Planteles regionales piden que se consideren factores de pobreza para entrega de recursos.

Dentro del Consejo de Rectores (Cruch), las universidades regionales han intentado levantar en el último tiempo interés por los problemas económicos que tienen, debido a que atienden a altos porcentajes de alumnos vulnerables y a los criterios con que actualmente se reparten los recursos del Estado para los planteles.

Y una preocupación en tal sentido es cómo se definirán los aranceles de referencia con los que se calcularán los aportes estatales para financiar la gratuidad. Según los rectores, se necesita determinar criterios y variables que operacionalicen los costos asociados a atender estudiantes vulnerables.

El rector de la U. de Los Lagos, Oscar Garrido,  miembro del directorio del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), planteó que “es fundamental que cualquier fórmula de cálculo para determinar aranceles de referencia rompa con criterios e indicadores históricos y centralistas, y se incluyan en el análisis factores determinantes como la variable regional, la procedencia de los alumnos, el ingreso familiar y la escolaridad de los padres”.

Según un estudio realizado por la U. de Los Lagos hay ocho universidades del Cruch donde más del 60% de los postulantes (de primera preferencia) tienen ingresos familiares brutos menores de $ 288 mil. Estas son: U. del Bío Bío, U. C. del Maule, U. C. de la Santísima Concepción, U. de Talca, U. de la Frontera, U. C. de Temuco, U. de Los Lagos y U. de Concepción.
Municipales

Además del ingreso familiar hay otro factor que influye en la vulnerabilidad de los estudiantes. Se trata de la procedencia de establecimientos municipales.

Esto, según el análisis de la U. de Los Lagos, “implica una serie de condiciones socioeconómicas y socioafectivas ampliamente estudiadas y que indica que los alumnos requieren de un mayor nivel de apoyo en lo económico y en el desarrollo de competencias de entrada, en cuanto conocimientos y hábitos de estudio”.

Más y menos

En el año 2015, la universidad con más alumnos provenientes de establecimientos municipales en relación a su matrícula fue la U. de Los Lagos, con 53%, y la que matriculó menos estudiantes del sistema público fue la U. Católica, con 15,1%.

Garrido dijo que “es totalmente fundamental subsidiar cualquier esfuerzo de las universidades por atender de manera integral a estudiantes talentosos del sistema municipal que presentan déficit sociocultural. Una política pública debe ser inclusiva y es el rol de las universidades, particularmente, de las estatales situadas en regiones”.

El rector de la U. de Magallanes, Juan Oyarzo, explicó que en el caso de ese plantel -donde el 48,9% de su matrícula es municipal- le han pedido al Mineduc que se considere “hacer una causa justa con nuestros alumnos porque estamos en una zona extrema y aislada, y en el inicio de la gratuidad no deberíamos tener brecha porque nuestros aranceles no son tan bajos porque es más difícil financiar nuestro funcionamiento”. Y añadió que “además tenemos los sueldos más bajos del Cruch”.
Costos elevados

El presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, indicó que “el costo de la educación de una persona con carencias es mucho más elevado que el costo de la formación de una persona sin carencias. Y justamente las ues regionales, donde asisten más alumnos vulnerables, son las que invariablemente tienen aranceles más bajos, las que hacen más esfuerzos”.

Según el estudio de la U. de Los Lagos, al analizar los aranceles anuales de las ues del Cruch se evidencian diferencias importantes, que van desde $1.500.000 a $4.100.000.

“A pesar de que estas diferencias obedecen a que en promedio se consideran programas de distinta naturaleza, se puede observar que las universidades estatales de regiones son las que presentan los aranceles promedios más bajos: U. de Los Lagos, U. Playa Ancha, U. del Bío Bío, U de Atacama, U. Arturo Prat”, según indica el documento.

Además, en los planteles regionales asisten jóvenes  con niveles más bajos de educación superior de los padres (U. Católica de la Santísima Concepción, U. del Bío Bío, U. de Los Lagos y U. Católica del Maule).

El rector de la U. Católica de Temuco, Aliro Bórquez, resaltó que otro factor a considerar es que “en nuestros planteles hacemos esfuerzos por ayudar a los estudiantes más allá del financiamiento de los aranceles”.

Y dijo que muchos provienen de sectores rurales, por lo que deben costear alimentación, alojamiento y movilización, entre otros gastos de mantención. “Esperamos que esto también sea considerado al momento de entregar recursos a las universidades”, dijo Bórquez.

Fuente: LaTercera.com

Estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, ante la negativa de la rectoría para  recibirles el pliego de exigencias construido en asamblea triestamentaria, deciden tomarse pacíficamente el edificio administrativo Uriel Gutiérrez hasta que sean escuchados y el ente rector instale una mesa de diálogo. Los estudiantes plantean la derogación de los estatutos que rigen la universidad y la posibilidad  de nuevas formas de administración.

Los estudiantes proponen como escenario de construcción un congreso universitario en el que participe y decida toda la comunidad educativa. Este hecho viene de la mano con el paro de los trabajadores del plantel que está por cumplir quince días, quienes exigen las mejoras de sus condiciones laborales y rechazan las imposiciones por parte del Gobierno Nacional y del rector Ignacio Mantilla, quien fue reelegido a pesar de haber perdido las consultas internas. Igualmente quieren poner en discusión la reestructuración del Consejo Superior Universitario -CSU- y frenar el cupo de endeudamiento y la creciente desfinanciación de la universidad pública.

