“La universidad tiene un compromiso social: gestar e irradiar nuevos saberes en su entorno”, señalan sus autores, Dr. Francisco Ganga y el Dr. (c) Juan Abello.

Este jueves 14 de abril se presentará en Osorno la publicación ‘Gobernanza Universitaria. Aportes desde una perspectiva Latinoamericana’. La obra reúne 26 trabajos, seleccionados por el Dr. Francisco Ganga y el Dr. (c) Juan Abello, elaborados y presentados por académicos/as de diferentes países de Iberoamérica en el marco de los dos Congresos sobre Gobernanza Universitaria desarrollados por la ULagos, y financiados por el programa FONDECYT regular n°1131134.

Los Doctores Ganga y Abello comentan en la introducción, “las universidades son instituciones altamente generadoras de conocimiento por su propia condición. No obstante, esta no debe constituir su única labor; precisamente por ser organizaciones comprometidas con la educación superior tienen, o deberían tener, un alto compromiso social: gestar e irradiar nuevos saberes en su entorno. Dentro de todas las funciones y actividades que asumen y promueven las universidades, su influencia en el progreso de las comunidades en las que están insertas es vital para el desarrollo social del espacio en que habitan, y tiene la gran responsabilidad de conformar y de transformar, a su vez, el medio que las rodea”.

Y agregan, “materializar nuestro empeño de que este segundo libro vea la luz nos alegra de sobremanera. Concretar este anhelo no hubiese sido posible sin el apoyo de todos los académicos presentes en esta publicación; también al Departamento de Ciencias del Desarrollo de la Universidad de Los Lagos y, especialmente, estamos agradecidos del soporte de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), que a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT), nos ha permitido comenzar esta nueva línea investigativa: la Gobernanza Universitaria”.

El libro será comentado por el ex Ministro de Agricultura y actual Rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, el ex Ministro Secretario General de Gobierno y Director de la Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior, José Joaquín Brunner.

La actividad se llevará a cabo el jueves 14 de abril, a las 15.00 hrs., en el Aula Magna Eugenio Matus Romo de la Universidad de Los Lagos.

SOBRE LOS COMPILADORES

Francisco Ganga es Administrador Público, Magíster en Administración de Empresas, Diploma de Estudios Avanzados en Organización de Empresas, Doctor en Administración de Empresas, y Postdoctorado en Ciencias Humanas. Fue Vicerrector de la Universidad de Los Lagos Campus Santiago (2010-marzo 2014). Es Director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO de la Universidad de Los Lagos.

Juan Abello es Doctor (c) en Ciencias de la Administración, DEA en Administración, y Magíster en Ciencias de la Administración. Fue Vicerrector Académico (2003-2006) y Vicerrector de Administración y Finanzas (2006-2009) de la Universidad de Los Lagos. Es Director del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la Universidad de Los Lagos.

Fuente: santiago.ulagos.cl

El libro avanza en comprender el enfoque de formación por competencias, tanto desde la mirada conceptual como práctica.

El Dr. Francisco Ganga, Director del Programa de Investigación sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional-PRIGO de la Universidad de Los Lagos, participó recientemente en la coordinación de la publicación internacional titulada “La formación por competencias en la Educación Superior: Alcances y limitaciones desde referentes de México, España y Chile”. En el libro, editado en México por Tirant lo Blanch, participan también como coordinadores el Dr. Oswaldo Leyva Cordero, el Dr. Abraham Hernández ambos académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), y el Dr. José Tejada Fernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

El Dr. Ganga participó además con dos artículos, a saber: ‘Enfoque por competencias en la Educación Superior: algunos fundamentos teóricos y empíricos’, el que fue trabajado junto al Dr. Adolfo González de la Universidad de La Frontera y la Mg. Claudia Smith de la Universidad Técnica del Estado; ‘Nuevos paradigmas en la educación superior chilena’, junto a los investigadores Mg. Claudia Valderrama de la Universidad de Antofagasta, el Dr. Jaime Rubina de la Universidad de Valparaíso, Mg. Mariol Virgilli Lillo de Universidad de Concepción, y el Profesor Juan Quiroz de la Universidad de Antofagasta.

El profesor Ganga manifestó su conformidad por los resultados de este trabajo conjunto, dado que según él, “fortalecen las redes internacionales de nuestra Universidad, y permiten demostrar empíricamente que sí es posible conectarse con grandes universidades de Iberoamérica como lo es la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lograr resultados concretos”, agradeciendo, a su vez, el apoyo decidido y entusiasta recibido del Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta prestigiosa casa de estudios, Dr. Gerardo Tamez González.

El libro fue prologado por Dr. Emilio Rodríguez-Ponce, quien señala, “La contribución del texto es clara, puesto que proporciona una perspectiva integradora del enfoque de formación por competencias en el campo de la educación superior. Además, esta contribución se hace con objetividad, sin sesgo cognitivo, dando clara cuenta de los alcances pero también de las limitaciones del enfoque analizado”.

