto nivel, fue un honor para el Congreso contar con sus exposiciones, su visión y experiencia”, concluyó.

Al finalizar la jornada los presentes compartieron un vino de honor que celebra estos dos días de debates, y anima por la buena senda de la tercera versión de tan significativo encuentro.

Los días 29 y 30 de octubre del año en curso se llevará a cabo el ‘II Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’. El Congreso pretende transformarse en un espacio de encuentro de académicos, directivos y profesionales de las universidades de Iberoamérica, con la finalidad de compartir conocimientos y debatir propuestas y experiencias en el ámbito de la gobernanza de las universidades.

Esta mañana se desarrolló, en la casona de postgrados de la Universidad Diego Portales, el Encuentro de Investigadores que estudian temas de gobierno universitario.  La jornada, previa al inicio del Congreso, giró en torno al tema “Desarrollo de la investigación en el ámbito del gobierno de las universidades iberoamericanas”, y congregó a connotados investigadores expertos en área, entre los que destacan: los Drs. José Joaquín Brunner, Andrés Bernasconi, Liliana Pedraja, Ernesto Triviño. El encuentro tuvo por relator principal al Dr. Adrián Acosta Silva, investigador y especialista en educación superior. Luego de la exposición del Dr. Acosta se abrió un debate entre los participantes, que fue dirigido por el Dr. Francisco Ganga.

Francisco Ganga Contreras, Director del ‘Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional’ de la Universidad de Los Lagos, y responsable de la organización de esta segunda versión del ‘Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’, comenta: “Este encuentro fue muy significativo ya que logramos congregar a investigadores que están en la frontera del conocimiento de la investigación en el ámbito de los gobiernos universitarios. Junto con ello hemos conocido experiencias valiosísimas acerca de cómo se están llevando estos temas en Iberoamérica. A la luz de lo ocurrido hoy estimo que el segundo Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria, que mañana inicia, será todo un éxito, permitiéndonos observar con mayor propiedad lo que está ocurriendo en esta área tan relevante para el desarrollo de los países de Iberoamérica”.

En el encuentro participaron investigadores del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Diego Portales, del Centro de Políticas Comparadas y Educación (CPCE) de la Universidad Católica, del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional (PRIGO) de la Universidad de Los Lagos, y del Departamento Académico de Ciencias del Desarrollo de la citada Universidad.

El ‘II Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’ será inaugurado en el ex Congreso Nacional, desarrollándose sus otras actividades en el Campus Santiago de la Universidad de Los Lagos.

Para mayor información sobre el Congreso: http://congresogobernanza.ulagos.cl/

Los días 29 y 30 de octubre del año en curso se llevará a cabo el ‘Segundo Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’. Actividad en el que ya han confirmado su participación académicos, investigadores y estudiantes de distintos países de Iberoamericana.

El Congreso de Gobernanza Universitaria pretende transformarse en una plataforma de encuentro de académicos, directivos y profesionales de las universidades de Iberoamérica, con la finalidad de compartir conocimientos y debatir propuestas y experiencias en el ámbito de la gobernanza de las universidades.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Los Lagos, se realizó por primera vez en el año 2013, y en ella participaron académicos de Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, Uruguay y Chile.

La actividad será inaugurada en el ex Congreso Nacional, verificándose sus otras actividades en el Campus Santiago de la Universidad de Los Lagos.

El Congreso se realiza en el marco del proyecto Fondecyt regular “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas, un análisis desde la teoría de agencia”, perteneciente al Dr. Francisco Ganga Contreras, académico de la Universidad de Los Lagos Campus Santiago. El investigador nos comenta el sentido y propósito de la actividad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PENSAR LOS TEMAS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA?

 “La educación se ha instalado en Latinoamérica como un asunto estratégico a la hora de vislumbrar el desarrollo. Los países de Latinoamérica están todos en vía de desarrollo, la experiencia internacional nos muestra que los países que efectivamente dan el ‘salto’ al desarrollo son aquellos que logran mejorar la calidad de sus instituciones educativas, y no cabe ninguna duda que unos de los factores que resulta determinante al momento de desplegar estrategias de excelencia, es, justamente, la mejora de los sistemas de gobierno universitario”.