Estos motivos, más la deuda histórica de la universidad, los mecanismos de autofinanciación a los que obliga el Estado, la pérdida paulatina del bienestar universitario, los precarios pagos a los profesores de cátedra, la no libertad de cátedra, entre otros, son las problemáticas que busca solucionar el estudiantado con el desarrollo del “Congreso UN”.

Dicho congreso surge de la iniciativa del Comité Nacional de Representantes Estudiantiles -CNRE – y otras organizaciones para generar un espacio de deliberación y debate que logre plantear reformas concretas y estructurales en la universidad. Se comienza a abanderar la propuesta también desde profesores y trabajadores para llenarla de contenido.

Los estudiantes plantean que ese espacio debe tener un carácter decisorio y vinculante, regido por un gobierno democrático para y por la Universidad, que dentro de sus funciones realice reformas estatutarias y académicas de forma autónoma. Estos cambios, además, deben estar al margen de lo propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo -PND – y los Planes Regionales de Desarrollo -PRN -que hasta el momento, según los estudiantes, han desmejorado la calidad educativa de la institución.

Por otro lado, se exigen garantías para la protesta, de manera que durante la instalación y desarrollo de la mesa de interlocución entre trabajadores, Gobierno y administración, no haya medidas represivas, pues que hasta el momento han hecho firmar a los trabajadores cada dos horas la asistencia y anunciaron descontar del salario los días de paro.

Una de las crisis más sentidas por los estudiantes es el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica -Peama-, al que se le han recortado varios programas académicos, en su mayoría de Ciencias Humanas y Exactas al no verlos útiles, según lo estipulan el PND y los PRD. En preferencia sólo se impulsan las modalidades agrarias y de la salud. Por ejemplo, en la sede del Amazonas se recortan los programas para los admitidos pasando de 32 a 13.

Otras de las peticiones son el reajuste del calendario académico que busca garantizar la plena culminación del semestre sin la suspensión de los bonos alimentarios ni de transporte; igualmente la inclusión del problema de los profesores del colegio de la universidad, el IPARM, puesto que se está vinculando a los profesores a la contratación por prestación de servicios, pagándoles menos de lo establecido en el escalafón docente e impidiendo hacer la carrera docente o administrativa.

Para el transcurso de la semana los estudiantes esperan una respuesta afirmativa del rector y que se instale de una vez la mesa de concertación.

Fuente: colombiainforma.info

En la actualidad la Universidad Nacional se encuentra en medio de un escenario de anormalidad académica, específicamente las sedes Bogotá, Palmira y Medellín, siendo estas las que recogen el mayor porcentaje de la comunidad universitaria. Lo que inició como bloqueos parciales de los edificios de algunas de las sedes por parte de los trabajadores el pasado martes 14 de abril, se vislumbra hoy como la posibilidad de entrar en un paro generalizado, con apoyo de los tres estamentos de la universidad: estudiantes, trabajadores y profesores.

Uno de los puntos de convergencia de los tres estamentos universitarios ha sido el tema de la democracia universitaria y por tanto la referencia misma al tipo de gobierno que debe implementarse en la Universidad Nacional de Colombia. Este tema ha permitido que emerja un cuestionamiento respecto al estado de la gobernabilidad dentro de la Nacho.

Dado que en el presente, el tipo de gobierno en el que se enmarca el funcionamiento de la institución implica el direccionamiento del Consejo Superior Universitario como máximo espacio de decisión, empero, la realidad ha mostrado que el poder se concentra fundamentalmente en el rector de turno, es oportuno preguntarse por la gobernabilidad que posee el reelegido “Rector” Ignacio Mantilla.

En primer lugar es necesario ubicar una definición de gobernabilidad, de tal forma que es preciso mencionar, que algunos organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, entre otros, plantean definiciones de gobernabilidad democrática, que son aplicadas a instituciones de todo tipo y que se circunscriben al cumplimiento de objetivos, a la resolución de conflictos, al uso de la fuerza, etc., (Echebarría, 2004). Para nuestro caso definiremos gobernabilidad democrática a la capacidad que tienen las autoridades de ejecutar sus planes de trabajo, sustentado ello en legitimidad, en opinión publica favorable y la cooperación entre los distintos miembros de la institución, pero además la solución pronta, por vías de dialogo de los diferentes conflictos suscitados dentro del espacio de control.

En este orden se ha construido un indicador de gobernabilidad democrática compuesto por tres índices, que nos permitirán analizar el nivel de gobernabilidad obtenido por Mantilla en los últimos 3 años.

Índice de Normalidad Académica

Una primera parte de la gobernabilidad democrática gravita entorno a la posibilidad de llevar a cabo los planes de desarrollo planteados, a su vez para el caso de la universidad, poder desarrollar los cronogramas de clase en total normalidad, no obstante la Universidad Nacional tuvo durante este periodo alrededor de 25 jornadas de protestas, es decir, un promedio de 4 protestas por semestre, pero además, tres de ellas de larga duración, que significaron cese de actividad académica por más de dos semanas.

En la Tabla 1 podemos observar el número total de días que representan estas protestas, 99,5, que implican un 16% del total de días del periodo de gobierno, en jornada de movilización. A hora bien este porcentaje podría no parecer demasiado alarmante, sin embargo, si se compara con la duración aproximada de un semestre que es de 105 días, tenemos que la universidad ha cesado sus actividades académicas durante estos tres años prácticamente por un semestre.

En el mismo orden es preocupante que durante este periodo se hallan dado 14 órdenes de desalojo, del campus de la sede Bogotá. La formas en que se resuelven los conflicto es una variable supremamente importante, el desalojo como medida autoritaria y unilateral, solo proyecta una cosa, la inexistencia del dialogo.