Y agrega, “las experiencias mostradas, los resultados de las investigaciones realizadas constituyen un aporte notable, ya que los mismos proporcionan evidencia de la educación superior en Iberoamérica. Cuestión de alta relevancia, toda vez que la construcción y verificación de teoría en esta como en la mayoría de las materias se ha generado en países altamente desarrollados. La perspectiva Iberoamericana da al libro un valor idiosincrásico destacable”.

El Dr. Emilio Rodríguez-Ponce es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Dr. Rodríguez-Ponce fue Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, y ex Rector de la Universidad de Tarapacá.

El Dr. Ganga es Administrador Público, Magíster en Administración de Empresas, Diploma de Estudios Avanzados en Organización de Empresas, Doctor en Administración de Empresas, y Postdoctorado en Ciencias Humanas.

El Dr. Oswaldo Leyva Cordero, es académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en Política y Gestión Educativa, y Coordinador del Cuerpo Académico de Gestión y Políticas Públicas reconocido ante PROMEP de la Facultad de Ciencias Políticas.

El Dr. Abraham Hernández Paz, es académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en Política y Gestión Educativa, Integrante del Cuerpo Académico de Gestión y Políticas Públicas reconocido ante PROMEP y Subdirector de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.

El Dr. José Tejada Fernández, es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es especialista en evaluación, innovación y formación de formadores y docente e investigador universitario en estos campos, tanto en licenciatura, doctorados, masters y postgrados.

>. IMAGEN: Dr. Francisco Ganga, Director del Programa de Investigación Sobre Gobernanza e Inclusión Organizacional.

[+] http://docente.ulagos.cl/franciscoganga

Las carreras más afectas son las de la salud, como medicina y odontología, donde la diferencia entre el arancel que paga el Estado y el costo real supera los $2,5 millones al año por alumno vulnerable.

La regulación de precios en los aranceles que instauró el Ministerio de Educación con la gratuidad  en la educación superior les generará un millonario perjuicio a las casas de estudio.

Así lo revela un exclusivo estudio de la fundación Acción Educar, al que tuvo acceso “El Líbero”, que tras comparar los aranceles reales de las 2.621 carreras adscritas a la gratuidad, con el arancel regulado que pagará el Mineduc, detectó que el 38%  de las carreras les generarán millonarios déficit a las universidades.

Las carreras de la salud son las más afectadas

Las carreras más afectadas son las vinculadas al área de la salud, como medicina y odontología, con déficits anuales por alumno que llegarán a entre $2 millones y $2,5 millones en las universidades Finis Terrae, Diego Portales, Autónoma de Chile, de Chile y la Católica. (ver listado de las 50 carreras más afectadas al final)

Para el análisis se utilizó el arancel regulado por carrera especificado por el Ministerio de Educación más un 20%, de manera de generar el arancel estipulado en la glosa presupuestaria del 2016. Este valor se contrastó con el arancel real de dicha carrera más los derechos básicos de matrícula promedio (información también otorgada por el Ministerio de Educación, DBM_Promedio en la base de datos), explica el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa.

“La diferencia negativa resultante entre el Arancel regular +20% y el Arancel Real + los Derechos Básicos de Matrícula constituyen el déficit por alumno que presenta cada carrera. Es posible observar un superávit en algunos casos, pero atendido el tenor de la glosa presupuestaria en comento, en esos casos el exceso no se entrega a las instituciones sino que simplemente quedan sin déficit”, señala el estudio.

Las distorsiones de la gratuidad

Raúl Figueroa señala que la política de “gratuidad impulsada por el gobierno que se basa en la fijación de aranceles para las instituciones que adhieran a ella y respecto de un determinado grupo de alumnos conlleva una serie de riesgos como presupuestos deficitarios de las instituciones, alta dependencia de los recursos estatales y un condicionamiento del desarrollo y crecimiento de las universidades a esos factores. Estos riesgos se verán potenciados en la medida que la política de gratuidad se extienda a estudiantes de mayores ingresos”.

El especialista cuestiona, además, que el recorte de $50 mil millones que hará el Mineduc al programa de gratuidad por sobredimensionar en el presupuesto los estudiantes beneficiados, podría destinarse a las universidades: “Lo que demuestra, lamentablemente, que esa condición deficitaria en que quedan las instituciones no es una preocupación del gobierno”.

A su juicio, la fijación de precios  genera incentivos para no recibir a los alumnos vulnerables que les generen déficit, lo que llevaría, por tanto, a reducir las carreras más caras, vinculadas al área de la salud, por otras tradicionales de “tiza y pizarrón”.

“Las universidades perderán fuertes niveles de autonomía porque para adecuar sus presupuestos van a tener que tomar medidas que no serán de su preferencia, pero sí les permiten mantener ciertos equilibrios presupuestarios, y potenciar carreras que no son tan atractivas pero que, atenido a la fijación de precios, les mantiene los costos equilibrados. La fijación de precios baja la calidad  y genera sobreoferta en determinados servicios”, concluyó Raúl Figueroa.

Fuente: ellibero.cl

Se presentan los resultados de investigación Fondecyt sobre sistemas de gobierno de universidades Iberoamericanas.

Hoy Chile experimenta transformaciones en su sistema universitario. El Gobierno ha priorizado afianzar una política de gratuidad universal, la creación de dos nuevas universidades estatales (Aysén y O’Higgins), y de CFTs estatales en todas las regiones.