“Si las universidades tienen buenos sistemas de gobierno, ello se traducirá en buenas universidades. Un buen sistema de gobierno universitario, con niveles de participación bien ponderados, significa estabilidad, reflexión y proyección. En la medida que se mejoren los sistemas de gobierno universitario, mejoraremos también la eficiencia, la eficacia y la efectividad de nuestras universidades. Entonces pensar estos temas hoy es muy relevante y trascendente”.

“A ello agregaría que si se revisan artículos científicos y entrevistas a actores relevantes del ámbito de la educación, no existe un consenso respecto de cómo deben ser administradas las instituciones de educación superior. Entonces como ese consenso no existe, discutir sobre esta realidad es absolutamente necesario”.

“Finalmente, no deja de ser menor que, en general, el pensamiento iberoamericano, ha estado fuertemente influenciado por la hegemonía estadounidense. Quienes trabajamos en el ámbito administrativo, habitualmente tenemos como importantes referentes a los pensadores estadounidenses y europeos, y no nos hemos dado el espacio para que en Latinoamérica también se generen esos pensadores. Es importante que la comunidad académica y científica de nuestros países valoren más lo que surge desde el pensamiento latinoamericano. Una de las fórmulas es generar espacios, como el ´Segundo Congreso de Gobernanza Universitaria’, que vengan a apoyar la germinación de investigaciones y pensamiento desde nuestro continente”.

CONVOCATORIA

El plazo para la presentación de ponencias aún está abierto, debiendo ser presentadas según las bases de la convocatoria. Las ponencias serán evaluadas por un jurado designado por las y los organizadores del Congreso, sobre la base de la pertinencia respecto el tema de la convocatoria, la originalidad, la relevancia teórica y/o práctica, el rigor metodológico y la claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis apropiada.

Fechas importantes

§ Cierre de recepción de resúmenes: Hasta viernes 25 de julio de 2014

§ Notificación de rechazo o aceptación de resumen: al 31 de julio de 2014

§ Cierre de recepción de ponencias: Hasta viernes 22 de agosto de 2014

§ Notificación de rechazo o aceptación de ponencias: al 29 de agosto de 2014

§ Entrega de presentación de ponencia: 30 de septiembre de 2014

§ ‘Segundo Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza Universitaria’: 29 y 30 de octubre de 2014

Los artículos que sean aceptados con modificaciones tendrán un plazo de 2 semanas para realizar las correcciones, a partir de la notificación.

Para mayor información remitirse al siguiente link: http://congresogobernanza.ulagos.cl/

El Instituto de Ciencias de la Educación ha editado el libro La nueva gobernanza de los sistemas universitarios dentro de la colección Educación Universitaria, que acoge temas referentes a investigaciones internacionales sobre educación superior. La obra, que ha sido coordinada por Barbara M. Kehm, presenta los resultados de los estudios de investigación recientes de quince especialistas de gran reputación. La mayor parte se han realizado desde una perspectiva europea, a la vez que comparativa, y ofrecen análisis avanzados sobre las ideologías subyacentes y los objetivos de las reformas actuales en la gobernanza universitaria.

En esta publicación se estudian con atención las reformas universitarias inspiradas en lanueva gestión pública y otros enfoques que aplican teorías y conceptos de las ciencias políticas, la teoría de las organizaciones y la gestión pública, todo ello con el objetivo de transformar ciertas instituciones burocráticas en organizaciones corporativas capaces de definir nuevas relaciones e interacciones entre universidad, Estado y mercado para modernizar el liderazgo y la gestión institucional, de acuerdo con los nuevos retos y demandas.

El libro da respuesta a cuestiones como cuál es la naturaleza de la «revolución de la gestión» en la enseñanza superior; cuáles son las características básicas de las nuevas estructuras y prácticas de gestión introducidas en la enseñanza superior, o si las nuevas estructuras de gestión benefician a las instituciones de educación superior y al público general más que las estructuras que se están eliminando. Además, propugna el difícil equilibrio entre el análisis de los distintos agentes de la gobernanza (administraciones, académicos, técnicos y representantes de la sociedad); entre los ámbitos que se encuentran implicados en ella (estados y administraciones, mercados, sociedad e instituciones de educación superior), y entre investigadores y políticos.