Ahora bien el Índice de Normalidad Académica nos proyecta un 0.84, donde 1 es el cumplimiento perfecto del cronograma académico y cero el peor escenario, si bien este resultado no es malo existen distintos factores que aún se quedan por fuera, como la sistematización total de las protestas al interior de la universidad o incluso las diferentes amenazas que han dirigido grupos al margen de la ley hacia activistas universitarios (Ver comunicado 002 del 26/07/2012 y 004 del 12/12/2014 del Consejo de Sede de la Sede Bogotá). Por tanto puede decirse que si bien existe un relativo éxito en el desarrollo del cronograma académico, el porcentaje de días que ocupa la protesta dentro de la universidad es bastante importante.

Índice de Opinión Pública

Un segundo aspecto a tener en cuenta dentro de la gobernabilidad democrática es la receptividad que poseen en el exterior las políticas de gobierno que se implementan en la institución, más si estamos hablando de la Universidad Nacional de Colombia, la institución más destacada del país en términos académicos y que concibe dentro de sus fines misionales la reconstrucción del proyecto de nación, por tanto la gobernabilidad en la Nacho no se evalúa solo hacia adentro sino también hacia todo el país. Por ello, se recogió una muestra de 105 artículos, que hacían mención de la Universidad Nacional y de la gestión administrativa de la misma, de los portales de prensa con más visitas y reconocimiento, tanto respecto acceso a información como a opiniones de peso.
En la Tabla 2 podemos ver los resultados de esta revisión. De tal manera que encontramos que el Índice de Opinión Publica favorable a la gestión de Mantilla es solo de 0,21, donde cero refleja un total rechazo y 1 una total aceptación. Lo que nos permite concluir que existe un alto malestar con el actual ejercicio de gobierno. Siendo claro que los principales portales de información y opinión del país le han venido dando la espalda a la gestión del actual “rector”.

Por otro lado es más grave la situación si se analiza que por lo menos el 26% de los artículos favorables a la gestión de la actual administración son columnas de su propia autoría o entrevistas a él.

Índice de apoyo electoral

Por último la legitimidad de una administración se puede medir, también, a través de las votaciones, para el caso de la Universidad Nacional estas se realizan en una consulta que permite separar a los cinco candidatos con mayor votación de entre todos los postulantes a rector. Por otro lado la posibilidad que tienen los rectores en ejercicio de postularse para ser reelegidos es una posición bastante ventajosa, si se comprende que todo el periodo de gobierno puede entenderse como herramientas de campaña y a su vez que los logros obtenidos como argumentos de legitimidad; no obstante lo sucedido con Mantilla no fue, necesariamente, fiel reflejo de esto.

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos por Mantilla en las dos consultas, la del 2012 y la de 2015. En primer lugar es claro que el periodo de Mantilla como rector le sirvió bastante para mejorar la percepción que la comunidad universitaria tenia de él, pues en todos los estamentos el aumento de los votos recibidos supero el 100%; empero, si se observa la brecha entre él y el candidato más votado, esta no solo aumento en valores absolutos, sino que se incrementó en un 63%, de tal manera, que si bien al candidato rector lo beneficio su condición, no le alcanzo para ganar la legitimidad otorgada por las votaciones.

Ahora bien, si la brecha empezara a reducirse conforme aumenta la votación de Mantilla, este necesitaría mínimo tres periodos más para poder tener el total de legitimidad en las urnas que tuvo su último contendor, Mario Hernández.

En la Tabla 4 se puede observar los resultados del Índice de Apoyo Electoral, asignando una ponderación de 0,30 a la Variación del apoyo respecto a si mismo y de 0,70 a la Variación de la brecha respecto al candidato más votado, tenemos que el índice es de solo 0,054, donde 0 es un rechazo total y 1 es un total apoyo. Así pues tenemos que la legitimidad de Mantilla en las urnas es igual al dialogo que el mantiene con la comunidad universitaria, prácticamente nulo.

En este orden asignando una ponderación igual a cada uno de los índices (0,33) tenemos que el indicador de gobernabilidad democrática de Mantilla desde su posesión como “rector” hasta la actualidad es de 0, 3681 tal como se puede ver en la Tabla 5, donde cero es el peor escenario y 1 la gobernabilidad democrática de más alto nivel.

Deplorable, solo así puede calificarse esta situación de gobernabilidad en la Universidad Nacional, pero además también debe mencionarse que la decisión tomada el 25 de marzo por el Consejo Superior Universitario no es menos que humillante e indignante, tal vez haber publicado este articulo antes hubiese servido para ayudar a los consejeros a ver lo obvio, que Mantilla no tiene posibilidades de gobernabilidad democrática dentro de la Universidad Nacional.

Con este análisis además de pretende ubicar la incapacidad del actual “rector”, también debe permitirse ver que el problema no es la persona, sino la forma, este método de gobierno universitario es obsoleto y la creciente necesidad por la democracia universitaria implica nuevas herramientas que satisfagan la misma. El día de mañana se reunirá la comunidad universitaria en Asamblea triestamentaria allí se definirá el horizonte de esta movilización, el Congreso Universitario se presenta como una solución a estos bajos niveles de gobernabilidad democrática. A los miembros de esta comunidad no les queda menos que exigir la solución de los actuales conflictos y las garantías institucionales para el inicio de una reforma estructural del gobierno de la Universidad Nacional de Colombia.