Estos cambios han dado pie a una serie de interrogantes sobre la institucionalidad necesaria para asegurar la calidad de la educación superior y el buen uso de los recursos públicos. Es, a su vez, pertinente consultarse por las relaciones que se establecen entre los rectores, sus equipos de colaboradores, y los integrantes de sus máximos cuerpos colegiados (MCC). Es decir, preguntarse cómo se ‘gobierna’ y/o ‘administra’ una universidad, considerando la diversidad de intereses, la asimetría de información, sus sistemas de compensación e incentivos, formas de generación de sus autoridades, y los mecanismos de control interno y externo, entre otros factores que se desprenden de las teorías organizacionales.

Investigadores de la Universidad de Los Lagos se propusieron responder a estas y otras preguntas, y analizar la percepción de expertos en educación superior de Iberoamérica respecto de cómo se dan las relaciones de agencia entre los equipos rectorales y los integrantes de los MCC en las universidades de Latinoamérica.

El estudio, denominado “Sistemas de Gobierno de las Universidades Iberoamericanas, un análisis desde la teoría de agencia”, contó con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) en su modalidad Regular 2013. La investigación tuvo por investigador principal al Dr. Francisco Ganga, y por co-investigador al Dr(c) Juan Abello, ambos del Departamento de Ciencias del Desarrollo de la citada universidad.

Entre sus objetivos la investigación se planteó aplicar la teoría de agencia y de los gobiernos corporativos al conjunto de los gobiernos de las universidades latinoamericanas, junto con contextualizar la realidad latinoamericana considerando los datos históricos más relevantes. Para ello se realizó una acuciosa revisión bibliográfica lo que devino en un análisis pormenorizado del concepto de gobernanza y una detallada descripción de la constitución de los gobiernos universitarios desde una perspectiva histórica.

La investigación, posibilitó recopilar 981 estatutos y 232 documentos complementarios que norman las formas como se gobiernan las universidades en Iberoamérica. A su vez, logró aplicar 854 encuestas a autoridades superiores, intermedias, profesores e investigadores de universidades estatales, privadas y confesionales de toda Latinoamérica. De su aplicación se pudo establecer, entre otros datos relevantes, que el 64% de los consultados perciben asimetrías de información entre el rector y los integrantes de los MCC; de estos, el 54% considera que esta asimetría es de un nivel alto. Ahora bien, al cruzar estas respuestas con el cargo del encuestado, se logró determinar que a mayor participación en las instancias de toma de decisión institucionales menor asimetría se percibía.

Otro antecedente que arrojó el instrumento dice relación con la efectiva divergencia de intereses que se evidencia en la relación entre el Rector y los integrantes de los MCC. Los encuestados consideran que la razón principal de ello se debe a la inexistencia de canales formales y eficientes de comunicación entre estos actores.

A la luz de estos antecedentes, para el Dr. Ganga “resulta absolutamente necesario fomentar la conformación de redes de investigadores que estudien los sistemas de gobierno de las universidades, en Latino e Iberoamérica, y con países de otros continentes. Esto permitirá hacer análisis comparados y generar nuevos conocimientos, los que aún son incipientes”.

Es asimismo necesario, según se describe en las conclusiones de la investigación, incorporar nuevas fórmulas para la generación de los máximos directivos, realizar esfuerzos para que las universidades se abran hacia grupos de interés externos e internos, corregir estatutariamente los potenciales conflictos de doble rol (cuando un máximo directivo dirige o lidera también el MCC), buscar fórmulas organizacionales y reglamentarias que disminuyan las brechas informativas, y avanzar en decisiones estratégicas y tácticas que posibiliten una mayor convergencia ente quienes ocupan los máximos cargos directivos y los integrantes de los MCC. En síntesis, proponer nuevos estándares de buen gobierno universitario. Cuestión que hoy en día resulta más que necesario a la luz de las transformaciones en ciernes de nuestras universidades, y la exigencia pública por su modernización, eficiencia, participación y orientación hacia sus territorios y comunidades.

IMAGEN: Equipo de investigación FONDECYT/REGULAR N°1131134 / De izq. a der: Dr. Francisco Ganga Contreras, Dr (C) Juan Abello Romero, Alexis Calderón San Juan, Dr (C) Juan Luis Quiroz Castillo, Carolina Alt Álvarez, Dra. Wendolin Suárez Amaya, Luis Andrade, Patricio Viancos González.

Planteles estatales y autoridades del Ministerio de Educación se reunieron ayer en Pucón. Representantes de universidades criticaron cambio en exigencias de acreditación.

Sorpresa causó en el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) una nueva propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) respecto a la acreditación y la calidad que se exigirá a las instituciones de educación superior en la futura reforma. Según los rectores, en la reunión que sostuvieron ayer en Pucón con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup), Francisco Martínez, y el asesor Rodrigo González, se les planteó que se considera una fórmula de niveles de acreditación donde sería voluntario el paso a posiciones más exigentes.