Asimismo, permite captar los cambios históricos globales que se están produciendo para comprender lo que está sucediendo y para proyectar con cautela la reflexión en las circunstancias de cada país. Por otra parte señala que cada sistema universitario debe encontrar su propio camino y que todavía no hay una idea unitaria sobre la universidad del siglo xxi, y que la dificultad radica en cómo gestionar el cambio cultural en el que se está inmerso y cómo transformar la realidad actual de la universidad. Finalmente sugiere que cada uno debe definir sus opciones a partir de lo que ha sido, lo que es y el potencial que tiene, a partir de su patrimonio específico, y que solo desde la cooperación mutua y el debate conjunto se podrá avanzar en la dirección correcta.

Barbara M. Kehm es catedrática de Investigación sobre Educación Superior, directora de gestión del Centro Internacional de Investigación sobre la Educación Superior (INCHER) de la Universidad de Kassel, en Alemania, y coordinadora de importantes proyectos para organismos internacionales como la Unesco, la OCDE o el Consejo de Europa. De entre sus publicaciones destaca la compilación de los volúmenes Reforming university governance. Changing conditions for research in four european countries (2006) y Looking back to look forward. Analyses of higher education research after the turn of the millennium (2007).

Fuente: http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/11/092.html

Marius Rubiralta, Secretario general de Universidades. Desde mi salida como rector de la Universitat de Barcelona y mi incorporación al Ministerio de Ciencia e Innovación, primero, y al Ministerio de Educación, posteriormente, como secretario general de Universidades, he asistido a tres momentos importantes en relación con la gobernanza en las universidades públicas.

El primero, cuando se publicó el libro blanco de la Universitat de Catalunya, un documento de amplio consenso de los rectores de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), que levantó expectación incluso fuera de Catalunya. En él aparece un amplio análisis de las debilidades del actual gobierno de las universidades y se apuntan medidas de mejora y modernización.

Sin embargo, y de forma casi simultánea, el Gobierno catalán puso en marcha un proceso de análisis paralelo liderado por los consejos sociales, dirigido en principio a avanzar en la que debería ser la nueva ley catalana de universidades, cuyas conclusiones en materia de gobernanza han quedado reflejadas en un documento que ha visto la luz a consecuencia de una polémica votación celebrada en el claustro de la Universitat de Barcelona el 17 de diciembre. Llegados a este punto creo que es necesario recordar que no se avanzará en la modernización universitaria ni en la mejora de la gobernanza mediante confrontaciones en el seno de la comunidad universitaria ni con simplificaciones interesadas de la complejidad del proceso.

Un segundo momento reseñable, que dio lugar a una cierta preocupación en medios universitarios, fue la presentación por parte de la CRUE-CYD (conferencia de rectores) de un informe solicitado desde la secretaría de Estado de Universidades en mayo del 2008, donde, a partir de un trabajo de campo, se hacía un análisis de la situación y se ofrecían un conjunto de recomendaciones acerca de la gobernanza y el gobierno de las universidades. Los avances del estudio fueron expuestos en los cursos de verano de la UIMP y después en una presentación pública, cuando el documento aún no había sido analizado por los responsables del encargo.

Quisiera, en tercer lugar, subrayar el esfuerzo realizado desde la Secretaría General de Universidades en la modernización universitaria: tomando como referencia la Agenda Europea para la Modernización de las Universidades del 2006 y el 2007, desarrollando la ley orgánica 4/2007 por la que se modifica la ley de universidades del 2001 y ordenando el proceso de modernización con una estrategia abierta y participativa de acuerdo con los retos de la educación superior en España. Esta propuesta, conocida como Estrategia Universidad 2015 (EU2015), presta especial atención a la gobernanza, aunque el calendario para abordar esa cuestión ha tenido que sortear dificultades añadidas, como las derivadas de la crisis socioeconómica.

La gobernanza universitaria es indisociable de aspectos como la financiación y la rendición de cuentas, al igual que está estrechamente vinculada con la dimensión social, en especial con la política de becas y ayudas, y con las políticas del plan nacional de I+D+i en lo que se refiere a la financiación competitiva en investigación e innovación. En este sentido, hay que resaltar que la nueva financiación universitaria tiene una hoja de ruta a ejecutar inicialmente dentro del horizonte de la EU2015, aunque aplazada en algunos de sus puntos al 2020 como resultado de los planes de austeridad acordados por el Parlamento español.