Bibliografía
Echebarría, K. (2004). Objetivar la gobernanza: funciones y metodología. Una aproximación a la objetivación del análisis institucional a través de indicadores de gobernabilidad. Madrid, España: IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.

*Miembro del Colectivo de Economía.Estudiante de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
@Leonardo_rojasr
[1] Esto no desconoce que los calendarios se hallan extendido simplemente ubica la dimensión del tiempo transcurrido durante los distintos conflictos.

En el siguiente enlace pueden encontrar la totalidad de las fuentes empleadas para la construcción de este indicador: https://drive.google.com/open?id=0B5ZVwztJV2xIdVl1QjdDR2FWejQ&authuser=0

Fuente: las2orillas.co

La presidenta en funciones preside en San Telmo la toma de posesión de Eduardo González Mazo, que repite como rector de la UCA
SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

   La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido la concepción de las universidades como clave estratégica para la formación del capital humano y la renovación del modelo productivo en el marco de una comunidad autónoma que supone “la puerta a Europa y a África”.

   Asimismo, Díaz, que este miércoles ha presidido en el Palacio de San Telmo de Sevilla la toma de posesión de Eduardo González Mazo como rector de la Universidad de Cádiz (UCA), cargo que ostenta desde 2011, ha dejado claro que la Junta mantiene su disposición a financiar el 100 por ciento de la universidad pública.

   “Cuando se aclare el futuro del Plan Bolonia, se trabajará en ver si es posible otro modelo que mejore el actual”, ha asegurado la presidenta, que, no obstante, rechaza acometer cambios normativos movidos únicamente por “cuestiones económicas” –en alusión a la pretensión estatal de promover el modelo ‘3+2’, de tres años de Grado y dos de Máster– que supondrían “truncar las esperanzas de miles de jóvenes”.

Para la mandataria autonómica en funciones, la universidad es una “oportunidad para Andalucía”, “más allá de las aulas”, así como una “garantía de futuro” para los jóvenes. Así, ha señalado que mantiene el “diálogo al más alto nivel” con la comunidad universitaria para que forme parte en la definición “del modelo económico del futuro”.

   En ese sentido, Díaz ha recordado que el Gobierno andaluz viene trabajando tanto para el retorno del talento de los jóvenes investigadores que han tenido que abandonar el país como para evitar que “sigan saliendo” a través de la implementación de planes de investigación.

   Del rector de la UCA, ha señalado que es “un hombre comprometido con la universidad pública y con la excelencia”, un “trabajador incansable” que gestiona una institución clave en proyectos como las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) o el Clúster de Cádiz.

LA UCA “HA AFRONTADO EL RETO”
Por su parte, durante su discurso, González Mazo, doctor en Química y catedrático de Química Física en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la UCA, ha afirmado que la sede académica gaditana ha respondido a la tarea de “generar y transmitir conocimiento en un contexto de adversidades” y ha pedido un pacto de Estado por la educación.

   Ha resaltado que su mandato ha transcurrido en “cuatro años muy complicados, condicionados por una crisis económica sin precedentes, que no hemos provocado pero que estamos padeciendo”, no obstante lo cual “nuestra comunidad universitaria ha dado respuesta a la tarea cotidiana de generar, transmitir y adquirir conocimiento y de aportar una considerable producción científica, de transferencia y servicios, y ha afrontado el reto de mantener la esencia de la universidad pública, contra viento y marea, en circunstancias adversas y bajo una delicada situación financiera”.

   El rector se congratula de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo autonómico, si bien coloca en el ‘debe’ las actuaciones prioritarias por parte de la Junta en materia de financiación para una “correcta” planificación de tesorería y un calendario de pago de la deuda que garantice un funcionamiento “adecuado”.

   “La oferta académica no se ha resentido sino que, antes al contrario, se ha enriquecido”, ha defendido González Mazo, que ve que la Universidad de Cádiz disfruta de un “gran potencial” para afrontar “un futuro espléndido y prolífico”.

   También ha defendido la esencia de la universidad pública como “base de nuestro progreso social y económico”, por lo que ha afirmado la necesidad de “un contexto que dé solidez a nuestras acciones y planificaciones futuras. Hace falta un pacto de Estado que ponga a la educación por encima de otros intereses y que evite frenos normativos en el despliegue de nuestra docencia, investigación y transferencia”.

   “Necesitamos un horizonte de estabilidad a medio y largo plazo, más allá de las incertidumbres y emergencias diarias, que asegure un modelo de financiación para nuestras universidades y provea unas reglas de juego firmes, que no cambien a cada paso”, ha apostillado.

   El acto ha reunido a los consejeros en funciones de Presidencia y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Jiménez Barrios y José Sánchez Maldonado, respectivamente, así como a los rectores de las universidades públicas andaluzas, a los secretarios de Universidades de Junta y Gobierno de España, familiares, amigos, miembros del equipo de gobierno de la UCA y una nutrida representación de la comunidad universitaria gaditana.