Esto fue visto por las autoridades universitarias como una flexibilidad que mermaría la calidad de las instituciones. El rector de la U. de Chile y presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, afirmó que “con esta fórmula, puedes optar o no a ser una universidad de excelencia y uno lo puede ver como una forma que facilite un buen pasar a universidades privadas que no tienen ningún interés en hacer investigación y mejorar su calidad, sino que lo que quieren es seguir ahí, que no las molesten y seguir cobrando plata”.

Hasta enero la propuesta que habían conocido los rectores de las Ues. estatales consistía en cuatro niveles de acreditación, de acuerdo a sus resultados y que obligaba a la institución a ser monitoriada constantemente de acuerdo a su grado de calidad. Sin embargo, según indicaron, en la reunión de ayer se les mostró una nueva alternativa, donde un plantel podía cumplir con lo básico, pasar a un nivel satisfactorio o llegar a ser de excelencia según su propia voluntad.

La rectora de la U. de Aysén, Roxana Pey, sostuvo que “no creo que sea la propuesta definitiva, supongo que va a ser revisado porque hubo muchas observaciones al respecto y desde mi perspectiva sería un error muy grande”.

En tanto el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, planteó que “esta propuesta es ambigua y esa ambigüedad puede consistir en que finalmente haya un segmento de la educación superior que no tenga necesariamente la obligación de acreditar su calidad y nosotros creemos que esa debe ser una condición de existencia de toda institución que imparta educación”. Además dijo que “esperamos que el ministerio no revise, además, definiciones que ya se habían hecho antes”.

Mientras, el rector de la U. de Antofagasta y vicepresidente de las Ues. estatales, Luis Loyola, advirtió que “hubo un cambio que nos llamó la atención, ya había un acuerdo en materia de los niveles de acreditación y hoy (ayer) nos encontramos con un cambio, la calidad voluntaria no nos parece y el aseguramiento de la calidad es algo fundamental para ir mostrando a los estudiantes cómo funciona una universidad”.

El jefe de la Divesup, Francisco Martínez, explicó que “la acreditación siempre se ha planteado obligatoria, desde el primer momento y se va a mantener así”. Y dijo que “hay una discusión, un análisis de cuál es la mejor forma de establecer los niveles de calidad, pero está la idea de que haya una transparencia mostrando con qué grado de calidad están logrando sus propios proyectos educativos”.

Martínez agregó que “la idea es que haya una gradualidad en la forma en que se acreditan las instituciones”.

Fuente: latercera.com

Investigadores de la Universidad de Los Lagos se adjudican dos proyectos Fondecyt 2016 como entidad responsable. Se trata de los doctores Francisco Ganga, Juan Abello, Claudio Mancilla, y Roberto Quevedo.

Destacan además siete investigadores/as que se adjudicaron 6 proyectos Fondecyt 2016, actuando la Universidad de Los Lagos como institución secundaria, a saber: Gonzalo Delamaza, Eduardo Thayer, Carolina Camus, José Luis Muñoz, Claudio Mancilla, Claudio Rosales y Renato Martínez.

ULAGOS ENTIDAD RESPONSABLE

Los proyectos de investigación que contarán con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), presentados por la ULagos como entidad responsable, son:

“Formas de gobierno y modelos de valoración del desempeño universitario en Iberoamérica: Un estudio bajo un enfoque organizacional multi-teórico”, del investigador del Departamento de Ciencias del Desarrollo, el Dr. Francisco Ganga. El estudio cuenta con el apoyo del académico del Departamento de Ciencias del Desarrollo, Juan Abello, y del académico del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, Claudio Mancilla.

Asimismo, “Prediction of the shelf life of frozen foods such as seafood and fruit pulp by using accelerated tests”, investigación propuesta por el académico del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, el Dr. Roberto Quevedo.

ULAGOS ENTIDAD SECUNDARIA

Los proyectos de investigación beneficiados son los siguientes:

>. “Inclusión y procesos de escolarización en niños, niñas y adolescentes migrantes que asisten a establecimientos de educación básica”, Dante Castillo (PIIE); Eduardo Thayer (CEDER ULagos).

>. “Balance between historical demography, population connectivity and local adaptation in shaping the distribution along a latitudinal gradient of a cosmopolitan species, the kelp Macrocystis pyrifera”, Sylvain Faugeron (PUC); Carolina Camus (Depto. RRNN ULagos).

>. “Transmission of P. salmonis and Francisella sp from farmed salmon to native fish species and vice-versa: Possible new routes of spreading high risk pathogens for aquaculture”, Luis Vargas (UACH); José Luis Muñoz (IMAR ULagos).

>. “¿Regiones commodity? Examinando las transformaciones territoriales de 40 años del modelo exportador. Comparando las experiencias de las regiones de Antofagasta (minería) y Los Lagos (salmonicultura)”; Beatriz Bustos (UChile); Gonzalo Delamaza (CEDER ULagos).

>. “La vocación productiva, especialización laboral, el nivel educativo y la funcionalidad del centro emisor y receptor como factores explicativos de la conmutación inter e intrarregional en la Región de los Andes australes de la Patagonia chilena”, Sergio Soza Amigo (UMAG); Claudio Mancilla (Depto. Ciencias Administrativas y Económicas ULagos); Claudio Rosales (Depto. Ciencias Sociales ULagos).