Este documento fue aprobado por consenso en abril del 2010 en presencia de todos los rectores y consejeros autonómicos del ámbito de universidades. En él se incorporan elementos de gobernanza relacionados con la financiación y el control de la eficiencia de la gestión, así como con la construcción de un sistema integral de información y el establecimiento de un modelo de contabilidad de costes para las universidades o la generación de una política de acercamiento de la universidad a su entorno local y territorial, un objetivo al que responde el programa de Campus de Excelencia Internacional.

El Ministerio de Educación tampoco ha descuidado otro aspecto capital de la gobernanza, entendida como gobierno del conjunto del sistema universitario, incorporando a él un Consejo del Estudiante Universitario como consecuencia de la próxima aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario por parte del Consejo de Ministros.

La gobernanza ha de ocuparse igualmente del engarce de los departamentos, facultades, escuelas e institutos universitarios, al igual que los institutos de investigación, hospitales veterinarios, parques científicos y fundaciones de formación y extensión universitaria, entre otras, con el gobierno de la universidad. Una comisión de expertos trabaja en ello dentro de la EU2015. La gobernanza entendida como el papel de los cargos unipersonales, especialmente del rector, también es motivo de estudio.

Hay que concluir, pues, que la trivialización y simplificación del proceso de modernización de las universidades, usando solo la gobernanza, es un mal favor que se le hace a la universidad y a la sociedad. Secretario general de Universidades.

Fuente: http://www.elperiodico.com

Jorge Gómez Barata (ARGENPRESS.info)
El liderazgo estudiantil chileno quedó perplejo cuando luego de intensas manifestaciones y debates en demanda de una enseñanza universitaria pública y eficiente, el presidente Sebastián Piñera se declaró contrario a la estatización de la educación.

– ¡Este hombre no ha entendido nada! Exclamaron
– ¿A quién se le ocurre que quienes denuncian por injusto e ineficaz al Estado neoliberal chileno quieran confiarle toda la educación y el destino de la juventud ilustrada? Sería como poner la Iglesia en manos de Lutero. Los adolescentes comprenden algo que los políticos chilenos partidarios del fundamentalismo y la desregulación neoliberal todavía no entienden: no es lo mismo social que estatal y público no significa gubernamental.
Cuando se investigan las prácticas aplicadas en los países desarrollados en alguno de los cuales desde hace más de un siglo y en Europa hace 60 años atrás, en materia de educación se aplican políticas sociales y prácticas de administración escolar avanzadas, se descubre una variedad de desempeños que hicieron irrelevante el debate entre la educación pública y privada, todavía vigente en América Latina.
Al margen de equívocos introducidos por confusiones estadísticas que registran la condición de las escuelas y universidades por el modo como se financian, asumiendo que son privadas todos las que no dependen de recursos públicos; enfoque que soslaya la existencia de esquemas de financiamiento y gestión que son sociales sin ser estatales. Ninguna escuela gerenciada por instituciones religiosas, sociales o por sus propios cuerpos de dirección es exactamente privada, aunque tampoco sea estatal.
Prácticamente en ningún país de Europa la enseñanza general (primaria y media), es atractiva como negocio suficientemente lucrativo para incentivar la codicia de los capitalistas. Entre otras cosas, en esos países son estrictas las regulaciones y elevadas las exigencias y se trata de un área en la cual es difícil de competir con los estados que cuentan con mayores recursos que cualquier empresario privado.
El hecho de que la enseñanza se financie con fondos públicos y el Estado dicte las leyes, asuma la función metodológica, establezca los reglamentos y uniforme el sistema, elabore los programas, certifique los textos, conceda licencias, inspeccione y realice auditorias, decida como ha de ser el menaje escolar, faculte a las instituciones para expedir títulos y jerarquías académicas, no significa que se haga recaer sobre los gobiernos la responsabilidad de administrar centralmente decenas de miles de escuelas, institutos y universidades.
La mayoría de los países desarrollados se han abstenido de montar enormes, costosas e ineficientes estructuras burocráticas para operar centralmente el sistema escolar. En muchos, desde hace siglos, funcionan las juntas u otras estructuras rectoras de la educación, integradas por autoridades locales, maestros y profesores, padres, en algunos niveles estudiantes y notables de las comunidades. En la mayoría de los casos los presidentes de tales juntas que controlan por igual a escuelas privadas o públicas son electos.
En las universidades, donde se trata de adultos, la administración escolar -privada y pública- tiende a estar descentralizada y es realizada bajo formulas de autogobierno por las cuales lucharon y vencieron los estudiantes y profesores desde los tiempos de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina en 1918.
Aquel fue, después de la independencia el primer movimiento político de alcance continental mediante el cual la comunidad universitaria confrontó la antediluviana dominación oligárquica y a sus expresiones en los ambientes académicos, luchando contra las prácticas autoritarias, procurando la separación del clero, la modernización, la liberalización, la democratización de la enseñanza y el autogobierno universitario.
En muchos países los criterios de autonomía universitaria perdieron su contenido político original y se refieren ahora al cogobierno y a la dirección de los centros de enseñanza superior. Donde más se ha avanzado los claustros universitarios en coordinación con las organizaciones estudiantiles, las entidades que auspician los centros y las autoridades locales de educación, seleccionan a los rectores y establecen otros criterios de funcionamiento.
A los estudiantes chilenos les ha tocado lidiar con gobernantes tan primitivos que discuten asuntos que ya había resuelto la Corona Española cuando dio a las universidades que fundaba carácter “real y pontificio”, es decir público. Más que tratar de resolver el problema de la educación en su país, el presidente Sebastián Piñera haría muy bien en dejar el asunto en manos de los que lo entienden.