Fuente: Europapress.es

En sus mejores momentos, la universidad moderna fue pensada a partir de una idea constitutiva. Ideas como la libre determinación de la razón, según Kant; o la formación y el desarrollo personales (Bildung) basados en la unidad de las ciencias, según Humboldt; o la preparación de élites profesional-burocráticas para el Estado, según el ideal napoleónico; o la educación liberal ( liberal arts ), rasgo distintivo del gentleman , según el cardenal Newman; o como sede de la más clara conciencia de la época, según Jaspers; o la formación del “hombre medio” culto, según Ortega y Gasset; o el compromiso social, la pertinencia y la transformación de las relaciones de poder según diversos pensadores latinoamericanos; o un conglomerado de comunidades, funciones y resultados (una multiversidad) al servicio de diversas expectativas y demandas, según Clark Kerr, ilustre rector de la Universidad de California, Berkeley, en los años sesenta; o el diálogo institucionalizado, pues “solo en el diálogo de las ciencias, las artes, la filosofía y las religiones puede hacerse posible la elaboración de auténtica cultura”, según el documento de Buga de 1967, suscrito por intelectuales de la Iglesia Católica, que tan fuerte impresión hizo sobre mi generación; o bien, finalmente, la idea de la responsabilidad por mantener la separación entre saber y poder, razón y performatividad, metafísica y dominio técnico, según Derrida.

A la luz de este esquemático recuento, la pregunta que debemos hacernos es qué ideas de universidad y de educación superior inspiran a las autoridades del gobierno encargadas de diseñar la reforma de este sector y, en general, a los directivos académicos -rectores, administradores, decanos y catedráticos- que representan las tradiciones y valores de la cultura universitaria.

Nada fácil de responder, debido a la relativa parquedad de ideas y palabras sobre estos tópicos en las altas esferas académico-gubernamentales. La deliberación pública -que justo en el sector universitario podría esperarse alcance un máximo de intensidad- apenas se ha insinuado tímidamente y, con frecuencia, solo como expresión de intereses corporativos o como evaluación de instrumentos financieros.

Así, el debate se dirige, por un lado, hacia la exigencia de mayores recursos para las universidades del Consejo de Rectores o, por el otro, hacia los temas de política pública relativos a la gratuidad universal o focalizada, costeada mediante créditos o impuestos, sujeta a reglas de mérito o de mera necesidad.

Y ni siquiera esas discusiones alcanzan un estatuto mínimamente reflexivo debido a la falta de antecedentes, justificaciones, argumentos y propuestas racionalmente articuladas. Mas bien se contiende y alega sobre la base de trascendidos, globos de ensayo, prejuicios o meras manifestaciones de deseos.

¿Dónde quedan entonces las ideas de universidad y de la educación superior que deberían presidir nuestra controversia de propuestas y opiniones e iluminar las encrucijadas que enfrenta nuestro sistema de formación terciaria? Guardadas en el desván de la memoria, o bien derechamente ignoradas.

Al contrario, campea una noción utilitaria de la universidad. Se la confunde con una armaduría de capital humano, una palanca de competitividad económica, una escalera para la movilidad social ascendente, una máquina de beneficios privados y públicos, un aspa dentro de la “triple hélice” integrada junto con la industria y el gobierno; en fin, una organización puesta al servicio de fines externos. Kant se revuelve en su tumba; Humboldt aprieta los dientes.

En efecto, los valores axiales de la institución -autonomía, razón ejercida en público, deliberación, reflexividad, autorregulación, conciencia, responsabilidad, cultura crítica- no aparecen por ninguna parte en los prolegómenos de la reforma. Infundada, por tanto; carente de fondo o principio.

Carente también de perspectiva de futuro, de horizonte. ¿Qué modelo de enseñanza queremos impulsar? ¿Cómo conviene formar a jóvenes destinados a vivir en un mundo de redes, intenso en conocimiento, de ocupaciones cambiantes, pluralismo de valores y multiplicación de los riesgos morales? ¿Cuáles son las competencias y las capacidades claves para convivir en un medio donde el individualismo coexiste con la presión de masas y el conformismo de las mayorías? ¿Cuánto peso otorgar a la información, los conocimientos y la sabiduría y qué balance trazar entre especialización y cultura general, entre entrenamiento y educación liberal?

Nada de esto parece importar al pensamiento pragmático predominante en los círculos académico-gubernamentales. Prima allí el afán por tornar gratuitos los diplomas y grados con la falsa ilusión de aumentar así el bienestar social; se desea que los estudios sean pertinentes, pero no exigentes; importa que la universidad atienda a los ruidos de la calle, no que guarde la distancia necesaria para pensar más allá del acontecimiento; interesa la conformidad con los mandatos de autoridad (civil o eclesiástica), no la libertad de enseñanza ni la disputatio académica que desde antiguo caracterizaron la vida intelectual de las universidades.

La reforma que a la postre resulte de este estilo de pensamiento no irá más lejos que un modelo de financiamiento, un cálculo de aranceles, una forma de distribuir recursos. Nada parecido, pues, a las ideas que dieron origen y trascendencia histórica a la institución de la educación superior.

“Los valores axiales de la institución -autonomía, razón ejercida en público, deliberación, reflexividad, autorregulación, conciencia, responsabilidad, cultura crítica- no aparecen por ninguna parte en los prolegómenos de la reforma. Infundada, por tanto; carente de fondo o principio”.

Fuente: El Mercurio /Blogs

Imagen: ASEPAR BIO BIO A.G.

Fuente: Europa Sur

Imagen: Descubriendo Salamanca

EL filósofo francés Michel Henry sostuvo hace tiempo que en nuestro tiempo se libra una densa y trascendente batalla entre la Cultura y la Ciencia, en beneficio inequívoco de esta última. La universidad en su conjunto parece haber tomado partido, y ésta es una de las razones de su zozobra humanística actual.