>. “Prácticas docentes para regular el ambiente educativo implementadas en carreras de la salud de Chile”, Christian Pérez (UDEC); Renato Martínez.

QUÉ ES FONDECYT?

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), tiene por objetivo estimular y promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, y es el principal fondo de este tipo en el país. Creado en 1981, ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general.

El documento será entregado el próximo jueves a la Presidenta Michelle Bachelet a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

La rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey Tumanoff, entregó hoy detalles sobre del Estatuto del plantel que será entregado este jueves a la Presidenta Michelle Bachelet a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Tras esto, la mandataria deberá entregar su consideración, revisión y ajustes para culminar con su promulgación antes de septiembre.

A través de una columna de opinión publicada en el diario local El Divisadero, la autoridad académica explica que “la Universidad de Aysén es definida como una institución estatal, con carácter de organismo social, que se constituye por una comunidad universitaria conformada por académicos, estudiantes y personal de colaboración, reconociendo las especificidades respectivas de cada estamento, articulada con la sociedad de la Región de Aysén”.

“Esta comunidad universitaria, como el cuerpo dinámico de la universidad, es la fuente primaria de todas sus funciones, que se relacionan con el cultivo y desarrollo de los saberes, su generación y transmisión, en un contexto histórico y con inscripción social. El mismo carácter comunitario define la relación entre la universidad y la sociedad”, agrega.

“La Universidad de Aysén es un espacio en que la sociedad, en particular la regional, se representa, se refleja y se proyecta en la reflexión y el pensamiento mediante una comunidad en ejercicio constante de su capacidad deliberante. Y es en esta capacidad deliberante que se funda su autonomía, su vocación de servicio y es ella la que determina su estructura de gobierno”, indica.

Para tales efectos, el gobierno de la Universidad de Aysén es ejercido por su más alta autoridad, en la figura de su Rector o Rectora, y por sus cuatro órganos colegiados, relacionados y articulados entre sí:

–Consejo Superior, que se ocupa de la determinación y ejecución de las tareas y acciones y tiene la responsabilidad ejecutiva de la institución;

–Senado Universitario, que se ocupa de los propósitos históricos, las estrategias de desarrollo y la formulación de normas y políticas;

–Consejo Evaluativo para el Aseguramiento de la Calidad, que de forma permanente aborda la evaluación de los resultados y de las acciones;

–Consejo Social, que resguarda la pertinencia y compromiso con su contexto histórico y social.

“Las dimensiones explicadas más arriba de pertinencia social, comunidad participativa, gobierno articulado y estructura integradora, son inseparables entre sí en el articulado coherente que conforma el Estatuto y en conjunto constituyen lo que se comprende como Calidad de la Universidad de Aysén”, destaca Roxana Pey.

La rectora ya había dado luces en febrero de cuál es el objetivo de tener en el gobierno universitario un Consejo Social: “Proyectamos un campus sin muros ni rejas, pensamos en una institución estructuralmente más abierta. Y esta forma estable de relación la hemos denominado Consejo Social, uno de los órganos colegiados que operará junto a los Consejos Universitario, Normativo y Evaluador”.

La creación de este Consejo Social toma relevancia en el marco de la discusión por la Reforma a la Educación Superior, teniendo presente que el Mineduc indicó que el piso mínimo a la hora de legislar en materia de democratización y extensión de las instituciones estará dado por la actual institucionalidad de la universidades estatales del país.

“Creemos que lo más interesante de la existencia del Consejo Social es que nos forzará a revisar permanentemente nuestros resultados a fin de que sean un real aporte a la región, pues este órgano conocerá periódicamente las conclusiones de las evaluaciones internas de procesos, proyectos de investigación básica y aplicada, acceso de los estudiantes, indicadores diversos, progresión y logros de aprendizaje y, más adelante, desempeño de los graduados. Podrá también proponer proyectos y ajustes en el horizonte de corto, mediano y largo plazo, teniendo presentes los planes y estrategias de desarrollo de la región”, dijo la autoridad académica.

“Esta es una figura novedosa para el mundo universitario, poco explorado, pero que creemos marcará una diferencia en el tipo de vínculo que tendrá la Universidad de Aysén con la comunidad regional”, concluyó.

Fuente: elmostrador.cl

Los jóvenes universitarios de nuestro país cuentan con varias plazas en los principales órganos colegiados de la universidad y en algunos centros disponen de una institución fuerte de representación estudiantil como es la Delegación de Alumnos. Entre otras decisiones tienen influencia en la elección del rector y la organización docente.

Los universitarios son una pieza clave en la universidad. Tienen voz y voto en las elecciones al rector, participan como miembros del claustro universitario, intervienen en los presupuestos, proponen reformas, evalúan la calidad del profesorado y protegen sus derechos a través del Defensor universitario. A pesar de ello no cuentan con todo el poder que les gustaría. “En las estructuras de gobierno cuentan con una participación de un máximo de un 25% pero en una medida muy inferior respecto al peso real que tienen en la universidad”, explica Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y antiguo estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alcalá de Henares.