Fuente: El Pais OnLine

Por Ignacio Walker, senador por la Región de Valparaíso

Son tres los proyectos que está conociendo la Comisión de Educación del Senado en materia de educación superior.

Los tres muy importantes; muy controvertidos y susceptibles de ser, por supuesto, perfeccionados en el trámite legislativo, y algunos modificados en forma muy sustantiva, incluyendo el que crea la Agencia Nacional de Acreditación.

El primero es el de financiamiento de la educación superior, que básicamente se refiere al sistema de crédito. Creemos que tiene que abordarse de una manera más integral, sobre una base de derechos garantizados, de becas, de créditos y financiamiento en general de la educación superior.

El segundo, sobre fiscalización, que crea una Superintendencia de Educación Superior. Existe el compromiso por parte del Gobierno de presentar una indicación sustitutiva de ese proyecto, dado los muchos aportes y críticas que se han hecho al mismo.

Y el tercero, que tiene pendiente la votación en general de Sala, se refiere a sistema de acreditación.

Creo que hay que partir valorando la decisión del Ejecutivo frente a los lamentables sucesos que hemos conocido, por ejemplo, en torno a la Universidad del Mar, en cuanto a avanzar a un perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la educación superior, incorporando la acreditación como algo obligatorio, que es la principal innovación de este proyecto, estableciendo ciertos estándares que apuntan a asegurar la calidad de la educación superior, reforzando el carácter público de la instancia a cargo de esta acreditación y regulando de manera adecuada los múltiples conflictos de interés que existen en esta materia.

Sin embargo, muchos creemos que esta iniciativa tiene que insertarse en el ámbito de una reforma integral al sistema de aseguramiento o de acreditación, que aborde de manera sistemática y simultánea el marco regulatorio para la educación superior.

Porque, en definitiva ¿qué estamos haciendo? Regulando un mercado desregulado. La educación ha estado librada, básicamente, a una lógica de mercado y surge la necesidad de regular de manera adecuada la educación considerada como bien público. Y para esto crear una nueva institucionalidad que garantice ese marco, marco regulatorio que es como el pegamento de los tres proyectos que mencionaba -de financiamiento, de fiscalización y acreditación, y, especialmente, regule de manera efectiva la prohibición del lucro que pesa sobre las instituciones universitarias desde el año 81 y que se burla sistemáticamente.