Veamos. La universidad española de los setenta era un hervidero de ilusiones culturales. Una nueva generación, nacida en los cincuenta cuando España comenzaba a comer a diario y el analfabetismo retrocedía con la universalización educativa, arribaba a la vida universitaria. Esa generación había visto en las televisiones fugaces imágenes del sesenta y ocho francés. Por instantes se había emocionado, haciendo causa común con aquellos estudiantes galos que protestaban contra el Malraux gaullista porque había cerrado la Cinemateca francesa, lugar donde cada noche sobre la pantalla soñaban con mundos poéticos otros.

Pero no todo eran ilusiones. Para quienes llaman los libros de Historia los “tecnócratas”, su preocupación -acertada, como luego ha demostrado el devenir- residía en consolidar una clase media que sirviese de amortiguador de conflictos como los vividos en los años treinta por la radicalización de clases. Ahora bien, no dejaban de creer que estos nuevos universitarios no fuesen un problema presente y futuro. Su sentimiento frente a su irrupción era agridulce, sabor que a todas luces no apreciaban. En algunos cenáculos del tardofranquismo solía decirse “esto es dinamita”, en referencia a los nuevos estudiantes. Y dinamita fue. A los dinamiteros se les desahució en la Transición. Mal negocio, ya que se tiró por la borda mucha energía e inteligencia. Francia, más cartesiana siempre, envió a sus sesentayochistas a una universidad periférica, la de Saint Denis, pero no prescindió de ellos. Faltaría más.

A lo que íbamos. Llegó la Transición, y medianías de toda sensibilidad política prosperaron al calor del consenso obligado. Se dictaron normas para el gobierno universitario hechas con poco criterio, y sin mirar alrededor, quiero decir, a los sistemas educativos y universitarios de países de más aliento democrático. Cierto que los universitarios, profesores y alumnos que quisieron salir a oxigenarse salieron con facilidad, pero nadie se ocupó de pedirles resultados ni de promover a su vera la excelencia verdadera.

A título de ejemplo, durante una visita de Javier Solana a finales de los ochenta cuando era ministro del ramo al Colegio de España en París, recién reabierto, después de haber sido quemado en los sucesos del 68, dio ánimo a los humildes becarios y profesores primerizos. Todos se sintieron orgullosos y reconfortados. Más de veinte años después, cuando ZP estaba en el poder, su secretario de Estado de Universidades volvió a reunir allí, en el mismo Colegio, a otra generación de becarios, y a un grupo de profesores consagrados. La brecha abierta entre unos y otros no era tanto de edad, ya que los becarios eran maduritos, ni siquiera de ciencia, sino de estatuto laboral y económico. Aquel secretario de Estado berreó algo así como que el problema era que la gente se dormía en los laureles, y que había que poner “incentivos”. Sin darle mucho crédito a lo que decía el gerifalte socialista, alguien le espetó: “Señor mío, hace más de veinte años estuve aquí mismo, y teníamos entusiasmo, al menos algunos; ahora vuelvo, y se me caen las plumas del sombrajo. ¿No ve usted el panorama de becarios ya crecidos? ¿No constata usted que no hemos hecho ningún centro decente, de lo que se llama referencia, de alcance internacional?”. Se ve que le dieron el desayuno al demagogo aquel con la pregunta de marras.

Hay quienes piensan, sobre todo en los rectorados de las mil y una universidades, que no está tan mal la educación superior en España. Sus criterios tendrán. Yo pienso que está mucho peor que lo que se dice, y no porque no aparezcamos en los rankings de Shanghái, que son literalmente un cuento chino, sino porque hay muy poco de lo que presumir… Desde luego, con esto no quiero echar más leña al fuego en la hoguera que ha encendido el ministro Wert, quien ciertamente ha laminado lo poco que destacaba, dejando a su paso a un erial. Pero hay que pensar seriamente, si bien pienso que ya no estamos a tiempo, que la quiebra del sistema universitario en España es de una profundidad extrema. Y es que no se cooptaron a los mejores a su debido tiempo, sino a los clientes de los clientes. Los mismos que cuando llegan a mandarines se consagran al conocido vicio español del clientelismo.

Los estudiantes tienen muchas razones para protestar y en una en la que no les va a faltar razón es que pagan mucho y reciben poco, poquísimo, a veces nada. Con lo cual los que pueden comienzan a abandonar lentamente nuestras aulas para hacer grados y posgrados en el exterior, más motivados que aquí, donde ministro tras ministro han apuntalado el pesebre las más de las veces ocultándolo con grandísimas palabras. Panorama nada halagüeño que me temo están pagando estas generaciones y lo sufrirán las futuras.

José M. Sanz, rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), indica que la institución que lidera está saneada y han ganado una reclamación que tenía que ver con el programa de inversiones 2008-2011 que se suspendió en septiembre de 2008. Aún así, aún mantienen diversas reclamaciones en vía judicial por varios conceptos.

José M. Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

1. ¿Qué opina de la opción del 3+2 del Ministerio de Educación?

Desde la CRUE y desde el propio Consejo de Estado se ha puesto de manifiesto que hoy no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para introducir, en este momento, esta opción.

Aún creyendo que puede tener aspectos de interés, su aplicación en las condiciones actuales introduce una gran confusión, costes sociales, académicos y administrativos que no están valorados.

Creemos que requiere un análisis previo y riguroso de sus efectos así como de un amplio consenso académico y político que lo sustente.

2. ¿Cree que sobran universidades en España?