¿Qué más se puede hacer?

Las asociaciones universitarias y organizaciones como la CREUP creen que en los últimos años los jóvenes han dado pasos importantes y cada vez tienen más peso en las decisiones de la universidad pero exigen todavía más. “La participación de la comunidad universitaria debe tenerse en cuenta en todas las políticas de la universidad”, afirma Cereijo. De este modo defienden que los alumnos podrían participar más y mejor en todas las decisiones, sobre todo, en la selección del profesorado, el diseño de las asignaturas, los planes de estudio y el sistema de evaluación y aprendizaje.

Si miramos fuera de nuestras fronteras, existen muchos ejemplos de cómo se implican los jóvenes en la universidad. “Principalmente en la cultura universitaria nórdica o británica el papel de los estudiantes es absolutamente relevante y se le da apoyo, recursos y protección”, explica. Otro ejemplo interesante es la Universidad del Rosario en Colombia, donde el cuerpo electoral que elige al Rector está formado exclusivamente por estudiantes.

Un obstáculo que tienen en la actualidad los estudiantes para consolidar su poder de decisión en el campus es el plan Bolonia. “Es necesario un esfuerzo mayor de las instituciones por mejorar la conciliación de la vida académica con la representación estudiantil ya que la mala aplicación de Bolonia en nuestro país está hundiendo la participación estudiantil universitaria cuando, paradójicamente, en el resto de Europa está viviendo un momento de esplendor”, afirma el responsable de la CREUP.

En cuanto al asociacionismo estudiantil, según Cereijo, “malvive” con escasos recursos y apoyo, sumado a una nula estrategia para facilitar la conciliación de la vida académica y las labores que los representantes estudiantiles ejercen en sus universidades. Esto hace que, en estos momentos, el ejercicio de la representación y participación estudiantil sea cada vez más difícil.

En relación a la participación en los presupuestos, hace dos semanas se ha producido una gesta universitaria. La Universidad Complutense de Madrid anunció el 18 de febrero que sus presupuestos en sostenibilidad ambiental van a ser participativos. De este modo la comunidad universitaria podrá proponer, debatir y decidir el destino de una partida del presupuesto de 2016.

Se trata de una iniciativa pionera e innovadora en el ámbito de la gestión y el gobierno universitario, que pretende promover la implicación del personal de administración y servicios, estudiantes y profesores en la gestión de los asuntos comunes y en la mejora de la Universidad. Supone también una apuesta institucional por la conservación del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos.

A pesar de la novedad de esta iniciativa, Luis Cereijo denuncia que “mentiríamos si dijéramos que hay una participación real del colectivo estudiantil en la confección de los presupuestos universitarios. En este tema, como muchos otros, no se tiene en cuenta lo suficiente al mayor colectivo de la universidad”.

Los ‘cabecillas’ del campus

Aunque en la mayoría de las universidades el cargo más alto que puede tener un estudiante es ser Delegado de Alumnos o, en el caso de que no exista este puesto, representante de los estudiantes en el Consejo Social, hay centros que contemplan nombramientos de estudiantes como Delegados del Rector o, incluso, Vicedecanos de centros o cargos homólogos. Lo que no permite la actual Ley Orgánica de Universidades es que un universitario llegue a ser rector o vicerrector, en su caso.

El delegado de alumnos es clave en la detección temprana de los problemas del día a día de la universidad y la propuesta de soluciones. “Pero su utilidad depende mucho de la importancia que la universidad y sus docentes quieran darle. No somos enemigos, como muchas veces se nos ve, sino aliados en la mejora de nuestros campus”, apunta Cereijo.

“Si la representación de los estudiantes se ejerce con responsabilidad, mesura y respeto a las partes, realmente se consigue participar en todas las decisiones y llegar a influir en ellas, como ocurre en la UPM”, explica Rafael Álvarez Sanz, antiguo delegado de alumnos y Consejero de Gobierno y Consejero Social de la Politécnica con tan solo 23 años.

Según el antiguo delegado, que actualmente estudia su primer año de máster en Ingeniería Industrial, “los alumnos pueden llegar a tomar decisiones de todo tipo y a cualquier nivel, lo que ocurre es que el universitario apenas tiene conciencia de este poder y algunos no son conscientes de que tenemos varias plazas en los principales órganos colegiados de la universidad”. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno de la UPM, que es máximo órgano colegiado de gobierno del campus, cuenta con siete estudiantes; y el Claustro Universitario cuenta con 70. “Con un tono constructivo nuestra voz puede formar parte de cualquier decisión universitaria”, afirma Álvarez Sanz.

Otra figura importante en el campus es el Defensor universitario, presente oficialmente en nuestro país desde 2001. Entre otras funciones, protege los derechos de los estudiantes y atiende consultas y quejas relacionadas con la evaluación y los exámenes, los trabajos de curso, la permanencia en la universidad, las ayudas y becas, traslados de expediente, acoso, prácticas externas, trámites administrativos, matrículas y preinscripciones, el programa Erasmus, etc.

En el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, “la Oficina del defensor cuenta con una comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor universitario que conforman dos estudiantes, dos PDI y dos PAS”, explica su responsable José Antonio Moreiro González, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia en este centro.