Si bien se comparte en este proyecto la lógica de este sistema de aseguramiento en materia de licenciamiento, de acreditación, de un sistema de información, personalmente creo que el proyecto del Ejecutivo debe ser integralmente reestructurado, a través de una indicación sustitutiva y, por lo tanto, habrá un trabajo de ingeniería/detalle -por así decirlo- más allá de este diseño, de esta arquitectura, de la próxima votación en general que permita incorporar muchas de las observaciones y críticas que ha recibido de los más diversos sectores el proyecto, tal cual está.

Las principales adecuaciones que requiere este proyecto, a nuestro juicio, y que habrán de ser objeto -esperamos- de esa indicación sustitutiva a la que se ha comprometido el Ejecutivo son:

Primero, y lejos la más importante -compartiendo que el sistema de acreditación tiene que ser obligatorio, porque es la única forma de asegurar esos estándares mínimos de calidad- creemos que hay una confusión en el proyecto entre licenciamiento y acreditación, y hay que separar y distinguir claramente entre lo que es licenciamiento, que es el procedimiento por el cual la institución obtiene su autonomía; de lo que es la acreditación en base a esos estándares que acreditan esa calidad, siempre velando por una continuidad del proceso, porque muchas veces ocurre que una institución obtiene licenciamiento, tiene autonomía y después hace lo que quiere y, por lo tanto, no es regulada de manera adecuada desde el punto de vista de los requisitos de calidad y los estándares que establece la ley.

Por lo tanto, se trata de separar, de distinguir, pero de complementar e integrar ese licenciamiento con la acreditación en un proceso continuo y también deben distinguirse claramente los requisitos de ingreso al sistema de los estándares de calidad.

Algo muy importante que hemos propuesto con mucha fuerza -y yo he insistido particularmente en ello- es fijar estándares ad hoc para la educación universitaria y para la educación de los centros de formación técnicos e institutos profesionales, que no son lo mismo.

A muchos nos parece fundamental que este consejo de acreditación tenga -por así decirlo- dos subcomisiones, una abocada al tema educación superior universitaria y otra, abocado al tema educación superior no universitaria: centros de formación técnica e institutos profesionales.

Luego, es fundamental un adecuado equilibrio entre la autonomía institucional que se obtiene con el licenciamiento y estas exigencias mínimas desde el punto de vista de los estándares y la calidad.

En materia de obligatoriedad creemos que no puede ser aleatorio el tema de acreditación de los doctorados, justamente, dada la importancia que tiene esa fase del conocimiento. Por lo tanto, debiera ser obligatorio.

En materia de los plazos de acreditación muchos creemos que este sistema dicotómico de acreditado o no acreditado y por seis años es insuficiente. También es insuficiente e inadecuado el actual sistema de acreditación de uno a siete años. Pero se puede establecer una gradiente para que aquellas instituciones más maduras, más complejas que hacen docencia, que hacen investigación, que tienen historia puedan tener un mayor plazo y otras, por ejemplo, que vienen ingresando al sistema, que tienen menos historia, que no tienen investigación puedan tener un plazo menor, y que exista, por ejemplo, un plazo provisorio de tres años.

Pero tanto el sistema actual sistema, como el que propone la ley nos parecen inadecuado.

Ahora, con respecto a la institucionalidad, creemos que se puede adecuar de muchas maneras. Por ejemplo, el número de miembros del Consejo se puede adecuar, creo que son necesarios más de cinco miembros y que tenga personal suficiente para hacer frente a la tarea permanente de acreditación, que permita mejorar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es uno de los temas centrales de este proyecto, porque todos sabemos los conflictos de interés permanente que existen en la administración y propiedad de las instituciones de educación superior.

Y que haya, ciertamente, un financiamiento institucional. No puede seguir dándose que la propia institución acreditada financia al acreditador. Obviamente que se genera allí una incompatibilidad.

En síntesis, espero que el Senado apruebe en general este proyecto de ley y habrá tiempo, en la discusión en particular, para corregir muchos de estos problemas que he mencionado y ojalá una indicación sustitutiva que permita incorporar muchas de las observaciones críticas que se han formulado en el más variado espectro de expertos, de instituciones, de docentes que han estado presentes en las sesiones de la Comisión de Educación.

Fotografía: emol.com