El problema del sistema universitario español no es el número sino la homogeneidad de su oferta. Las universidades deben buscar su diferenciación y especialización, desarrollando aquellas áreas donde posean una mayor fortaleza. Cada universidad debe tener su singularidad, sus prioridades, sus fortalezas y sus propias señas de identidad. Se debería vincular la especialización con el desarrollo territorial, social, económico y político del entorno en el que se localizan las universidades, y garantizar los recursos suficientes para favorecer la movilidad universitaria y la igualdad de oportunidades. En la última década solo se han creado universidades privadas y son éstas las que siguen creciendo en número, lo que significa que la demanda para nuevas universidades existe.

Creo que no todas las universidades pueden ofrecer las mismas titulaciones; hay que buscar la diferenciación y tratar de crecer en aquello que se tiene más capacidad.

3. ¿Cuáles son los retos de futuro de la universidad española?

El sistema universitario español se enfrenta a un importante proceso de modernización e internacionalización que conlleva un profundo debate sobre su gobernanza, su sostenibilidad y financiación y una mayor integración e implicación con la sociedad. Realmente, nos encontramos en la peculiar situación en la que el diagnóstico sobre la necesidad de aplicar reformas estructurales en la universidad española es bastante clara y convergente, pero el diálogo, el consenso y los instrumentos para llevar a cabo esas reformas no llegan.

4. ¿Cómo nuestras universidades pueden ser más competitivas?

En general reclamamos autonomía y responsabilidad en igualdad de condiciones que el resto de instituciones de educación superior que constituyen la élite europea y mundial de las universidades. Demandamos un modelo de financiación flexible y estable, capaz de dar a la universidad la autonomía suficiente para cumplir objetivos sostenibles y consensuados con la sociedad.

Seremos más competitivos cuando alcancemos un consenso político serio sobre las reformas necesarias para su modernización e internacionalización con el objetivo de que la universidad pueda liderar el nuevo entorno social, educativo, económico y tecnológico que está emergiendo.

5. ¿Qué ha sido de los campus de Excelencia?

El Campus de Excelencia Internacional (CEI) es un gran proyecto que movilizó a todas las universidades a promover su especialización, internacionalización e integración con la sociedad. Tras un periodo de financiación los planes estratégicos se pudieron desarrollar con normalidad y después llegó la crisis y los recortes que dieron lugar a la ralentización de los proyectos que se habían puesto en marcha. Actualmente, los CEI se desarrollan en unas condiciones muy difíciles y se han paralizado muchos proyectos. A pesar de esto, el MECyD decidió continuar la evaluación con el fin de mantener o no la certificación y en nuestro caso, el proyecto Campus de Excelencia UAM+CSIC, se ha mantenido y seguimos creyendo en él.

Desconocemos cuáles son los planes del Ministerio con respecto a este programa. En cualquier caso la UAM seguirá, dentro de sus posibilidades, trabajando en él.

6. ¿Cómo va la deuda de la Comunidad con las universidades?

Hemos ganado una reclamación que tenía que ver con el programa de inversiones 2008-2011 que se suspendió en septiembre de 2008 cuando la universidad ya había realizado algunas de ellas. Otras reclamaciones están en espera de que de los tribunales emitan sentencia.

En nuestro caso, la Comunidad de Madrid ha abonado ya las primeras sentencias de los tribunales a favor de la UAM y aún mantenemos diversas reclamaciones en vía judicial por varios conceptos.

7. ¿Cree que Educación va a acometer más reformas en la universidad española?

Lo que demandamos es que se realicen las reformas educativas con el máximo acuerdo posible y la máxima participación de las comunidades educativas, los agentes sociales y los partidos, porque es lo que da estabilidad a las leyes y perspectivas de futuro. Aunque esta no ha sido la característica del actual Ministerio creo que en el tramo final de una legislatura resultaría muy difícil abordar reformas profundas del sistema universitario.

8. ¿Qué opina de la proliferación de universidades privadas?

Que pone en duda algunos de los proyectos académicos y científicos que hay detrás de alguna de ellas, especialmente las universidades on-line. Es necesario un proceso de evaluación y de seguimiento rigurosos por parte de las comunidades autónomas que las aprueban.

Formación: Licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Stuttgart.

Trayectoria: Catedrático de Física Aplicada. En 2009 fue elegido rector de la UAM, y tras su reelección en 2013 renovó la confianza de la comunidad universitaria. Autor de más de 150 publicaciones científicas en revistas internacionales.

Fuente: http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/6544246/03/15/La-universidad-debe-buscar-diferenciarse.html

La universidad catalana ha apostado por la equidad y el desarrollo sostenible en su organización

Artículo de opinión de Mónica Figueras, directora del Posgrado en Comunicación y Periodismo de Moda 3.0 del UPF-IDEC y vicerrectora de Responsabilidad Social y Promoción de la UPF

La universidades, para la mayor parte de la sociedad, son sinónimo de formación superior y de investigación. Pero, más allá de estas dos misiones, las universidades de nuestro entorno tienen cada vez más interiorizada y asumida una “tercera misión”, orientada hacia la transferencia y la valorización del conocimiento generado. Y en esta tercera misión tiene cabida la responsabilidad social, entendida como la aportación directa de los centros de educación superior y de investigación en el bienestar y desarrollo de la propia comunidad universitaria y, en general, de la sociedad a la que sirve. Es bajo esta premisa que entendemos que las universidades públicas deberían fundamentar buena parte de sus actuaciones.

El profesor François Vallaeys, señala que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) debe ser concebida como una política de calidad ética de la comunidad universitaria, llevada a cabo mediante la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad, con el objetivo de mejorar la academia y promover el desarrollo humano sostenible.