Fuente: expansion.com

Entre los temas de discusión universitaria uno de los argumentos de la derecha que ofenden la inteligencia de los chilenos es aquél que pretende demostrar que la verdadera multiplicidad y diferencia se encuentra en las universidades privadas y no en las públicas. Estas últimas se presentarían falsamente como lugares de diversidad, cuando en realidad no existe en ellas lo que muestran las privadas: diversidad de intenciones educativas, planes de estudio diferentes, propósitos formadores y definiciones de misión que las caracterizan, etc.

Así, las universidades públicas serían una oferta educativa entre otras y no deberían presentarse como lugares exclusivos de la multiplicidad de ideas y propósitos.

La falacia que hay en esta argumentación es tan obvia que da vergüenza explicarla, pero como este tipo de tonterías circulan en los medios y son esgrimidas públicamente como argumentos se hace necesario abordarla.

Digamos en primer lugar que la diversidad y la multiplicidad que caracteriza a las universidades públicas está dentro de ellas, corresponde a su intención laica de no difundir una sola creencia o una sola respuesta a las preguntas de la ciencia y la filosofía, sino de permanecer abiertas a todas ellas, en la medida en que representen tendencias de reflexión que puedan ser consideradas  seriamente por la academia.

Por el contrario, la multiplicidad existente entre las universidades privadas existe fuera de ellas, no dentro, pues si bien son muchas y de muchas tendencias, en cada una de ellas hay una sola que rige su organización. Todas las universidades católicas, por ejemplo, tienen una vocación proselitista que explica su misión y no  difunden ideas o creencias que sean contrarias a su credo. Por lo tanto, en la mayoría de las universidades privadas, en particular en todas las que no se declaran laicas, hay una determinada tendencia que rige su propósito educativo.

Y esta multiplicidad externa de las universidades privadas no es positiva, pues contiene elementos que pueden llegar a ser hasta peligrosos, en la medida en que solo pocas de ellas tienen en cuenta lo que nos une como sociedad,  y no lo que nos divide.

En efecto, todas las creencias tienen un límite en la creencia de los que no la comparten. Las creencias separan a los hombres, no los unen. Por eso se inventó una forma de consolidar lo común a todos a través de la educación pública, por medio de una educación que solo el Estado puede asegurar en la medida en que por definición su misión es representar a todos los ciudadanos y no a una parte de ellos, por numerosos que estos sean. Esta dirección de pensamiento es precisamente lo que definimos como “laicidad”.

Las universidades públicas son laicas, esto es, son propiedad de todos, pero además, están organizadas con el propósito de que en su enseñanza están representados todos, son el espacio abierto para que todos los ciudadanos se encuentren a sí mismos, superando las vallas políticas, ideológicas, o religiosas que en otras instancias podrían separarlos.

Lo público es el lugar de lo común, de la unidad, de lo que representa a todos porque es de interés de todos. Por eso son lugares de diversidad. Lo privado, en cambio,  es lo que cada cual piensa para sí mismo y para los que tienen afinidad con él. Aunque existan muchos de estos lugares, cada uno de ellos es un lugar de exclusión.                              

La laicidad no es una postura que se ubique frente a otras en el mismo plano que ellas. La laicidad surge precisamente para solucionar el problema de la diversidad excluyente de las diferentes tendencias religiosas o políticas. Por eso es un posicionamiento que se ubica por encima de estas oposiciones para demostrar que existe una vía en la que todos pueden alcanzar legitimidad sin renunciar a lo propio.

No se puede oponer una creencia religiosa o una definición política a un pensamiento laico, porque este último los incluye dentro de sí. Cuando me ubico en una postura laica, no niego ninguna definición de otro, sino que le abro paso a que exista con legitimidad. Por eso, las universidades estatales son laicas y por eso son las únicas que aseguran verdaderamente la libertad de creencia, de investigación y de creación.

Lamentablemente, en Chile hace tiempo que venimos siendo testigos del desmantelamiento del Estado, transformado ahora en un mero instrumento de administración del poder, y en el cual todo pensamiento ha sido descartado.

Una máquina sin ideas propias, la que ya no asegura la unidad de la nación, la preservación de lo común, la protección de todas las ideas y de todas las creencias.Ahora todo está entregado a la competencia, a la oposición de unos contra otros y eso es lo que en definitiva representa la multiplicación de las universidades privadas, el medio en que cada cual por su lado pretende preservar lo suyo.

Y lo que clama al cielo es que en este propósito se le exija a este Estado, que ha dejado durante años a sus universidades en el abandono, que está ahora desprovisto de todas las ideas que sustentan su origen, que no solo les permita existir, sino que además, las financie.

Fuente: cooperativa.cl
Imagen: americaeconomia.com

El proyecto de ley de educación superior es un documento mal preparado y redactado sin suficiente estudio de las materias que aborda. Es débil en su fondo y confuso en la forma.

Mientras aún permanece abierta la discusión sobre el financiamiento de la gratuidad introducida por el Gobierno mediante una improvisada y mal diseñada glosa presupuestaria, los medios de comunicación y los miembros de la comunidad académica hemos conocido un borrador del proyecto de ley que reforma las bases del sistema de educación superior (ES).