La RSU es una de las prioridades del actual equipo de gobierno de la UPF. Hace dos años se creó un programa con ese nombre que reúne diferentes unidades y servicios para trabajar de forma transversal. Con el mismo criterio se creó el vicerrectorado de responsabilidad social. Este compromiso tiene vocación de permanencia y queremos que forme parte de los valores y las actividades diarias de la institución.

Es en este sentido que se está trabajando para introducir líneas de investigación, conocimiento y competencias sobre responsabilidad social profesional, sobre perspectiva de género y sobre sostenibilidad, en las actividades docentes. Porque si bien es cierto que estamos formando futuros profesionales y directivos de organizaciones y empresas, líderes políticos y sociales, también lo es que estamos formando ciudadanos activos y con conciencia crítica, que puedan trabajar por la evolución hacia un modelo de desarrollo sostenible en un sentido amplio.

Asimismo, la UPF, como organización, está incorporando la responsabilidad social también al modelo de gestión para hacer este compromiso integral. Son ejemplos el nuevo modelo de gobernanza, que viene quiere más ágil y eficaz basado en la descentralización y la corresponsabilidad, o el establecimiento de un programa de ayudas propias a estudiantes con situaciones de dificultades económicas sobrevenidas, junto a las bonificaciones , becas y prácticas en la propia universidad; o el conjunto de mejoras acordadas con la parte social para avanzar en el bienestar de los trabajadores (plan piloto de teletrabajo, medidas para la conciliación vida laboral-familiar y planes de formación, entre otros).

El verdadero reto consiste, pues, a adoptar medidas, tanto en el mundo académico y docente, como en el funcionamiento de la organización, que permitan evaluar si estamos tan sólo en un marco conceptual y de declaraciones bienintencionadas o si estamos ante un verdadero compromiso con la equidad y el desarrollo sostenible para implicarnos en la mejora de la sociedad de la que formamos parte ya la que servimos, como universidad pública.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/tu-espacio-profesional/20150311/54428046072/responsabilidad-social-upf.html

Las universidades actuales habrán de agruparse según dimensiones como historia, propósitos, vínculos, logros en investigación y preocupación por la inclusión de jóvenes vulnerables.

por Ennio Vivaldi – 14/02/2015

DISCUTIR una nueva ley para la educación superior a 34 años de la promulgación de la Ley General de Universidades, invita a conversar sobre los valores y procedimientos con cuya impronta se quisiera caracterizar a la actividad universitaria y a la sociedad chilena. Si por fin se ha de modificar el sistema de universidades establecido en 1981, habrá que evaluar sus premisas, ejemplo extremo de imposición de una convicción ideológica, y sus resultados.

La deificación de la idea de instituciones y personas compitiendo en pos de su propia conveniencia, definió en 1981 un nuevo ordenamiento universitario. Una prevista gran expansión de la matrícula se ejecutaría a través de nuevas instituciones de educación superior que se constituirían en un mercado. Los jóvenes se concibieron como un contingente deseoso de invertir dinero en su educación con miras a un mejor estándar de vida posterior. Las universidades habrían de rivalizar por más y mejores alumnos, y la función docente -incluso en las universidades estatales- se pagaría con los aranceles cobrados a los estudiantes.

Así, las universidades estatales lo seguirían siendo sólo en el espíritu de sus propias comunidades, pues en sus interacciones financieras funcionarían como privadas. La miopía reduccionista no quiso ver la obvia multidimensionalidad de la vida universitaria y el peso de factores como tradición, historia, compromiso e identidad.

Hoy queremos discutir y concordar responsablemente una nueva legislación. Lo primero será definir qué es una universidad en términos de su tarea académica expresada en docencia de pre y postgrado, investigación, extensión y vinculación con la sociedad. Las universidades actuales habrán de agruparse según dimensiones tales como historia, propósitos, vínculos, dependencias, logros en investigación, génesis de gobernanza y preocupación por la inclusión de jóvenes vulnerables.

En todo el mundo, un grupo nítidamente definido es el de las universidades estatales, clave para el desarrollo social y económico de cualquier país, y con el deber de jugar un rol integrador, respetuoso de la diversidad y activamente incluyente. En todo el mundo son gratuitas o de arancel comparativamente bajo, preocupándose el Estado de manera prioritaria por su desarrollo. El Estado contribuirá también al financiamiento de las universidades privadas, conforme a los intereses de la nación. En investigación y docencia se habrá de continuar con concursos competitivos en que participen todas las universidades, a la vez que se fomentarán la interacción cooperativa entre ellas y la transdisciplinariedad. Muy especialmente, las universidades estatales deberán fortalecerse y articularse como un sistema interactivo en docencia, formación de postgrado, investigación y extensión. El Estado deberá comprometerse con inversiones de infraestructura y crecimiento de la matrícula.

La evaluación de calidad de las universidades habrá de compatibilizar la exigencia del carácter universal del conocimiento con su pertinencia a nuestra realidad nacional.

El acceso a la universidad deberá promover la inclusión de jóvenes vulnerables. Los datos de ingreso indican que la política universitaria impuesta en Chile en 1981, centrada en el individuo, falló en lo más fundamental de ese enfoque: otorgar a cada individuo una oportunidad real de desarrollarse. Eso debe corregirse. Pero también el momento actual nos demanda complementar ese enfoque con el de pertenencia a una sociedad cohesionada. Es el país entero el beneficiado por lo que ocurra con las universidades, por la calidad formativa y el compromiso social de sus egresados, por la pertinencia y productividad de la investigación que realizan, por el impacto cultural de sus tareas de extensión.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/2015/02/893-616781-9-inclusion-y-calidad.shtml