Lo sorprendente del caso es que ese proyecto, próximo a ser enviado al Congreso Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Presidenta Bachelet, es un documento igualmente mal preparado y redactado sin suficiente estudio y conocimiento de las materias que aborda. Es débil en su fondo, confuso en la forma, engorroso y mal ensamblado.

Por lo pronto, reúne esbozos desigualmente elaborados de varias leyes en un solo texto, sin mayor lógica ni coherencia interna. Aún así, alcanza a más de 170 artículos permanentes y 40 transitorios, redactados desordenadamente en 80 páginas, faltando todavía el mensaje con los fundamentos conceptuales de esta iniciativa legal.

En tiempos normales y en condiciones de mayor seriedad y rigor, las materias cubiertas por esta iniciativa sin duda darían lugar a varios proyectos separados. Ello contribuiría a una efectiva deliberación pública y a una racionalización legislativa más adecuada de los diversos asuntos. No se entiende por qué el Gobierno optó por este otro camino. Como sea, no contribuye a fortalecer el debate intelectual.

Por ahora la iniciativa legal incluye asuntos tan diversos como: (i) la creación de una Subsecretaría de Educación Superior (ES), órgano encargado de dirigir, coordinar y controlar este sistema; (ii) el establecimiento de un sistema de financiamiento público de la ES referido a la gratuidad, la docencia de pregrado, los aranceles regulados, los aportes basales para instituciones estatales y privadas y el régimen de créditos estudiantiles; (iii) la formación de una red de instituciones de ES estatales receptora preferente de recursos fiscales; (iv) la propuesta de un marco nacional de cualificaciones; (v) el control de las vacantes ofrecidas por el sistema; (vi) la organización de una agencia de calidad (servicio público no independiente) y de los procedimientos para evaluar instituciones y programas, junto con producir una clasificación ( ranking oficial) de las instituciones en cuatro niveles jerárquicos de solidez y calidad; (vii) la institución de una Superintendencia de ES que vele por el correcto uso de los recursos y disponga sanciones para las entidades infractoras; (viii) obligaciones de transparencia e información.

Dado el exceso de materias tratadas, varias aparecen apenas insinuadas, entregándose el desarrollo de la legislación a unos reglamentos que en número de veinte (¡qué tal!) debería dictar el Mineduc. Esta técnica político-legislativa es justificadamente criticada pues inhibe una discusión acabada de los asuntos, al tiempo que impone una agenda de negociaciones que el propio Gobierno luego no es capaz de conducir.

En cuanto a la filosofía inspiradora del proyecto, ella se aparta de las tradiciones de autonomía, pluralismo de proyectos institucionales, coordinación abierta y provisión y financiamiento mixtos que caracterizan el desenvolvimiento de nuestra ES. Por el contrario, el proyecto revela intensa desconfianza en las instituciones y busca limitar de diversas maneras su autonomía de dirección estratégica, académica, de gestión y financiamiento.

Particular sospecha exterioriza frente a las instituciones privadas de ES, cuyo ámbito de acción autónoma y sentido de misión o identidad se verían limitados por todos lados de aprobarse esta legislación. Similar desconfianza exhibe el texto frente a la libertad de elección de los estudiantes ajenos a las instituciones del CRUCh, lo cual conlleva el riesgo de discriminaciones arbitrarias como aquellas que el Tribunal Constitucional acaba de objetar.

En el mediano plazo parece apuntar hacia la completa supresión de las becas y créditos estudiantiles, desechando la experiencia acumulada por la ES chilena en este ámbito y contrariando la tendencia internacional que se orienta precisamente hacia allá.

En fin, predomina en el proyecto gubernamental un espíritu de control burocrático-político de la ES, el deseo de poner en una jaula de hierro al régimen mixto de provisión, de disciplinar minuciosamente a las instituciones de ES, de hacerlas depender de la sola voluntad del poder financiador del Gobierno y de sujetarlas a una malla de reglas e inspecciones que buscan estandarizar sus actividades y crear un orden funcionario en torno de ellas. ¡Nada más a contramano de lo que deberíamos hacer!

Poco realmente efectivo hay, en cambio, a favor de la calidad, la innovación, el fortalecimiento de las ciencias y la tecnología y la educación técnico-profesional.

Bien sabido es que la ES funciona creativamente y contribuye al desarrollo económico social y a la cultura de las naciones solamente si acaso se desenvuelve en un orden de libertades. Un orden, por tanto, que reconoce a las instituciones su autonomía y la pluralidad de sus proyectos, confía en sus capacidades de autogobernarse y gestionar sus asuntos, y les proporciona un medio ambiente de políticas y regulaciones estables y consecuentes con esos valores y aspiraciones.

Particularmente un régimen mixto como el chileno -de provisión y financiamiento público-privado- necesita una relación entre la ES y el Estado alineada con el bien público, las libertades del espíritu y la autonomía de las organizaciones culturales.

Es frustrante tener que concluir, una vez más, que el Gobierno y su tecnocracia parecen no reconocer esa necesidad.